# taz.de -- 50 años del Golpe de Estado en Chile: Un pasado que no se va
> Represión, impunidad y un proceso constituyente fallido – Chile se
> enfrenta a la incertidumbre y a las continuidades y herencias de su
> pasado.
(IMG) Bild: El presidente Boric con militares durante la ceremonia de Juramento de la Bandera, 9 de julio
El programa del presidente [1][Gabriel Boric], electo en diciembre de 2021,
prometía abordar los problemas de seguridad y orden público garantizando,
al mismo tiempo, los derechos de las personas. Para ello contemplaba una
serie de medidas, entre otras, la derogación o modificación de normas
represivas, y el término del estado de excepción de Emergencia y de la
militarización en la región de la Araucanía y las provincias de Biobío y
Arauco, en el sur del país, habitadas por numerosas comunidades mapuche.
La refundación de Carabineros, un cuerpo de policía nacional militarizada,
fue uno de los objetivos priorizados debido a los graves actos de
corrupción y masiva malversación de recursos públicos detectados en esta
institución en 2017, y de su responsabilidad en numerosos y graves casos de
violaciones a los derechos humanos, en particular contra miembros del
[2][pueblo mapuche], y contra miles de [3][manifestantes] durante la
revuelta social que estalló en octubre de 2019 y se prolongó con distintas
intensidades, durante cinco meses.
Considerando ese diagnóstico no dejan de sorprender las elogiosas
declaraciones del coronel Sigurd Jager de la BKA sobre Carabineros cuando
manifestó tener “una impresión muy positiva de esta organización, muy
estructurada, capacitada, muy profesional en múltiples ámbitos“, con
ocasión de un seminario sobre crimen organizado, tráfico de drogas y
delitos cibernéticos, realizado en Chile en enero de 2022, en el marco del
convenio de colaboración suscrito con Alemania durante el anterior gobierno
de derecha de Sebastián Piñera, renovado en mayo de este año.
## ¿Más de lo mismo?
Transcurrido un año de gobierno, el balance no muestra avances en la
dirección prometida. El objetivo de refundación de Carabineros fue
reemplazado por el de una “reforma“, y en la práctica, el énfasis ha estado
puesto en el fortalecimiento de esta institución antes que en su
transformación. De hecho, gran parte del abultado presupuesto 2023 en
materia de orden y seguridad —un 4,4% más que el año anterior— fue
destinado a Carabineros.
La reciente promulgación de la ley de “legítima defensa privilegiada“ o de
“gatillo fácil“ fue leída como un respaldo incondicional a Carabineros, al
otorgarles una virtual inmunidad ante la justicia. Por esta razón, concitó
un amplio rechazo de organizaciones de derechos humanos y de abogados,
juristas y criminólogos.
Este cuerpo legal modifica varias normas existentes y consagra la
desigualdad ante la ley ya que, por una parte, aumenta las penas para los
imputados que agredan a los miembros de las fuerzas armadas y policiales y,
por otra, establece que “se presume el uso racional de las armas a
disposición por parte de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería
durante el ejercicio de sus funciones“; y en los casos en que existan
pruebas de un uso excesivo de la fuerza, las penas podrán ser rebajadas
hasta en tres grados. Esa impunidad institucionalizada tiene una estrecha
relación con aquella que ha beneficiado a los responsables de violaciones a
los derechos humanos en dictadura.
En el trabajo legislativo hay también un numeroso grupo de proyectos en
materia de seguridad y orden público que el gobierno y la oposición de
derecha acordaron priorizar para ser promulgados antes de fin de año. Son
31 iniciativas que, entre otros objetivos, contemplan entregar más
atribuciones a Carabineros, crear el Ministerio de Seguridad Pública y
fortalecer el Sistema de inteligencia del Estado, establecer mayores
exigencias a las personas imputadas para obtener la libertad condicional,
simplificar los procedimientos para la construcción de cárceles, y aumentar
las sanciones al delito de usurpación en casos de ocupaciones ilegales de
terrenos.
A las iniciativas anteriores se suma la prórroga reiterada del [4][estado
de excepción en la zona mapuche], aprobada por el Congreso a solicitud del
presidente, quien, pese a haberse negado en el pasado a calificar de
“terrorista“ el accionar armado de grupos mapuche, meses después de asumir
el gobierno afirmó públicamente la existencia de “acciones de carácter
terrorista“, justificando así la continuidad de la situación de excepción.
Ahora, sectores de la oposición presionan por la adopción de medidas
similares, incluyendo una mayor presencia de las fuerzas armadas en las
regiones vecinas, y en la fronteriza zona norte, punto de ingreso de un
importante flujo migratorio.
En este contexto, es preocupante lo informado recientemente por El Mercurio
—diario favorito de la elite chilena— sobre la operación conjunta en el
país de 1700 efectivos de tropas especiales de Chile, EE.UU. y España. El
ejercicio simulaba una misión ordenada por la ONU para “imponer la paz en
un Estado convulsionado por una fuerza insurgente que ha generado una
crisis interna y una escalada de violencia (…) y para que vuelva a regir el
Estado democrático“. El teatro de operaciones definido se extendía entre
Antofagasta y Magallanes, esto es prácticamente todo el territorio
nacional.
En un país que durante 17 años fue escenario del terrorismo de Estado,
inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional y las políticas
contrainsurgentes ensayadas por el colonialismo francés en Argelia, es
inevitable relacionar este tipo de discurso y demostraciones con ese
periodo de la historia de Chile, sin embargo el hecho no ha sido explicado
por las autoridades civiles.
Así, hasta ahora, el conjunto de estas medidas y políticas no se distingue
tanto de las implementadas por gobiernos anteriores, y la pregunta que esta
constatación plantea es ¿cuáles son las condiciones que han hecho posible
esas continuidades?
## Renuncia y desplazamiento al centro
Las explicaciones son múltiples y en torno a ellas sigue habiendo un
intenso debate. De un modo muy grueso se puede afirmar que, al menos, hay
dos ámbitos a considerar: uno político institucional, y otro relativo al
comportamiento social. Sobre el primero, hoy es determinante la correlación
de fuerzas en el Congreso que puede impedir cualquier reforma sustantiva.
Aún más desventajosa es la composición del [5][Consejo encargado de la
redacción de un segundo texto constitucional] —después del rechazo
abrumador del primero—, donde la derecha junto a la ultraderecha cuentan
con una mayoría absoluta, lo que obliga a pensar que el resultado puede ser
peor que la Constitución actual, diseñada en dictadura.
Este no era el escenario previsto por una coalición que, además, ha
demostrado carecer de suficientes cuadros políticos con experiencia en la
gestión gubernamental, y no cuenta con un proyecto político consistente y
viable. Estos factores la empujaron a una temprana alianza de gobierno con
parte del conglomerado que condujo la transición en la postdictadura,
proceso que había sido objeto reiterado de sus críticas pero que sus
representantes, partiendo por Boric, han terminado valorando. Este pacto
implicó una renuncia y un desplazamiento hacia el centro, clausurando o, al
menos, limitando la voluntad transformadora explicitada previamente.
En cuanto al comportamiento social, ¿qué fue lo que pasó en ese periodo
comprendido entre la revuelta y el rechazo a la nueva Constitución? Ese
breve lapso de cuatro años fue de una gran intensidad y aceleración y, al
mismo tiempo, tuvo la densidad de una década. Vivimos la masiva rebelión de
2019 y sus continuidades; el encierro en pandemia bajo un gobierno de
derecha que hizo un manejo securitario de la emergencia sanitaria; un
proceso constituyente y espacio de importantes disputas que produjo un
texto constitucional avanzado pero, finalmente, rechazado en el plebiscito
de 2022, expresión de un voto de castigo que empoderó a la ultraderecha.
Fue clave en ese desenlace la respuesta del sistema político a las demandas
que movilizaron a millones en todo el país en 2019. En lugar de satisfacer
en ese momento, al menos, algunos de los reclamos por mejores pensiones e
ingresos, salud y educación, entre otros, se ofreció una nueva
Constitución. Pero el malestar permaneció.
La aparición de un tipo de delincuencia más violenta aumentó la
incertidumbre, lo cual fue aprovechado por los sectores conservadores,
vinculándolo, además, al incremento de la inmigración, aunque se sabe que
no son fenómenos relacionados. El objetivo de la derecha, finalmente
logrado mediante el despliegue de una gran campaña mediática, fue poner el
eje de la discusión en el tema de la seguridad —ajeno al texto
constitucional—, mientras los sectores progresistas no lograron ni siquiera
visibilizar aquellos temas de interés común presentes en la propuesta, que
podrían haber contribuido a revertir el rechazo expresado en las encuestas.
## Un pasado presente
En una mirada de más largo plazo, la abogada defensora Karinna Fernández,
consultada para este artículo, señala que entre los muchos aspectos a
relevar para entender las continuidades de las prácticas represivas del
Estado, “el de mayor importancia, que ha asegurado la represión y graves
vulneraciones a los derechos humanos, sobre todo en materia de protesta
social, está marcado por lo que desde los años setenta señalaba Juan Méndez
[abogado y activista argentino], y que se caracteriza en el derecho
internacional de los derechos humanos como la obligación que tienen los
estados, especialmente en momentos transicionales, de separar a los
involucrados y a los verdugos, de sus cargos, única forma en que una
sociedad puede avanzar en justicia.“
Pero en Chile, agrega Fernández, eso no sucedió. Cuando terminó la
dictadura, Augusto Pinochet mantuvo su cargo de general y luego asumió como
senador designado. Y no fue el único. “Los verdugos han mantenido el poder
y siguen asociados a grupos de la elite, particularmente económica. Eso,
junto a procesos de enriquecimiento ilícito y de privatizaciones, fue
generando marcos de impunidad sistémica.“ En 2012, “durante las masivas
manifestaciones por demandas sociales en Aysén, en el sur de Chile,
producto de la represión, uno de cada 10 mil habitantes perdió uno de sus
ojos a causa de la acción policial, y los jefes que lideraron esos
operativos, fueron ascendidos, algunos dirigieron luego la represión en
2019 y hoy son generales a nivel nacional. Así, esto va generando una
repetición continua de los delitos.“ Uno de esos oficiales es el actual
director general de Carabineros Ricardo Yañez.
Esos grupos de la elite económica participaron activamente en las
transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales impuestas
mediante el terrorismo de Estado. Entre ellas, las políticas de
privatización de recursos del Estado y de servicios públicos que, en medio
de un mercado sin contrapeso profundizaron la desigualdad. Hoy, esto se
manifiesta, por ejemplo, en el endeudamiento estructural de más del 70% de
los hogares (gastos mensuales son mayores a los ingresos mensuales), o en
cuestiones tan básicas como las limitaciones que enfrenta la organización
sindical ante la inexistencia de la negociación colectiva por ramas de la
producción, y de un derecho a huelga efectivo.
Durante la postdictadura, a falta de una política social, la represión
siguió siendo necesaria para la estabilidad del sistema. Y como las formas
hegemónicas de entender el orden público y la seguridad no han sido
sometidos a un examen crítico, se han mantenido las lógicas previas.
Incluso, según el abogado Silvio Cuneo, en democracia se extendió un
discurso populista punitivo, se fortaleció un verdadero Estado penal y el
encarcelamiento se convirtió en un sistema de control y gestión de la
pobreza, por ello el aumento del número de cárceles no guarda relación con
los índices de delincuencia.
En los últimos años no ha habido cambios que modifiquen este diagnóstico.
Ahora, tampoco hay compromisos en esa dirección.
[6][Este artículo también se publicó en alemán].
11 Sep 2023
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