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2025-07-24T05:36:25.262179Z
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PROCESANDO EL YUYULo de MontoroEl caso es único, porque a) supone la privatización del poder legislativo y del fisco, b) el bufete del ministro era el proveedor externo en ese negocio, y c) establece una dinámica constante del soborno-LA DESCRIPCIÓN. En términos generales, en la vida no sabes lo que sucede y eso es, precisamente, lo que sucede. De ahí el interés por las descripciones. Describir es la constatación de la realidad más precaria, humilde y sencilla. Y, no obstante, resulta operativa y espectacular, pues suele no haber otro asidero. Uno lo entiende cuando observa lo que tal vez es la primera descripción conocida emitida por la Humanidad. Se trata del mapa de Ségognole 3. Un dibujo sencillo, humilde, absurdo, grabado sobre el lecho de una roca hace 20.000 años, al que, si se le aboca agua, se convierte en una descripción de la región, con sus montañas, lagos y ríos. Espectacular. Sencillo. Humilde. El presente artículo no es más que otro de los intentos, iniciados hace 20.000 años, de describir el entorno, ese punto en el que nadie sabe lo que sucede y eso es lo que sucede. En este caso, el caso Montoro, cuya descripción, como lo de Ségognole 3, es también la descripción de un país.-¿CUÁNDO NACE EL CASO MONTORO? El caso nace como una iniciativa de los Mossos. Todo empezó con un registro en la sede de Messer Ibérica –una empresa de gas industrial y médico y esas cosas– en Tarragona, en noviembre de 2017. Por lo visto, buscaban una estafa en los contadores eléctricos –o, al menos, detuvieron a varios directivos por eso, en 2020–. En el registro encontraron mails de 2013, en los que se citaba directamente al despacho Equipo Económico –a partir de ahora, EE; una consultoría fundada en 2006 por Montoro, ministro de Hacienda con Aznar, en 2000-04, y con Rajoy, en 2011-18– como “la vía más directa […] para influir en Hacienda”. Los Mossos elaboraron un informe, presentado al Juzgado nº 2 de Tarragona, en el que se denunciaba el asunto de manera contundente: a) se calificaban las prácticas de EE como “detestables y execrables”, y b) se especificaba que el despacho se estaba poniendo las botas gracias a su relación con altos cargos de Hacienda. Tal vez, sin el tono y persuasión utilizados por el mosso que describía este Ségognole 3, no hubiera habido caso. Vete a saber. En 2018 ya participaban en el asunto, además del Juzgado nº2 de Tarragona y los Mossos, la UCO / Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.-¿ES NORMAL UN CASO CON TANTOS AÑOS EN SECRETO DE SUMARIO? No, en absoluto. Lo que puede ilustrar algún tipo de patología en la justicia española. De hecho, en la investigación hubo tensiones que ilustran cierta dificultad local para investigar hacia arriba, según se sube a la derecha. En 2024, por ejemplo, la fiscal del caso, Carmen García –una titán, al parecer–, pidió al juez instructor –otro titán, al parecer– que solicitara a la UCO que se pusiera las pilas –la razón: la UCO dilató en el tiempo una solicitud, por parte de la fiscal, de ciertas prospecciones bancarias–. Previamente, también –ay, huy– hubo mal rollete, continuo y recurrente, entre la fiscal y la Fiscalía Anticorrupción. A la fiscal le fueron restringidas sus investigaciones, se le convocó una junta de fiscales, que rebajó su liderazgo en la investigación con la incorporación de otro fiscal. La fiscal llegó, incluso, a ser multada con 1.000 pepinos por intentar investigar lo vetado por Anticorrupción por otro lado / los Mossos. Se ha especulado –en el mundo judicial, lo que tiene su qué– que la extraña e inexplicable maniobra, sucedida el pasado octubre, consistente en que la UCO se llevara el ordenador del fiscal general, para poder ver su correo corporativo –algo para lo que no es necesario llevarse ningún ordenador, ni siquiera acceder al despacho del fiscal general–, fue, en realidad, un intento de ver lo que se cocía y saber hasta dónde había llegado el caso de Tarragona, que avanzaba, como un susurro, amenazando, nuevamente, la línea de flotación del PP. La fiscal llegó, incluso, a ser multada con 1.000 pepinos por intentar investigar lo vetado por Anticorrupción-¿QUÉ SUPONE EL CASO? Hasta este momento, en el que escribo la o de la palabra momento, el caso supone varios delitos. Como a) cohecho, b) fraude contra la Administración, c) prevaricación, d) tráfico de influencias, e) negociaciones prohibidas, f) corrupción en los negocios y g) falsedad documental. La actividad ilícita de EE se condensó en el ínterin 2011-18 –lo que sería la Austeridad, el recorte de bienestar por valor del 8% del PIB; se dice rápido–. Justo en ese periodo EE recibió pagos a cambio de leyes, por parte de empresas que, en total, pudieron gastar, en esas gestiones, al menos 48M€ o 70M€ –o más; es difícil establecer, por el momento, una cantidad; la UCO investiga a) un entramado societario internacional, que al parecer iba moviendo la pasta obtenida por EE de paraíso fiscal en paraíso fiscal, para que no se quedara quieto y le pillaran con el carrito del etc., y los Mossos investigan b) diversas compras de inmuebles realizadas por los socios de EE, se supone que para blanquear capitales–. Esa inversión supuso a las empresas contratantes un ahorro fiscal de, tal vez, más de 2.000M€, que dejó de ingresar el Estado. Esas empresas eran del sector gasístico –desembolsaron unos 780.000€–, del sector eléctrico y renovables –11M€–, de la banca –consultas relacionadas con ventajas para el rescate; rescate que, por otra parte, no devolvieron; 6,6M€; win-win–, constructoras, Ferrovial, tabacaleras, empresas del sector del papel, Codere –una empresa de juegos online, cuyo mediador con EE era el exministro Rafael Catalá–, o Madrid Network –pagó unos 2M€; mucho más que algunas empresas privadas; un buen cliente–. Madrid Network es una empresa público-privada creada en 2007 por la CAM –cuando Esperanza Aguirre–. Organiza eventos, estudios y esas cosaZzzzz y, aquí viene lo divertido, gestionó millones en subvenciones y préstamos públicos, un grueso de ellos –al menos 20M€– no fueron devueltos nunca jamás. En esa Capilla Sixtina de la colaboración público-privada han trabajado, demostrando su valía pública, grandes ideólogos contemporáneos, de la talla de Abascal o Ayuso. ¿Por qué y para qué esa empresa mixta recurrió a pagos a EE?-¿CÓMO FUNCIONABA EE? Cobro, demanda, coordinación con Ministerio y obtención de resultados, sería el esquema general del asunto. EE ofrecía a sus clientes cambios legislativos fiscales a la carta y reforma legislativa fiscal efectiva y rapidita. La empresa contratante se reunía, previo pago, con los all-stars de EE. En esa reunión el cliente explicaba sus fantasías fiscales –en ocasiones, incluso, llegaba a redactarlas, de su propia mano, en el texto de la ley modificada tras el pago de la tarifa indicada–. EE se encargaba de hacer realidad todas esas ilusiones. Encargaba informes técnicos, en la dirección requerida, a otras consultoras –que, como Ernst and Young, cobraban menos que EE para esos trabajos–. Esos informes y textos se introducían en la cadena trófica de la Agencia Tributaria, donde había personas en el secreto –una alto cargo de EE pasó a ser, por ejemplo, una alto cargo del Ministerio, solapando ambos cargos durante, al menos, un mes–. Los tentáculos de EE eran, en todo caso, amplios, creativos y poderosos: a) en una ocasión, al menos, EE obtuvo un informe para un cambio legal redactado por, tachán tachán, el Consejo de Estado. En otra ocasión b) EE llegó a introducir, en el mismísimo texto de los Presupuestos Generales del Estado, un fragmento redactado por una empresa, lo que es ya puro arte. EE informaba a sus clientes, vía mail, de contactos directos con el ministro, y de estrategias para acelerar los asuntos. EE, vamos, ofrecía un mecanismo tan sencillo, y efectivo, como el de un botijo: pagar para cambiar o crear leyes, que repercutían en ahorro fiscal. Pero los servicios de EE iban más allá. Al menos en una ocasión, una tabacalera no pagó por beneficios, sino por perjuicios, por subida de impuestos, a la competencia. El Ministerio también participó en la investigación y en el juicio del caso Bárcenas / cuenta B del PP, con al menos un informe pericial, que venía a dulcificar el tema de las donaciones al partido. Se ha publicado también que el Ministerio, esa subdelegación de EE, pudo haber presionado a Mercedes Alaya –jueza de instrucción del caso de los EREs–. Los mails internos del staff del Ministerio / de EE, que aludían a una denuncia tributaria a la jueza y a su marido fueron, de hecho, parte de esos mails que Anticorrupción decidió no investigar, en contra del criterio de la fiscal Carmen García. Se ha constatado que el Ministerio / Montoro también trabajó gratis en alguna ocasión. Para practicar el chantaje a diversos periodistas. Javier Chicote –ABC–, Carlos Alsina. –Onda Cero–, o Federico Jiménez Losantos –Los Mundos de Yupi–, han denunciado, recientemente, presiones fiscales, incluso por la vía del empure por parte de Hacienda. El ministro, al parecer, también tuvo acceso a información confidencial, algo prohibido en un Estado de derecho, de algunos contribuyentes. Como en el caso de los periodistas, también se trató, parece ser, de personas próximas a la derecha –Rato, Aguirre…–. Lo que explica los modos de las nuevas derechas: al contrario que las viejas, ya no quieren controlar a todos, sino que controlando a los suyos les basta. ¿Cómo funcionaba Equipo Económico, en fin? Funcionaba asumiendo, en una misma firma, el triplete de ser asesoría, lobby y gobierno. Al mismo precio. Literalmente. EE ofrecía un mecanismo tan sencillo, y efectivo, como el de un botijo: pagar para cambiar o crear leyes-¿QUIÉN ESTÁ IMPUTADO? En total, y por ahora, están imputadas 28 personas físicas. Trece son representantes legales o / y directivos de empresas. Pero el resto –15 personas– confirman, de manera espectacular, el staff del Ministerio de Montoro. Pasen y vean. Se trata de a) Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y fundador de EE, b) Miguel Ferre Navarrete –secretario de Estado de Hacienda para la liga 2011-16–, c) Pilar Platero Sanz –secretaria de Presupuestos y Gastos en 2011-16–, d) Felipe Martínez Rico –subsecretario de Hacienda en 2016–, e) Ricardo Martínez Rico –socio fundador de EE–, f) Diego Martín-Abril Calvo –director General de Tributos, 2012-16–, g) José Alberto García Valera –ídem para 2016-18–, h) Óscar del Amo Galán –subdirector general de Tributos locales desde 2011 hasta que, este mes, ha sido cesado en 3, 2, 1–, i) Rogelio Menéndez Menéndez –asesor del Gabinete de Montoro para 2013-15–, j) José María Buenaventura Zabala –director del gabinete del secretario de Estado, desde 2012 hasta que etc.–, k) Santiago Menéndez Menéndez –director de la Agencia Tributaria para 2013-18–. No se había visto nunca jamás tanto alto cargo de Hacienda junto fuera del economato de la Agencia Tributaria.-¿ES UN CASO DE CORRUPCIÓN MÁS? En absoluto. Por ahora, no es el mayor desfalco. Los números provisionales del caso son inferiores al caso Gürtel –120M€– y al caso EREs –680M€–. El caso Bárcenas y Cuenta B del PP –tal vez 34M€–, supusieron la visualización del funcionamiento de un gran partido, la exposición de la mecánica de la financiación ilegal a gran escala y de la política profesional como un acceso al beneficio cuantioso, dudoso y directo y en negro para el político. Pero este caso es estructuralmente aún más grave. Por primera vez se investiga el uso sistemático y planificado del poder del Estado para la obtención de beneficio privado. El delito de prevaricación –crear leyes por encargo, vamos– socava la pretendida neutralidad del Estado. Además, esa extracción sucede en el mismísimo núcleo institucional del Estado. Se crean indicios sólidos para ver el sistema fiscal español como una trampa para los asalariados, y como un masaje con final feliz para las élites. Tras el escándalo de una policía patriótica, esto sería una Agencia Tributaria patriótica, que dibujaría un Gobierno patriota –lo que confirma una meditación sobre lo que es el nacionalismo debajo de sí mismo; un negocio–, cuya función era la obtención de beneficios. Por todo ello, se trata –de confirmarse en sentencia, que esa es otra– del peor caso de corrupción habido en la España democrática. Simplemente por la utilización intensa de lo público para lo privado.-¿HAY PRECEDENTES Y PARECIDOS A ESTE CASO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL? ¿Ha habido otros casos parecidos en Europa? No. El Caso Kazakhgate, en Francia –altos funcionarios de Hacienda beneficiaron a empresas kazajas–, involucró a altos funcionarios, pero no se demostró la redacción de leyes a medida. El caso LuxLeaks, en Luxemburgo –multinacionales pactaron con Hacienda regímenes fiscales individualizados, sin asesoría externa de un ministro–, es estructuralmente llamativo, pero de menor importancia e intensidad que el caso Montoro. Fuera de Europa, el caso Enron, en EEUU –fraude contable y energético de Enron, empresa que influyó en reformas regulatorias federales cuando Bush júnior–, no incluyó tampoco pagos probados al legislador. Definitivamente, el caso Montoro es único, porque a) supone la privatización del poder legislativo y del fisco. Es único porque b) el bufete del ministro era el proveedor externo en ese negocio. Y lo es porque c) establece una dinámica constante del soborno, que deja de ser puntual y para un solo objetivo. Es, simplemente, un servicio del Estado a la empresa, al parecer tabulado, con sus propias tarifas.-SÉGOGNOLE 3. Y, ahora, echemos agua a esta descripción labrada sobre la roca y observemos el país que dibuja. Dibuja un país expuesto al neoliberalismo, ese periodo en el que el IRPF y el impuesto de sociedades pierden su carácter universal y proporcional. Y, por ello, democrático. El Estado, que abandona el bienestar, cambia de rol. Pasa a estar al servicio de las empresas –de las corporaciones; Chomsky llama al resultado Estado corporativo–. Y el bien más preciado de ese servicio es la desregulación. Es decir, la gestión de la regulación. Se trata de un fenómeno mundial, una dinámica, una cultura, que tan solo requiere recompensas, antes que pagos, como lo son las recompensas que ofrecen las puertas giratorias. Los planes de vivienda que elaboran el Gobierno y la Generalitat, en ese sentido, no son corruptos. Pero no entienden que haya que regular empresa alguna. En este caso, la empresa turística, los grandes tenedores, las constructoras, componentes no anecdóticos de la crisis habitacional que los planes de vivienda ni tan solo observan como problemas, sino como empresas, como amigos, como riqueza –para alguien–. Pero el neoliberalismo tiene puntos de intensificación. Los recortes de ZP y de Rajoy, históricos, lo fueron. Por lo mismo, también hubo una intensificación en la relación del Estado y la empresa. Joan Coscubiela, diputado en el Congreso por ICV cuando el Gobierno Rajoy, explica esa intensificación con esta imagen: “A los 51 días de Gobierno se produjo un decretazo, la reforma laboral, lo que supone un redactado en tiempo récord. Y lo fue gracias a que fue escrito en grandes bufetes de abogados de empresa, pasó raudo por la sede de la CEOE y el Gobierno Rajoy le puso el sello del Consejo de Ministros”. Pues bien, lo de Montoro no es esa dinámica, ya de por sí de ruptura democrática. Es, directamente, la venta, constante, recurrente, de leyes a medida. Algo sin precedentes conocidos en Occidente. Lo que explica el grado de depuración y penetración del neoliberalismo –ese objeto introducido por el PSOE de González– en los ochenta, y su intensificación, aguda y feroz, en los gobiernos PP de Aznar –tres ministros condenados– y Rajoy –cuatro ministros imputados, contando ya a Montoro–. El caso Montoro parece confirmar la existencia de puntas aberrantes de neoliberalismo en las puntas aberrantes del neoliberalismo. Y también parece confirmar que la Austeridad, definitivamente, es una política, un momento álgido de neoliberalismo en el que el Estado, que mantiene a la población en shock –una palabra elegante que explica perder la casa, el trabajo, unos ingresos razonables, los servicios propios del bienestar, como la sanidad universal, la educación universal– intensifica los negocios privados, en los que el Estado participa ofreciendo lo que tiene, su esencia, su tesoro. Desregulación. Es decir, regulación a medida, ese regalo que, de pronto, se convierte en servicio. Es el Estado intensificando sus negocios particulares, vendiendo sus atribuciones, como la capacidad de elaborar leyes. La descripción de un país, labrada ya en roca, para un momento histórico.Guillem Martínez