COMISIO'N DE DERECHOS HUMANOS
54o peri'odo de sesiones
Tema 8 del programa provisional


           CUESTIO'N DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS
               LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER
                 FORMA DE DETENCIO'N O PRISIO'N
                                
     Informe del Relator Especial encargado de la cuestio'n
          de la independencia de los jueces y abogados,
                      Sr. Param Cumaraswamy
                                
                            Adicio'n
                                
                 Informe de la misio'n al Peru'
                                
                                
                                
I'NDICE

INTRODUCCIO'N

I. ANTECEDENTES GENERALES

 A. Situacio'n  de los  derechos humanos  con anterioridad  a  los
    acontecimientos  del   5  de  abril  de  1992  y  acontecimientos
    posteriores relacionados con el poder judicial

 B. Situacio'n  actual de los derechos humanos por lo que respecta
    al poder judicial

 C. Breve resen~a de las instituciones judiciales


II. MEDIDAS  EXCEPCIONALES APLICADAS  POR EL  GOBIERNO DEL  PERU'
    PARA ENJUICIAR A LOS CIVILES ACUSADOS DE TERRORISMO Y TRAICIO'N 
    A LA PATRIA

  A. Legislacio'n  antiterrorista promulgada  por  el  Gobierno  de
     Emergencia y Reconstruccio'n Nacional

  B. La legislacio'n antiterrorista a la luz de las normas
     internacionales

  C. Comisio'n ad hoc para la recomendacio'n de indultos


III. INDEPENDENCIA  DE LOS JUECES Y FISCALES: LA REFORMA JUDICIAL
     EN CURSO EN EL PERU'

 A. Necesidad de la reforma judicial

 B. La  reforma judicial  peruana desde  el punto  de vista de las
    normas internacionales


IV. SITUACIO'N  DE LOS  ABOGADOS  Y  DE  LOS  DEFENSORES  DE  LOS
    DERECHOS HUMANOS


V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


INTRODUCCIO'N

1. El  presente informe se refiere a la misio'n de investigacio'n
llevada a  cabo en  el Peru'  entre el 9 y el 15 de septiembre de
1996 por  el Relator  Especial encargado  de la  cuestio'n de  la
independencia de  los jueces  y abogados  de conformidad  con  la
resolucio'n 1994/41 de la Comisio'n de Derechos Humanos, aprobada
en su 50º peri'odo  de sesiones,  que establecio' un mandato
de tres  an~os en el que, entre otras cosas, se pedi'a al Relator
Especial  que   investigara  todas   las  denuncias   que  se  le
transmitiesen e  informase sobre  sus conclusiones  al  respecto.

2. En  su primer  informe anual,  presentado a  la  Comisio'n  de
Derechos Humanos  en 1995,  el Relator  Especial sugirio' que tal
vez fuera  preciso fijar normas en relacio'n con las medidas para
combatir el  terrorismo que  afectan a la independencia del poder
judicial o  de la  profesio'n juri'dica,  tales como la medida de
encapuchar a  los  jueces  (E/CN.4/1995/39,  pa'rr.  60).  En  su
segundo informe,  presentado a  la Comisio'n  en 1996, el Relator
Especial facilito' informacio'n ma's detallada sobre la cuestio'n
del empleo de jueces "sin rostro" y testigos ano'nimos como medio
de proteger a los miembros del poder judicial contra los actos de
terrorismo (E/CN.4/1996/37, pa'rrs. 66 a 78). El Relator Especial
indico' que  segui'a recibiendo  informacio'n relacionada  con la
situacio'n en  Colombia y  el Peru', donde los miembros del poder
judicial  habi'an  sido  objetivo  de  los  terroristas.  En  sus
conclusiones  preliminares,   el  Relator  Especial  expreso'  la
opinio'n de  que estos  tribunales violaban  la  independencia  e
imparcialidad del sistema judicial por diversas razones. En vista
de que  esta cuestio'n  exigi'a ulterior  estudio y ana'lisis, el
Relator Especial  expreso' la  esperanza de  poder  realizar  una
misio'n al  Peru' y  a Colombia  para investigar estas pra'cticas
sobre el  terreno y  proceder a  un estudio  ma's  exhaustivo  de
a'mbito mundial  sobre pra'cticas similares antes de formular sus
conclusiones y recomendaciones definitivas.

3. El Gobierno del Peru' extendio' la invitacio'n para visitar el
Peru' el 11 de  julio de  1996. La  misio'n al  Peru' se llevo' a
cabo  del   9  al  15  de  septiembre  de  1996,  y  fue  seguida
inmediatamente por  una  misio'n  a  Colombia  del 16  al  27  de
septiembre de  1996. Habida  cuenta  de  la  complejidad  de  las
cuestiones examinadas durante las visitas, se decidio' informar a
la Comisio'n  de Derechos  Humanos en  dos informes separados. El
informe sobre  la  visita  a  Colombia  figura  en  el  documento
E/CN.4/1998/39/Add.2.

4. El  principal objetivo  de la misio'n del Relator Especial era
estudiar el empleo de jueces "sin rostro" en los tribunales tanto
civiles como  militares  para  procesar  a  civiles  acusados  de
delitos relacionados  con el  terrorismo y  la traicio'n,  habida
cuenta de  las normas internacionalmente aceptadas con respecto a
la independencia  e  imparcialidad  del  poder  judicial,  y  del
derecho al respeto de las garanti'as procesales. Estas cuestiones
se examinan en el capi'tulo II del presente informe.

5. El  Relator Especial tambie'n desea abordar algunas cuestiones
de  actualidad   estrechamente  relacionadas   con  el   objetivo
primordial de esta misio'n de investigacio'n. Estas cuestiones se
examinan  en  los  capi'tulos  III  y IV  del  presente  informe.

6. Adema's,  el Relator  Especial examino' algunos aspectos de la
reforma  judicial   en  curso   habida  cuenta   de  las   normas
internacionales relativas  a la  independencia e imparcialidad de
los jueces,  incluidos los procedimientos para la designacio'n de
jueces, inamovilidad  del cargo,  procedimientos disciplinarios y
destituciones, remuneracio'n y funcio'n de los abogados y a'mbito
de  su  independencia.  El  Relator  Especial  tambie'n  expreso'
intere's en la competencia y funciones del Defensor del Pueblo en
la  medida   que  estas   cuestiones  guardan  relacio'n  con  la
independencia del  poder  judicial.  Todas  estas  cuestiones  se
examinan tambie'n  en  el  capi'tulo  IV  del  presente  informe.

7. La  Constitucio'n de  1993 dispone  en el arti'culo 55 que los
tratados internacionales  sobre derechos  humanos ratificados por
el Peru'  forman parte  del derecho  nacional. Adema's, la cuarta
disposicio'n final  y transitoria  de la  Constitucio'n  de  1993
establece que  las normas  relativas a  los derechos y libertades
que la  Constitucio'n reconoce  se interpretan de conformidad con
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por  el Peru'. El Peru' ha ratificado entre otros los
siguientes  instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos:
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli'ticos; el Pacto
Internacional de  Derechos Econo'micos, Sociales y Culturales; la
Convencio'n Internacional  sobre la  Eliminacio'n  de  todas  las
Formas  de  Discriminacio'n  Racial;  la  Convencio'n  contra  la
Tortura y  Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
la Convencio'n  sobre los  Derechos  del  Nin~o;  la  Convencio'n
Americana sobre Derechos Humanos; y la Convencio'n Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura.

8. El  Relator Especial  tambie'n tuvo  en cuenta  los siguientes
instrumentos  internacionales:   las  Reglas   mi'nimas  para  el
tratamiento  de   los  reclusos;   el Co'digo  de  conducta  para
funcionarios encargados  de hacer  cumplir la ley; el proyecto de
las  Naciones   Unidas  de   Declaracio'n  universal   sobre   la
independencia de la justicia (Principios Singhvi) (1); las Normas
mi'nimas de  independencia del  poder judicial  de la Asociacio'n
Internacional de  Abogados (2); las  Normas  Mi'nimas  de  Pari's
sobre derechos  humanos en  un  estado  de  excepcio'n  (3);  los
Principios  Ba'sicos   relativos  a   la  independencia   de   la
judicatura; las  Reglas mi'nimas  de las  Naciones Unidas para la
administracio'n de  la justicia de menores ("Reglas de Beijing");
el Conjunto  de Principios  para  la  proteccio'n  de  todas  las
personas sometidas  a cualquier  forma de  detencio'n o prisio'n;
los   Principios   relativos   a   una   eficaz   prevencio'n   e
investigacio'n de  las ejecuciones  extralegales,  arbitrarias  o
sumarias; los Principios Ba'sicos de las Naciones Unidas sobre la
funcio'n de  los abogados; las Directrices de las Naciones Unidas
sobre  la   funcio'n  de   los  fiscales;   los   Principios   de
Johannesburgo sobre  seguridad nacional, libertad de expresio'n y
acceso a la informacio'n de 1995 (4).

9. Con  anterioridad a  su visita  al Peru',  el Relator Especial
expuso al  Gobierno del  Peru' el  mandato  de  las  misiones  de
investigacio'n   llevadas    a    cabo    por    los    relatores
especiales/representantes de  la Comisio'n  de Derechos  Humanos.
Durante la misio'n, el Relator Especial y los funcionarios de las
Naciones Unidas  que  le  acompan~aban  gozaron  de  libertad  de
circulacio'n en  todo  el  pai's,  asi'  como  de  libertad  para
interrogar y de medidas de seguridad adecuadas, lo que garantizo'
el desempen~o  con e'xito  de la  misio'n.  El  Relator  Especial
deseari'a dar  las gracias al Gobierno del Peru', y en particular
al Ministerio  de Relaciones  Exteriores, por su invitacio'n para
visitar el  Peru' asi' como por la organizacio'n de las reuniones
y visitas celebradas durante la misio'n.

10. El  primer di'a de la misio'n, el Relator Especial participo'
en el  se'ptimo curso  internacional sobre  "Justicia y  derechos
humanos en el proceso de modernizacio'n", un seminario organizado
por la  Comisio'n  Andina  de  Juristas,  en  relacio'n  con  las
reformas del poder judicial en la regio'n de los Andes. Entre los
di'as 10 y 13 de septiembre de 1996, el Relator Especial celebro'
consultas en Lima con las siguientes personas: Sr. Carlos Hermoza
Moya,  Ministro   de  Justicia;  General  Juan  Briones  Da'vila,
Ministro del  Interior; General  Guido Guevara Guerra, Presidente
del Consejo Supremo de Justicia Militar; Sr. Jorge Santistevan de
Noriega, Defensor  del Pueblo; Sra. Blanca Ne'lida Cola'n, Fiscal
de  la  Nacio'n,  y  Sr.  Clodomiro  Cha'vez  Valderrama,  Fiscal
Supremo; Sr. Daniel Espichan Tumay, Presidente de la Comisio'n de
Pacificacio'n  y   Derechos  Humanos  del  Congreso;  Sr.  O'scar
Medelius Rodri'guez,  Presidente de  la Comisio'n de Justicia del
Congreso; Sr. Ricardo Nugent,  Presidente, y  Dr. Manuel  Aguirre
Roca, Dr. Francisco Acosta  Sa'nchez, Dr.  Jose' Garci'a Marcelo,
Dra. Delia  Revoredo Marsano,  Dr. Guillermo Di'az Valverde y Dr.
Guillermo  Rey   Terry,  miembros   del Tribunal  Constitucional;
magistrados  de   la  Corte  Suprema;  Sr. Vi'ctor Rau'l Castillo
Castillo, Sr.  Lino Roncalla  Valdivia, Sr. Pedro Ibe'rico Ma's y
Sr. Jose'  Dellepiane,   de  la  Comisio'n  Ejecutiva  del  Poder
Judicial; Sr. Jose' Ugaz,  Fiscal y  Sr. Ce'sar  Marti'n, antiguo
miembro de la judicatura; Sr. Eduardo Rada, Decano del Colegio de
Abogados de Lima.

11. Adema's,  el Relator  Especial se entrevisto' con miembros de
las asociaciones  de abogados,  jueces y  abogados  particulares,
expertos en  administracio'n de  justicia, asuntos  juri'dicos  y
penitenciarios   y    miembros   de   otras   organizaciones   no
gubernamentales que  trabajan en  la esfera de la administracio'n
de justicia y/o los derechos humanos, incluidos representantes de
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

12. En  Lima, el Relator Especial celebro' tambie'n consultas con
el Representante  Permanente del  Programa de las Naciones Unidas
para el  Desarrollo (PNUD)  y con  el consultor del PNUD sobre el
programa de  reforma judicial,  Sr.  William  Davies.  El  14  de
septiembre de 1996, el Relator Especial visito' Ayacucho donde se
entrevisto' con magistrados de la Corte Superior de Ayacucho asi'
como con los jueces de paz de la regio'n.
13.  En   vista  del  considerable  intere's  de  los  medios  de
comunicacio'n en  esta misio'n,  el 14 de septiembre de 1996, una
vez completada  su  misio'n  al  Peru',  el Relator  Especial  se
reunio' con  los representantes  de los medios de comunicacio'n y
emitio'  un   comunicado  de   prensa  en  el  que  exponi'a  sus
observaciones preliminares.

I. ANTECEDENTES GENERALES

A. Situacio'n  de los  derechos humanos  con anterioridad  a  los
acontecimientos  del   5  de  abril  de  1992  y  acontecimientos
posteriores relacionados con el poder judicial
14.  El   Peru'  es   una  repu'blica  presidencialista  con  una
poblacio'n de 24 millones  de habitantes.  Entre 1980  y 1992, el
pai's atraveso'  una situacio'n  de violencia  poli'tica  extrema
como resultado  de las  actividades llevadas  a cabo por un grupo
afiliado al  Partido Comunista  del Peru' (PCP) conocido tambie'n
con  el   nombre  de   Sendero  Luminoso,  y  por  el  Movimiento
Revolucionario Tu'pac  Amaru (MRTA).  El balance  de muertos como
resultado de la  violencia poli'tica  en el  Peru' entre  1980  y
julio de  1992 fue de 24.250 personas, entre ellos 2.044 miembros
de las  fuerzas de seguridad, 10.171 civiles y 11.773 sospechosos
de subversio'n, asi' como 262 personas supuestamente relacionadas
con el  tra'fico de drogas. Las fuentes del Congreso han evaluado
el costo  de la  violencia poli'tica  en  el Peru'  durante  este
peri'odo en 20.000 millones de do'lares.
15. Como  resultado de  este conflicto  armado,  gran  parte  del
territorio  del   Peru'  se  hallaba  en  estado  de  emergencia,
declarado en virtud de los poderes otorgados por la Constitucio'n
de 1979. En el estado de emergencia se suspenden algunos derechos
reconocidos en  el ordenamiento  juri'dico peruano. Se afirma que
las fuerzas  armadas y  de polici'a,  que estaban facultadas para
reprimir las  actividades de  los supuestos  grupos  subversivos,
cometieron graves  violaciones de  los derechos  humanos  durante
este peri'odo.  Se afirma  asimismo que  estas violaciones fueron
cometidas  o  bien  directamente  por  grupos  paramilitares  que
actuaban de  acuerdo con las fuerzas armadas y de polici'a, o con
su consentimiento.
16. Existe  la impresio'n  general de  que  los  miembros  de  la
judicatura  esta'n   corrompidos,  son   incompetentes  o  esta'n
politizados e  intimidados por  Sendero Luminoso, y que no esta'n
en  condiciones  de  administrar  justicia  con  independencia  e
imparcialidad en  caso de delitos relacionados con el terrorismo.

17.   El    Presidente   Alberto   Fujimori   Fujimori,   elegido
democra'ticamente el  5 de abril de 1992, establecio' un Gobierno
de Emergencia  y Reconstruccio'n  Nacional de  conformidad con el
Decreto-ley No  25418 que  pretendi'a la  pacificacio'n del pai's
mediante un  sistema judicial  que garantizase  la aplicacio'n de
sanciones dra'sticas  contra los  terroristas. Para llevar a cabo
sus  objetivos,  el  Gobierno  de  Emergencia  y  Reconstruccio'n
Nacional suspendio' las disposiciones de la Constitucio'n de 1979
que consideraba incompatibles con los objetivos del Decreto-ley y
propuso una  nueva Constitucio'n.  Purgo' y  reorganizo' todo  el
sistema judicial;  y posteriormente establecio' procedimientos de
excepcio'n para  enjuiciar a  los civiles  acusados de delitos de
terrorismo y traicio'n a la patria.

18. El  Gobierno de  emergencia  destituyo'  sumariamente  a  los
jueces y fiscales a todos los niveles de la judicatura, incluidos
los jueces de las cortes superiores, los jueces de los tribunales
de distrito,  los  de  los  tribunales  juveniles,  los  fiscales
supremos y  los fiscales  provinciales. El 24  de abril  de 1992,
fueron destituidos 130 miembros de la judicatura en los distritos
de Lima  y El Callao. Adema's fueron destituidos los miembros del
Consejo  Nacional   de  la   Magistratura,  establecido   por  la
Constitucio'n de 1993,  y 13 magistrados  de  la  Corte  Suprema,
donde  quedaron  u'nicamente 5 magistrados,  y  se  disolvio'  El
Tribunal  Constitucional.   El Gobierno  destituyo'  tambie'n  al
Contralor General  de la  Nacio'n y,  el 10  de abril de 1992, al
Fiscal de la Nacio'n del Peru'.

19. El  Gobierno designo'  posteriormente un  nuevo Presidente  y
nuevos miembros  de la  Corte Suprema,  un Fiscal  de la Nacio'n,
fiscales supremos  y un  Contralor General.  Adema's, autorizo' a
una comisio'n  de la  Corte Suprema  a cubrir las vacantes en las
cortes superiores,  y al  Fiscal  de  la  Nacio'n  a  cubrir  las
vacantes de  fiscales en  los diversos  distritos judiciales.  La
Corte Suprema  inicio' una  evaluacio'n a nivel nacional de todos
los jueces restantes y la mayori'a de ellos, aproximadamente unos
100, fueron  posteriormente  destituidos.  Al  mismo  tiempo,  el
Ministerio Pu'blico  inicio' una  investigacio'n de  los fiscales
del pai's  lo que  dio lugar  a nuevas destituciones. Por decreto
ley se  prohibio' a  los jueces invocar el recurso de amparo para
que esta medida se declarase nula y sin efecto.

20. Fueron  nombrados nuevos  jueces, con  cara'cter provisional,
sin  evaluar   previamente  sus   calificaciones,  por  la  misma
comisio'n establecida  para destituir  a los  jueces  anteriores.
Como consecuencia, a fines de 1993 ma's del 60% de los puestos de
la judicatura  estaban  ocupados  por  jueces  que  habi'an  sido
designados con cara'cter provisional.

21. En  marzo de 1993  el Gobierno establecio' un Jurado de Honor
de la  Magistratura para  que procediese a una evaluacio'n de los
jueces que habi'an sido destituidos, asi' como de los magistrados
de la  Corte Suprema  que habi'an sido designados por el Gobierno
con cara'cter  provisional y  transitorio despue's del 5 de abril
de 1992. En diciembre de 1993, se decidio' que el Jurado de Honor
de  la   Magistratura  continuase   su  tarea   de  seleccio'n  y
designacio'n de  los jueces  y  fiscales  hasta  que  el  Consejo
Nacional  de   la  Magistratura  hubiese  entrado  plenamente  en
funciones.

22. En  diciembre de 1994,  entro' en  vigor la ley que regi'a el
Consejo Nacional  de la  Magistratura, y este Consejo inicio' sus
trabajos en marzo de 1995. Esta institucio'n auto'noma, integrada
por siete  miembros, incluidos  magistrados de  la Corte Suprema,
supervisa  la   designacio'n  de  los  jueces  mediante  concurso
conforme a  lo dispuesto  en el arti'culo 155 de la Constitucio'n
de 1993. Adema's,  el Consejo  Nacional de  la Magistratura esta'
facultado para  aplicar medidas  disciplinarias a  los  jueces  y
fiscales a todos los niveles.

23. Entre  los meses  de mayo  y noviembre  de 1992, el  Gobierno
promulgo' por  decreto una amplia legislacio'n antiterrorista por
la que  se modificaban los procedimientos penales existentes para
el enjuiciamiento  de los civiles acusados de traicio'n o delitos
relacionados con  el terrorismo.  Esta legislacio'n  prevei'a  la
utilizacio'n de  jueces "sin  rostro" en los tribunales civiles y
militares para enjuiciar estos delitos.

24.  El 29 de   diciembre  de 1993,  entro'  en  vigor  la  nueva
Constitucio'n aprobada por un Congreso Constituyente Democra'tico
electo. La  nueva Constitucio'n  fortaleci'a el poder ejecutivo y
reduci'a  al  Parlamento  a  un  o'rgano  unicameral  en  vez  de
bicameral. La  Constitucio'n estableci'a la pena capital para los
delitos de  traicio'n y terrorismo; transferi'a la competencia en
los casos  relacionados con  el terrorismo  y  traicio'n  de  los
tribunales  civiles  a  los  tribunales  militares  (art. 173)  y
permiti'a 15 di'as de  detencio'n por  las autoridades policiales
en re'gimen de incomunicado (art. 2.24 f) y g)).

25.  La   Constitucio'n  preve'   la  continuacio'n   de  ciertas
instituciones, como  el  Tribunal  Constitucional  y  el  Consejo
Nacional  de   la  Magistratura.   Asimismo   creo'   una   nueva
institucio'n  judicial   denominada  Academia   Nacional  de   la
Magistratura, asi' como la institucio'n del Defensor del Pueblo.
B. Situacio'n  actual de los derechos humanos por lo que respecta
al poder judicial

26. Durante  su misio'n, el Relator Especial pudo observar que se
habi'a registrado  una mejora  considerable en  la situacio'n  de
seguridad  en   el  Peru',   asi'  como  una  reduccio'n  de  las
violaciones de  los derechos  humanos por  parte de  funcionarios
gubernamentales. Sin  embargo, se  habi'an denunciado  torturas y
desapariciones involuntarias. Adema's, preocupaba la impunidad de
que gozaban los funcionarios del Gobierno que habi'an participado
en  el   pasado  en   violaciones  de   los   derechos   humanos.

27. En  las elecciones  presidenciales celebradas  el 9  de abril
de 1995 el  Presidente Fujimori fue reelegido paci'ficamente, por
un margen  considerable, para  un segundo mandato de cinco an~os.

28. Durante  el peri'odo  de  la  toma  de  rehenes,  el  Relator
Especial estuvo  atento a  la situacio'n,  teniendo en  cuenta no
so'lo las  diversas personalidades  secuestradas sino tambie'n el
hecho de que un magistrado de la Corte Suprema se jubilo' durante
el peri'odo  en que  estuvo  mantenido  como  rehe'n,  asi'  como
tambie'n el  hecho de  que el  u'nico rehe'n  que  fallecio'  fue
precisamente un  juez. Sin embargo, resultaba claro que no habi'a
pruebas de  que los dos jueces hubiesen sido tomados como rehenes
debido a  sus funciones  judiciales. El Relator Especial recibio'
denuncias relativas  al bombardeo  de la residencia del Embajador
japone's, que  provoco' la  muerte del  magistrado Carlos Ernesto
Giusti, en el sentido de que habi'a sido elegido como objetivo de
los disparos debido a ciertas decisiones que habi'a dictado en el
pasado y  que no habi'an sido favorables al Ejecutivo. El Relator
Especial no  esta' en  condiciones,  por  el  momento,  de  hacer
ninguna observacio'n respecto a estas denuncias.

29. Pese  a haberse  reducido la  actividad  terrorista,  al 7 de
marzo de 1997  ma's del 15%  del territorio  nacional  del  Peru'
segui'a sometido al estado de emergencia.

30. En 1995,  el  Gobierno  modifico'  diversos  aspectos  de  la
legislacio'n  antiterrorista.   En  octubre   de 1997,  el  plazo
previsto por  la Ley No 26671  para revisar  la  utilizacio'n  de
tribunales  "sin  rostro"  habi'a  expirado.  Posteriormente,  la
Comisio'n Ejecutiva  del Poder  Judicial emitio'  la  resolucio'n
administrativa No 510-CME que disponi'a que la Sala Permanente de
lo Penal  de  la  Corte  Suprema  se  encargari'a  de  los  casos
relacionados  con   el  terrorismo   en  virtud  del  Decreto-ley
No 25475. No  esta' claro  si se  ha suprimido la utilizacio'n de
jueces "sin  rostro" en los tribunales militares; se han recibido
denuncias de  organizaciones no  gubernamentales que  indican que
estos tribunales siguen siendo utilizados.
C. Breve resen~a de las instituciones judiciales
Tribunales ordinarios


31. El  arti'culo 26 de  la  Ley  Orga'nica  del  Poder  Judicial
establece los  siguientes o'rganos: la Corte Suprema de Justicia;
las cortes  superiores de  justicia en  los diferentes  distritos
judiciales;  los   juzgados  especializados   y  mixtos   en  las
respectivas provincias;  los juzgados  de  paz  letrados  en  las
ciudades o  centros de  poblacio'n en que existen; y los juzgados
de paz.

32. La Corte Suprema decide, en casacio'n o en u'ltima instancia,
los casos  iniciados en una Corte Superior o ante la propia Corte
Suprema; adema's  decide en casacio'n sobre las decisiones de los
tribunales militares.  La jurisdiccio'n de  la Corte  Suprema  se
extiende a todo el pai's. El Presidente de la Corte Suprema en el
Peru' es tambie'n el jefe del poder judicial. La Sala Plena de la
Corte Suprema  es el  o'rgano ma'ximo  de deliberacio'n del poder
judicial  segu'n   el  arti'culo   144   de   la   Constitucio'n.

33. Hay tambie'n cortes superiores de justicia en cada uno de los
24 distritos judiciales. Las cortes superiores tienen competencia
como o'rganos  de apelacio'n  y en  primera instancia  y, en  una
mayori'a de  casos, son  los tribunales  finales  de  apelacio'n.

34.  La   Academia  Nacional   de  la   Magistratura,  que  esta'
considerada como  parte del poder judicial, es la institucio'n en
que se  forman los  jueces y  fiscales a  todos los  niveles  que
aspiran a  formar  parte  de  la  judicatura.  Esta  institucio'n
proporciona asimismo educacio'n juri'dica continua a los abogados
y fiscales.

35. El Tribunal Constitucional previsto en el arti'culo 201 de la
Constitucio'n de  1993 se establecio' el 21 de junio de 1996. Los
magistrados son  elegidos por el Congreso con un mandato de cinco
an~os. El  Tribunal Constitucional  es competente para dictaminar
sobre la  constitucionalidad de  las leyes, pero no puede hacerlo
por iniciativa propia; u'nicamente ciertas personas especificadas
por la ley pueden interponer una accio'n de inconstitucionalidad.

36. En  el momento  de  la  misio'n  del  Relator  Especial,  los
magistrados   del    Tribunal   Constitucional    expresaron   su
preocupacio'n por  la grave falta de recursos financieros para la
administracio'n del  Tribunal. Los  magistrados habi'an anunciado
pu'blicamente que  el Tribunal se veri'a pronto obligado a entrar
en  receso.   El  Relator   Especial  acogio'  favorablemente  la
respuesta  inmediata   del  Gobierno   en  el   sentido  de   que
facilitari'a   recursos    suficientes    para    el    Tribunal.

37. El  Tribunal Constitucional  comenzo' con un trabajo atrasado
de 1.090  casos que se habi'an acumulado desde la disolucio'n del
Tribunal Constitucional  anterior en  1992. Se calculaba que unos
900 casos  se habi'an  resuelto de hecho. Se dijo que los motivos
del  retraso   en   el   establecimiento   del   nuevo   Tribunal
Constitucional estaban  relacionados con  el nombramiento  de sus
miembros.

38. El  Consejo Nacional  de  la  Magistratura  mencionado  antes
selecciona  a   los  jueces  y  fiscales  mediante  concurso,  de
conformidad   con   el   arti'culo   155   de   la Constitucio'n.

39. En virtud de la Constitucio'n de 1993, el Ministerio Pu'blico
es auto'nomo y esta' presidido por el Fiscal de la Nacio'n que es
elegido, con  cara'cter rotatorio  por un  mandato de tres an~os,
por la  Junta de  Fiscales Supremos. Desde el 6 de junio de 1996,
el Ministerio Pu'blico es objeto de un proceso de reorganizacio'n
administrativa  supervisado   por  la   Comisio'n  Ejecutiva  del
Ministerio                                              Pu'blico.

40.  Los  deberes  del  Ministerio  Pu'blico  son,  entre  otros,
promover  la   accio'n  judicial  en  defensa  de  los  intereses
pu'blicos tutelados por el derecho; velar por la independencia de
los o'rganos  jurisdiccionales y  por la recta administracio'n de
justicia; representar  en los procesos judiciales a la sociedad y
conducir la  investigacio'n del  delito, de  conformidad  con  el
arti'culo 159  de la  Constitucio'n. El Ministerio Pu'blico puede
tambie'n ejercer  iniciativa en  la formacio'n de las leyes y dar
cuenta al  Congreso o  al Presidente  de  la  Repu'blica  de  los
vaci'os o defectos de la legislacio'n.

41. El  volumen de  casos acumulados en el Ministerio Pu'blico es
enorme. La Fiscal  de la  Nacio'n, Blanca Ne'lida Cola'n, estimo'
que se  necesitari'an 1.500 fiscales ma's para poder hacer frente
al volumen  acumulado de unos 2.000 casos. La Sra. Ne'lida Cola'n
dijo al  Relator  Especial  que  el  presupuesto  del  Ministerio
Pu'blico se  habi'a reducido recientemente en un 40% y que por lo
tanto no  era posible  designar  nuevos  fiscales  o  cubrir  las
vacantes existentes.  La prioridad actual del Ministerio Pu'blico
es procesar  los casos de terrorismo y reducir el elevado nu'mero
de personas  detenidas sin  juicio: en  1995  habi'a  unas  6.000
personas en  espera de juicio y en diciembre de 1996 unas 16.311.

42. Otra  nueva institucio'n  creada por la Constitucio'n de 1993
es la  Defensori'a del  Pueblo. Los  arti'culos 161  y 162  de la
Constitucio'n  establecen   sus   funciones,   que   se   definen
ulteriormente en  la  Ley  No  26520,  la  Ley  Orga'nica  de  la
Defensori'a del Pueblo.

43. El  mandato del  Defensor del  Pueblo consiste,  entre  otras
cosas, en  defender los derechos constitucionales y fundamentales
de la  persona y  de la comunidad y en supervisar el cumplimiento
de los  deberes de la administracio'n estatal y la prestacio'n de
los servicios  pu'blicos a  la  ciudadani'a.  La Defensori'a  del
Pueblo puede  recibir directamente denuncias de cualquier persona
natural  o  juri'dica,  a  ti'tulo  individual  o  colectivo  sin
restriccio'n alguna,  que haya  sido afectada  por un  "ejercicio
indebido de  las funciones  pu'blicas". El Defensor del Pueblo no
puede injerirse  en el  ejercicio de  las  funciones  judiciales.

44. Si,  como resultado  de una  investigacio'n, el  Defensor del
Pueblo considera  que se ha producido un "funcionamiento anormal"
de la  administracio'n de  justicia, debe  informar al O'rgano de
Control  de   la  Magistratura,   al  Consejo   Nacional  de   la
Magistratura  o   al  Ministerio   Pu'blico.  Adema's,   si   las
circunstancias lo  exigen,  el  Defensor  del  Pueblo  puede,  en
cualquier momento  y  con  independencia  de  su  informe  anual,
informar al  Congreso  de  sus  actividades  con  respecto  a  la
administracio'n de justicia.
Tribunales militares

45. El  Co'digo de  Justicia Militar  establece que  los  delitos
civiles comunes  sera'n juzgados  por los tribunales ordinarios y
que u'nicamente los delitos de funcio'n cometidos por el personal
militar o  de polici'a  o por  personal  civil  empleado  por  el
estamento militar  sera'n juzgados  por tribunales militares. Sin
embargo, como  se ha sen~alado anteriormente, el arti'culo 173 de
la Constitucio'n  de 1993  reconoce competencia  a los tribunales
militares  para   enjuiciar  a  civiles  acusados  de  terrorismo
y traicio'n.

46. Los  jueces militares  en servicio  activo esta'n  sujetos al
Co'digo de  Justicia Militar y, salvo en el caso del fiscal y del
auditor, no  forman parte  de la  judicatura. Los  miembros de la
polici'a sujetos  al Co'digo  de Justicia  Militar por delitos de
funcio'n son  juzgados por  tribunales  especiales  de  polici'a.

47. La  funcio'n de  la Corte  Suprema por  lo que  respecta a la
justicia  militar   se  limita   a  resolver  los  conflictos  de
competencia, a pronunciarse sobre las solicitudes de extradicio'n
y  a   conocer  en   primera  instancia  de  las  acciones  sobre
competencia de los tribunales militares ejercidas, en particular,
contra el  Presidente, los  Ministros del  Gobierno, los miembros
del Congreso  y los  miembros del  Consejo  Supremo  de  Justicia
Militar, de conformidad con el arti'culo 3 de la Ley Orga'nica de
Justicia Militar.

48. El  sistema de  tribunales militares en cada una de las cinco
regiones militares  se compone  del Consejo de Guerra Permanente,
como primera instancia, y del Consejo Supremo de Justicia Militar
como segunda  instancia. El  Consejo de  Guerra Permanente  esta'
presidido por  un coronel  del Cuerpo  Juri'dico  Militar;  y  el
secretario del  tribunal de investigacio'n que es quien remite el
caso  es  un  capita'n.  Cada  zona  militar  tiene  dos  o  ma's
tribunales de  investigacio'n.  El Consejo  Supremo  de  Justicia
Militar se  compone de  diez  oficiales,  incluidos  generales  y
almirantes en servicio activo (arti'culo 6 de la Ley Orga'nica de
la Justicia  Militar). Adema's,  la ley  dispone  que  el  Fiscal
General y  el Auditor  General  deben  ser  miembros  del  Cuerpo
Juri'dico                                                 Militar

II. MEDIDAS  EXCEPCIONALES APLICADAS  POR EL  GOBIERNO DEL  PERU'
PARA ENJUICIAR A LOS CIVILES ACUSADOS DE TERRORISMO Y TRAICIO'N A
LA PATRIA

A. Legislacio'n  antiterrorista promulgada  por  el  Gobierno  de
Emergencia y Reconstruccio'n Nacional
El delito de terrorismo

49.  Por  el  Decreto-ley  No 25475,  de 6 de  mayo  de 1992,  se
abrogaron expresamente  las normas  del Co'digo  Penal que  desde
abril de 1991  se habi'an aplicado a los delitos relacionados con
el terrorismo  y, en  el arti'culo 2,  se define  el "terrorismo"
como un  acto que "provoca, crea o mantiene un estado de zozobra,
alarma o  temor en  la poblacio'n o en un sector de ella, realiza
actos contra  la  vida,  el  cuerpo,  la  salud,  la  libertad  y
seguridad personales  o contra el patrimonio, contra la seguridad
de los  edificios pu'blicos, vi'as o medios de comunicacio'n o de
transporte  de   cualquier  i'ndole,   torres   de   energi'a   o
transmisio'n, instalaciones  motrices o  cualquier  otro  bien  o
servicio, empleando  armamentos, materias o artefactos explosivos
o  cualquier   otro  medio  capaz  de  causar  estragos  o  grave
perturbacio'n  de   la  tranquilidad   pu'blica  o   afectar  las
relaciones internacionales  o la  seguridad de  la sociedad y del
Estado".

50. Contrariamente  a lo que sucede en los casos penales comunes,
la investigacio'n  es realizada  por una divisio'n de la polici'a
encargada de  investigar los  delitos de terrorismo, conocida con
el nombre  de DINCOTE (Direccio'n Nacional contra el Terrorismo),
que  esta'  facultada  para  imponer  en  forma  unilateral,  sin
consultar   a   un   juez,   la   detencio'n   en   re'gimen   de
incomunicacio'n; sin  embargo, la DINCOTE tiene que informar a un
representante del  Ministerio Pu'blico  y a  un juez acerca de la
detencio'n. Posteriormente,  esta ley  restrictiva fue  enmendada
para que  tuvieran  acceso  a  los  detenidos  sus  familiares  y
abogados.

51. La  DINCOTE esta'  facultada para  decidir si las pruebas son
suficientes para  formular cargos y tambie'n determina los cargos
que se formulara'n y si el detenido comparecera' ante un tribunal
civil o  militar.  Adema's,  la  DINCOTE  sigue  teniendo  tiempo
ilimitado para  interrogar  a  los  sospechosos  y  formular  los
cargos.

52. El Relator Especial se intereso' en particular por las normas
relativas a  los magistrados  que conocen  de esos  casos. A  ese
respecto, en  los arti'culos 14  a 16 del  Decreto-ley se preve'n
medidas especiales  de proteccio'n de los funcionarios judiciales
que intervienen  en el  juzgamiento de  los casos de terrorismo y
traicio'n. El  arti'culo 14 dispone  que la  instruccio'n en  los
delitos de  terrorismo se sustanciara' en ambientes especialmente
habilitados   en    los   establecimientos   penitenciarios.   El
arti'culo 15 estipula  que la  identidad de los magistrados y los
miembros del  Ministerio Pu'blico, asi' como la de los auxiliares
de  justicia   sera'  secreta;   que  los   infractores  de  esta
disposicio'n cometen  un delito  y que, de ser condenados, sera'n
reprimidos con  pena privativa  de libertad  no menor de cinco ni
mayor  de   siete  an~os;  que  las  resoluciones  judiciales  no
llevara'n firmas  de los  magistrados ni  de  los  auxiliares  de
justicia. El  arti'culo 16 dispone  que no se identificara' a los
funcionarios   judiciales    que   participen   en   el   juicio.

53. El  arti'culo 13 del  Decreto-ley No 25475  dispone  que  las
actuaciones judiciales  se sustanciara'n  ante tribunales civiles
"sin rostro".  Las actuaciones comprenden tres etapas: la primera
etapa se  desarrolla ante  el juez de instruccio'n, en la segunda
etapa una  corte superior juzga y condena al acusado y la tercera
etapa es  la apelacio'n.  La duracio'n ma'xima para cada etapa es
de 30 di'as   prorrogables   por 20 di'as   ante   el   juez   de
instruccio'n, 15 di'as   consecutivos   para   para   el   juicio
y 15 di'as para  la apelacio'n.  En virtud del proceso civil, una
vez que  la corte  superior declara  culpable al  acusado,  e'ste
puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia para que se revise
la condena.  El Presidente  de la  Corte Suprema  determina  que'
miembros  de   la  Corte   formara'n  parte   de  la  sala  penal
especializada antiterrorista  que examina  estos casos.  (En este
contexto, se recordo' al Relator Especial el hecho de que en 1992
el  Presidente   de  la  Corte  Suprema  y  la  mayori'a  de  los
magistrados de  la Corte  fueron nombrados por el poder ejecutivo
y, por  lo tanto,  hay quienes no los consideran independientes.)
Los jueces  "sin rostro"  de los  tribunales civiles "sin rostro"
proceden de  todos los  sectores del servicio judicial, incluidas
las salas especializadas. En consecuencia, se dice que carecen de
experiencia para  juzgar  casos  de  terrorismo  y  presuntamente
suelen basarse  por entero  en las  pruebas  presentadas  por  la
polici'a. El  arti'culo 13 tambie'n  dispone que  no  procede  la
recusacio'n contra  los magistrados  y contra  los auxiliares  de
justicia por  parte de  los acusados y que las cuestiones previas
se  resolvera'n  en  el  principal  con  la  sentencia;  adema's,
prohi'be ofrecer como testigos a los miembros de la polici'a o de
las fuerzas  armadas  que  intervinieron  en  el  interrogatorio.

54.  El   arti'culo 17  estipula   que  los   magistrados  asumen
competencia a  nivel nacional  para conocer  de  esos  casos.  El
arti'culo 18  prohi'be   que  en  los  procesos  por  delitos  de
terrorismo los  abogados patrocinen simulta'neamente a ma's de un
encausado  (este  arti'culo  se  derogo'  posteriormente),  y  el
arti'culo 21 modifica  el arti'culo 29  del Co'digo Penal, ya que
preve' la  cadena perpetua  como una de las sanciones posibles en
el sistema penal.

55. En  virtud de  la legislacio'n  de emergencia,  el magistrado
esta' obligado  a abrir  una instruccio'n y ordenar la detencio'n
cuando una  persona ha  sido acusada  de terrorismo,  aunque  los
hechos no  confirmen necesariamente  la alegacio'n  de que  se ha
cometido  un   delito  de   terrorismo.  Una   vez  terminada  la
instruccio'n, la  persona so'lo  puede ser puesta en libertad por
la Corte  Superior. Cuando  se comenzo' a aplicar la legislacio'n
de emergencia,  los casos  de "terrorismo" podi'an ser examinados
por magistrados superiores (vocales) en los distritos judiciales,
independientemente de su especializacio'n.

56. Sin  embargo, a  partir de  noviembre  de  1993  se  enmendo'
gradualmente la legislacio'n antiterrorista. Se permitio' que los
jueces  de   primera  instancia   y  de   las  cortes  superiores
dispusieran la libertad incondicional de las personas acusadas de
delitos de terrorismo si no habi'a pruebas suficientes (aunque en
la  pra'ctica   pocas  veces   se  aplico'  este  procedimiento).
Se restablecio' el  derecho a  una pronta determinacio'n judicial
de la  legalidad de  la detencio'n  (ha'beas corpus). Adema's, se
permitio' que  los abogados representaran simulta'neamente a ma's
de una  persona acusada de terrorismo. A partir de 1996, ya no se
permitio' que  la polici'a presentara a los detenidos acusados de
delitos terroristas  a los  medios de comunicacio'n; sin embargo,
se le  permitio' que siguiera aplicando esta pra'ctica en el caso
de los  detenidos  acusados  de  traicio'n.  Se  restablecio'  el
derecho a  tener acceso  a un  abogado desde  el  momento  de  la
detencio'n y  se declaro'  obligatoria la  presencia de un fiscal
durante el interrogatorio de la polici'a.

57. Asimismo,  el 28 de marzo de 1996 el Congreso promulgo' leyes
para que se enjuciara nuevamente a los presos absueltos y puestos
en libertad  por tribunales  civiles o  militares cuyos  casos se
hubieran vuelto  a abrir  por orden de la Corte Superior. Se dice
que el  an~o anterior  la Corte  Suprema habi'a  ordenado que  se
volviera a  enjuiciar  a  cientos  de  presos  que  habi'an  sido
absueltos por los tribunales inferiores, como consecuencia de las
revisiones judiciales  estipuladas por las leyes antiterroristas.
En muchos  casos se  ordenaron nuevos  juicios sobre  la base  de
errores te'cnicos  de procedimiento en los tribunales inferiores.

58. El  Presidente de  la Corte  Suprema dijo al Relator Especial
que desde 1993  hasta el  29 de  agosto de  1996, la Corte habi'a
recibido 3.662  casos relativos  al terrorismo, de los cuales 766
se  hallaban   au'n  pendientes  y  2.789  se  habi'an  resuelto.

El delito de traicio'n a la patria

59. En  virtud de  la legislacio'n  de emergencia, los tribunales
militares en  el Peru' son  competentes para conocer de los casos
de traicio'n, de conformidad con el Decreto-ley No 25659, en cuyo
arti'culo 1  se definen  los delitos de traicio'n de la siguiente
manera: a)  utilizacio'n de  coches-bomba o similares, artefactos
explosivos, armas  de guerra o similares, que causen la muerte de
personas o lesionen su integridad fi'sica o salud mental o dan~en
la propiedad  pu'blica o  privada, o  cuando  de  cualquier  otra
manera se  pueda generar  grave peligro  para la  poblacio'n;  b)
almacenamiento  o  posesio'n  ilegal  de  materiales  explosivos,
nitrato de amonio o los elementos que sirven para la elaboracio'n
de  este   producto  o  proporcionar  voluntariamente  insumos  o
elementos utilizables  en la  fabricacio'n de explosivos, para su
empleo  en   los  actos   previstos  en   el   inciso   anterior.

60. Las  actuaciones del  sistema militar,  al igual  que las del
sistema civil,  comprenden  tres  etapas:  la  primera  etapa  se
desarrolla ante  el  juez  de  instruccio'n,  la  segunda  en  el
tribunal o  consejo de  guerra, y  la tercera,  la  etapa  de  la
apelacio'n,  ante   el  Consejo   Supremo  de  Justicia  Militar.
Sin embargo, en  virtud del  Decreto-ley No  25708  las  personas
acusadas de  traicio'n  son  enjuiciadas  por  un  solo  tribunal
compuesto por  cuatro oficiales militares en servicio activo, que
cuentan con  la asistencia  de  un  abogado  militar.  El Consejo
Supremo de  Justicia Militar so'lo puede examinar las apelaciones
contra una  condena si  el tribunal  militar ha impuesto una pena
privativa de libertad de 30 o ma's an~os. Las personas condenadas
por traicio'n  por los  tribunales militares  no tienen derecho a
apelar ante  la Corte  Suprema. Se  entiende que  un  juicio  por
traicio'n debe  quedar terminado  en el  plazo de diez di'as y la
apelacio'n ante  el Consejo  Supremo de Justicia Militar en cinco
di'as. Los  abogados sostienen  que no  tienen tiempo  suficiente
para preparar  la defensa.  Adema's, expresan la preocupacio'n de
que, contrariamente a lo que sucede en las causas civiles, en las
que el  acusado es  puesto en libertad inmediatamente despue's de
ser absuelto  por el  tribunal civil,  el acusado absuelto por un
tribunal militar  tiene que  esperar la confirmacio'n del Consejo
Supremo de  Justicia Militar,  que puede  tardar varios  meses en
obtenerse.

61. El procedimiento que resulta aplicable para estos casos es un
procedimiento sumario establecido en el arti'culo 721 del Co'digo
de Justicia  Militar,  que  sen~ala  que  cuando  el  delito  sea
flagrante  se   celebrara'  el   consejo  de   guerra   especial,
procediendo e'ste a recibir las pruebas sumarias y a fallar en el
acto  (ve'ase   CCPR/C/83/Add.1,  pa'rr.   228).  Los  tribunales
militares   celebran    sus   audiencias    a   puerta   cerrada.

62. En  los casos  de traicio'n,  el peri'odo de detencio'n de 15
di'as en  re'gimen de incomunicacio'n puede prorrogarse por otros
15 di'as,  segu'n el  apartado a) del arti'culo 2 del Decreto-ley
No 25744.

63. Se informo' al Relator Especial de que a menudo no se aceptan
las pruebas  que presenta la defensa en los juicios, y se da ma's
cre'dito a  las pruebas  presentadas por  la DINCOTE. Adema's, se
informo' al  Relator Especial  de que  los fallos  judiciales con
frecuencia no se basan en las pruebas presentadas en los juicios;
muchas veces los tribunales se basan en las investigaciones y los
informes presentados  al tribunal  por la  polici'a y  que no  se
comunican al abogado defensor.

64. El  4 de noviembre de 1997, el Presidente del Consejo Supremo
de Justicia  Militar, General Guido Guevara Guerra, informo' a la
Comisio'n de Pacificacio'n y Derechos Humanos del Congreso de que
en virtud  del Decreto-ley,  desde agosto de 1992 hasta noviembre
de 1997  ma's de 1.600 civiles habi'an sido sometidos a juicio en
tribunales militares "sin rostro" por traicio'n; de esa cantidad,
1.067 habi'an  sido condenados,  29 casos  se hallaban en estudio
por "consejos  especiales" y  520 se  hallaban en  la etapa de la
investigacio'n.

Ley de Arrepentimiento

65. La  denominada Ley de Arrepentimiento, que estuvo en vigencia
entre mayo  de 1992  y  noviembre  de  1994,  beneficiaba  a  los
miembros "arrepentidos"  de los  grupos armados de oposicio'n que
suministraban  informacio'n   al   Gobierno   sobre   actividades
terroristas: las  penas eran  objeto de remisio'n, se reduci'an o
los interesados  no eran  enjuiciados. En  los  informes  de  los
abogados y  de las  fuentes no gubernamentales se afirma que esta
ley resulto'  en la  detencio'n injusta  y arbitraria  de  muchas
personas que no formaban parte de la oposicio'n armada (ve'ase la
seccio'n C infra).

"Leyes de amnisti'a" de 1995

66. El  14 de junio de 1995, el Congreso del Peru' aprobo' la Ley
No 26479,  por la  que se  concedio'  una  amnisti'a  general  al
personal militar,  policial o  civil  que  habi'a  sido  acusado,
procesado o  condenado por actos relacionados con la lucha contra
el terrorismo.  Cuando algunos  magistrados declararon que la ley
no era  aplicable  a  los  casos  concretos  que  ya  se  estaban
investigando, el  Congreso aprobo'  la Ley No 26492 por la que se
prohibio' que  los magistrados declararan que la ley anterior era
inconstitucional. Las dos leyes se conocen en general como "leyes
de amnisti'a" (5).

67. En  las reuniones  celebradas con  el Relator  Especial,  los
opositores de  esas leyes  reiteraron que,  a su juicio, esas dos
leyes ofreci'an  una impunidad  total a  quienes  habi'an  tomado
parte en violaciones de los derechos humanos, en particular a los
militares, las fuerzas de seguridad y la polici'a. Se consideraba
que las  leyes eran  inconstitucionales e  incompatibles con  los
instrumentos internacionales  de derechos humanos en que es parte
el Peru'. A ese respecto, el Comite' de Derechos Humanos ha dicho
que las  "leyes de  amnisti'a" impedi'an  la investigacio'n  y el
castigo apropiados  de los autores de violaciones de los derechos
humanos cometidas en el pasado (6).

68. Las  autoridades pu'blicas  informaron al Relator Especial de
que las  "leyes de  amnisti'a"  se  promulgaron  como  parte  del
proceso de  paz y  juntamente  con  la  ley  reformada  sobre  el
terrorismo que,  segu'n el Gobierno, habi'a beneficiado a ma's de
5.000 personas que habi'an sido declaradas culpables o condenadas
por actos  terroristas. Sin  embargo, el Relator Especial expresa
su preocupacio'n  por el  hecho de que, antes de la presentacio'n
imprevista del  proyecto de  ley al Congreso en junio de 1995, no
se habi'a celebrado un referendo pu'blico en el que la poblacio'n
del Peru'  pudiera expresar su opinio'n. Adema's, la Coordinadora
Nacional de  Derechos Humanos  le informo' de que, como resultado
de las  "leyes de amnisti'a", unas 1.000 vi'ctimas de violaciones
de los derechos humanos como la tortura, la detencio'n arbitraria
y forzada  o las  desapariciones involuntarias  no podri'an tener
acceso a la justicia

B.  La  legislacio'n  antiterrorista  a  la  luz  de  las  normas
internacionales

69. El Relator Especial desea destacar su preocupacio'n en lo que
respecta al  posible mantenimiento  de los  jueces militares "sin
rostro" para procesar a los civiles acusados de traicio'n. A este
respecto, el  Relator Especial  deseari'a analizar el uso de esos
tribunales a  la luz de las normas internacionales, especialmente
en las  regiones del pai's donde au'n se halla en vigor el estado
de emergencia.

70. Distintas  organizaciones nacionales e internacionales ya han
sen~alado las  deficiencias  de  la  legislacio'n  antiterrorista
promulgada por  el Gobierno (7).  El consenso  es que el Peru' no
observo'  las  condiciones  generales  previstas  en  el  derecho
internacional para  los estados  de excepcio'n; en particular, el
Gobierno  del   Peru',  al   definir  vagamente  los  delitos  de
terrorismo   y    traicio'n   y    castigarlos   con    sanciones
desproporcionadas, no  observo' la  norma de la proporcionalidad.
Al promulgar  esas  medidas  no  cumplio'  con  sus  obligaciones
internacionales,  y  suspendio'  derechos  fundamentales  que  no
pueden suspenderse  ni siquiera  durante un estado de excepcio'n,
principalmente el  derecho a  las garanti'as procesales debidas y
el derecho  de toda persona a ser oi'da por un juez independiente
e imparcial.

71. Las  facultades excesivas  de la  polici'a, que  les  permite
imponer  en  forma  unilateral,  sin  consultar  a  un  juez,  la
detencio'n en  re'gimen de incomunicacio'n y las restricciones al
derecho de  defensa en  los tribunales  "sin  rostro"  civiles  y
militares no  se compadecen con las disposiciones de los tratados
internacionales de  derechos humanos en que es parte el Peru', en
particular las que preve'n el derecho a las garanti'as procesales
debidas y  los elementos  que las  componen. El arti'culo 8 de la
Convencio'n Americana  sobre Derechos  Humanos es particularmente
pertinente porque  preve' el  derecho a las garanti'as judiciales
debidas  y   considera  que  ese  es  un  derecho  que  no  puede
suspenderse  ni   siquiera  durante   un  estado  de  excepcio'n.

72. Los abogados defensores sostienen que, en los tribunales "sin
rostro" civiles, su acceso a las pruebas es limitado. Adema's, no
se les  permite contrainterrogar  a los  testigos de  las fuerzas
policiales o  militares, cuya identidad no se revela ni antes, ni
durante, ni  despue's del  juicio. En los tribunales "sin rostro"
militares, los  abogados defensores  sostienen que tienen grandes
dificultades para  acceder a  los  expedientes  de  los  juicios.
Asimismo, se  informo' al Relator Especial de que los abogados de
los acusados  que comparecen  en las  bases  militares  donde  se
celebran los  juicios se  hallan sometidos a medidas de seguridad
que se  consideran humillantes  o intimidantes. En particular, la
pra'ctica de encapuchar a los abogados antes que entren a la sala
del tribunal  se considera  una violacio'n del arti'culo 289.8 de
la Ley  Orga'nica del  Poder Judicial,  que dispone  que se deben
conceder  a   los  abogados   defensores  las  facilidades  y  la
consideracio'n que su funcio'n requiere (8).

73.  En  lo  que  respecta  al  derecho  a  un  juez  competente,
independiente e  imparcial, el Relator Especial deseari'a evaluar
los tribunales  "sin rostro"  civiles y militares a la luz de las
normas  internacionales.  La  principal  caracteri'stica  de  las
actuaciones ante  los tribunales "sin rostro", tanto civiles como
militares,  es   el  secreto.   Los  jueces  y  los  fiscales  se
identifican con  una clave.  Cuando examinan  casos de traicio'n,
los magistrados  de la  Corte Suprema tambie'n se identifican con
una clave  secreta. Los acusados  y sus  abogados no pueden ver a
los jueces  en ningu'n momento y el juicio se desarrolla a puerta
cerrada.  Las  audiencias  tienen  lugar  en  salas  de  tribunal
especialmente equipadas dentro de las ca'rceles de alta seguridad
o, en  los casos  de traicio'n, en las bases militares. Las salas
de tribunal  son pequen~as,  tienen una  sola puerta  y un  falso
espejo que  ocupa una pared. En una sala adyacente, del otro lado
del espejo,  se hallan los jueces, los fiscales y los secretarios
judiciales, quienes  desde alli'  pueden ver a los acusados y sus
abogados. Se  comunican con los acusados y sus abogados a trave's
de micro'fonos  que deforman la voz. Como el sistema de sonido no
siempre funciona  adecuadamente, a  veces le resulta imposible al
acusado o a su abogado entender lo que se dice, lo cual en muchos
casos ha  obstaculizado gravemente  las actuaciones o afectado la
defensa.

74.  El   principal  argumento   que  dio  el  Gobierno  para  la
utilizacio'n de  los jueces "sin rostro" era la proteccio'n de la
integridad fi'sica  de los  jueces, habida  cuenta de  la amenaza
terrorista. Sobre  la base  de las  declaraciones hechas  por los
propios jueces,  la impresio'n  general del  Relator Especial fue
que los  jueces y  los fiscales,  que supuestamente se benefician
por el  hecho de  que trabajan  en forma  ano'nima, no se sienten
protegidos por  el sistema. A juicio de ellos, es bastante fa'cil
descubrir quie'nes son los jueces y los fiscales, particularmente
en las  provincias o  en las  ciudades pequen~as;  por lo  tanto,
consideran que  el sistema no cumple el propo'sito para el que se
establecio'  (es decir,  la  proteccio'n  de  los  jueces  y  los
fiscales), y la mayori'a de los entrevistados reconocieron que en
ese sistema  no existen las garanti'as procesales debidas. A este
respecto, las  normas internacionales  disponen que  las  medidas
destinadas a  suspender  ciertos  derechos  se  aplicara'n  so'lo
cuando sea estrictamente necesario. Con arreglo a la informacio'n
recibida por  el Relator  Especial, de 1992 a 1997 los  jueces no
fueron vi'ctimas  de la violencia terrorista. En consecuencia, la
utilizacio'n de  tribunales "sin rostro" no responde al principio
de la estricta necesidad. Adema's, aunque existiera una necesidad
real de  aplicar medidas  para proteger  la integridad fi'sica de
los jueces  y los  auxiliares de justicia, esas medidas deberi'an
ser compatibles  con las  dema's obligaciones internacionales del
Gobierno y  no deberi'an  menoscabar el derecho del acusado a las
garanti'as procesales debidas (9).

75. Se  establecieron tribunales "sin rostro" civiles y militares
para juzgar los casos de terrorismo y traicio'n, respectivamente,
y los  abogados defensores no teni'an la posibilidad de presentar
una  peticio'n   para  recusar   a  los  jueces  por  motivos  de
parcialidad  u   otros  motivos   similares.  La utilizacio'n  de
tribunales  "sin rostro"  planteaba  problemas  respecto  de  las
normas de independencia e imparcialidad.

76. Las normas internacionales preve'n el derecho a ser oi'do por
un tribunal  competente, independiente  e imparcial  durante  los
estados de excepcio'n. A ese respecto, los principios 3 c) y 5 de
las Normas  Mi'nimas de Pari's, el arti'culo 27 de la Convencio'n
Americana sobre  Derechos Humanos, el principio 5 b), c), d), e),
f) del  proyecto de declaracio'n universal sobre la independencia
de  la   justicia  y   el  principio 22   de  los  Principios  de
Johannesburgo preve'n  que durante  un estado  de  excepcio'n  el
derecho a  un  recurso  efectivo  ante  un  tribunal  competente,
independiente e imparcial es un derecho que no puede suspenderse.
Si bien el  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Poli'ticos
dice  expli'citamente   que  las   garanti'as  contenidas  en  el
arti'culo 14 no  constituyen un derecho que no puede suspenderse,
impli'citamente hay una violacio'n del arti'culo 14 si el acusado
no cuenta  con las garanti'as procesales debidas, que incluyen el
derecho a  ser oi'do  por un tribunal competente, independiente e
imparcial.

77. El  hecho de  ocultar la  identidad  del  juez  menoscaba  la
responsabilidad pu'blica  de los jueces que examinan los casos de
terrorismo o  traicio'n. A este  respecto, el  principio 6 de los
Principios Ba'sicos relativos a la Independencia de la Judicatura
dispone claramente  que "[e]l principio de la independencia de la
judicatura autoriza  y obliga a la judicatura a garantizar que el
procedimiento judicial  se desarrolle  conforme a  derecho,  asi'
como el  respeto de  los derechos  de  las  partes".  Uno de  los
derechos ba'sicos  de los  acusados en  los casos de terrorismo y
traicio'n es  saber quie'n juzga el caso. El principio 2 dice que
los jueces  resolvera'n los asuntos de que conozcan basa'ndose en
los hechos  y en  consonancia con el derecho, sin restricciones o
intromisiones indebidas, sean directas o indirectas. Es imposible
determinar si  un juez  tiene motivos  indebidos al  juzgar a una
persona acusada  de formar  parte de una organizacio'n terrorista
cuando se trata de un juez "sin rostro".

78. En  lo que respecta a la utilizacio'n de tribunales militares
para  juzgar   a  civiles,  en  el  derecho  internacional  esta'
apareciendo  un   consenso  sobre   la  necesidad  de  restringir
radicalmente, o  incluso  prohibir,  esa  pra'ctica (10).  A este
respecto, el  Comite' de  Derechos Humanos,  en  su  Observacio'n
general No 13  sobre el  arti'culo 14  del Pacto Internacional de
Derechos Civiles  y Poli'ticos,  dijo que,  si bien  el Pacto  no
prohi'be los  tribunales militares,  el procesamiento  de civiles
por tales  tribunales debe  ser  muy  excepcional  y  ocurrir  en
circunstancias que  permitan verdaderamente  la plena aplicacio'n
de las  garanti'as previstas en el arti'culo 14 (HRI/GEN/1/Rev.3,
pa'rr. 4). El Relator Especial tiene ciertas reservas respecto de
esta Observacio'n  general, habida cuenta de la evolucio'n actual
del derecho  internacional, que  se orienta hacia la prohibicio'n
de la  utilizacio'n de tribunales militares para el procesamiento
de civiles.

79. Los  principios 3  y 5 de los Principios Ba'sicos relativos a
la Independencia  de la  Judicatura preve'n  el derecho  de  toda
persona a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios o
por   tribunales    legalmente   establecidos.    En forma   ma's
catego'rica,  el  principio 5 f)  de  los  principios  de Singhvi
dispone que  la competencia  de los  tribunales militares estara'
limitada a  los delitos  militares y  que  existira'  siempre  un
derecho de  apelacio'n contra  las decisiones  de esos tribunales
ante una corte o tribunal de apelaciones legalmente calificados o
de interponer  un recurso para solicitar una anulacio'n. Adema's,
el principio 22 b)  de los Principios de Johannesburgo preve' que
un civil  no podra' en ningu'n caso ser juzgado por un tribunal o
corte militar  por un  delito contra  la seguridad. El pa'rrafo 4
del arti'culo 16  de las Normas de Pari's tambie'n preve' que las
cortes civiles  tendra'n y  mantendra'n su competencia para todos
los juicios  de civiles acusados de delitos contra la seguridad u
otros delitos  conexos; se  prohibira' la  iniciacio'n  de  tales
actuaciones ante  un tribunal  o corte  militar o  su remisio'n a
esas instancias.  La creacio'n  de cortes o tribunales especiales
con competencia  para juzgar  delitos  que  son  ba'sicamente  de
cara'cter poli'tico  es contraria  al re'gimen  de derecho  en un
estado de excepcio'n.

80. Mientras  que en  los tribunales  civiles  todos  los  jueces
tienen formacio'n  juri'dica, en  los tribunales  militares so'lo
uno de  los cinco  jueces tiene  formacio'n juri'dica;  los otros
cuatro son  oficiales militares  de carrera  que  normalmente  no
tienen formacio'n  juri'dica. Como  consecuencia de  ello, cuando
esos oficiales  asumen  el  papel  de  "jueces",  siguen  estando
subordinados a  sus superiores  o al menos asi' se considera. Por
ello, los  que  critican  ese  procedimiento,  sostienen  que  la
independencia e  imparcialidad de  esos  jueces  es  dudosa (11).

81. El  Relator  Especial  desea  sen~alar  a  la  atencio'n  del
Gobierno otras  alegaciones relativas  a los tribunales militares
que recibio'  durante su  misio'n. Se  alega que  los  tribunales
militares han reemplazado a los tribunales ordinarios en casos de
violaciones de  los  derechos  humanos  cometidas  por  militares
contra civiles.  Se informo'  al Relator Especial de que cada vez
que se inicia una investigacio'n contra un miembro de las fuerzas
armadas por una violacio'n de los derechos humanos, el sistema de
justicia militar  pide que  se le  deje juzgar  ese  caso.  So'lo
excepcionalmente la  justicia militar  ha condenado a los autores
de violaciones  de los  derechos humanos  y en los pocos casos en
que efectivamente se dictaron condenas, al parecer ello se debio'
a  la  presio'n  internacional.  En el  caso  de  la  matanza  de
"La Cantuta", en  la que  nueve estudiantes  universitarios y  un
profesor resultaron  muertos por miembros de un grupo paramilitar
que presuntamente  teni'a estrechos  vi'nculos con los militares,
el Congreso  aprobo' la  Ley No 26291 de 8 de febrero de 1994 por
la que  se pudo  remitir el  caso a la jurisdiccio'n militar. Los
miembros  del   grupo  paramilitar  que,  segu'n  se  cree,  eran
responsables de  la matanza  fueron puestos  en libertad en 1995,
cuando se aprobaron las "leyes de amnisti'a".
C.  Comisio'n   ad  hoc   para  la   recomendacio'n  de  indultos

82.  Habida   cuenta  de   las  cri'ticas   formuladas  a   nivel
internacional y  nacional sobre  los procedimientos excepcionales
establecidos  para   juzgar  a   civiles  acusados   de   delitos
terroristas y/o  traicio'n, y los problemas evidentes que crearon
esos procedimientos,  el Gobierno  del Peru'  promulgo', el 15 de
agosto de 1996, la Ley No 26655 por la que se creo' una Comisio'n
ad hoc encargada de evaluar los casos y proponer al Presidente de
la  Repu'blica   la  concesio'n   del  indulto  para  quienes  se
encontraran acusados  o  condenados  por  delitos  de  terrorismo
cuando fuera  razonable presumir  que no  habi'an tenido  ningu'n
tipo   de   vinculacio'n   con   organizaciones   o   actividades
terroristas.

83. La  Comisio'n esta'  integrada por tres miembros: el Defensor
del Pueblo, que la preside; el representante del Presidente de la
Repu'blica, padre Hubert Lansier;  y  el  Ministro  de  Justicia.
El 11 de septiembre de 1996, la Secretari'a Te'cnica comunico' al
pu'blico los  procedimientos que  debi'an seguirse para presentar
peticiones a  la Comisio'n.  Cualquiera que tenga conocimiento de
que una  persona que  es inocente ha sido acusada o condenada por
actos de  terrorismo o  traicio'n puede  presentar una  peticio'n
a la Comisio'n. Las investigaciones de la Comisio'n no se limitan
al  estudio   de  los   expedientes,  sino   que  pueden  incluir
entrevistas  con   las  personas   interesadas.   Hasta noviembre
de 1997, la  Comisio'n ad  hoc habi'a  recibido 2.464 peticiones.
Hasta la  fecha  en  que  se  termino'  de  elaborar  el presente
informe, 309 personas   habi'an   sido   puestas   en   libertad.
Sin embargo, au'n  hay un  gran nu'mero  de casos  pendientes: la
Comisio'n   todavi'a    tiene    que    evaluar 1.742 peticiones.
La mayori'a de  las personas  detenidas injustamente  proceden de
las zonas  rurales  del  pai's  (56,2%);  el 86%  son  hombres  y
el 70% jefes de familia.

84. El mandato de la Comisio'n ad hoc se prorrogo' hasta el 28 de
febrero de 1998  por la  Ley No 28840,  de 16 de  julio  de 1997;
posteriormente, por  la Ley No 26894  de 10 de diciembre de 1997,
se prorrogo'  el mandato  por otros 180 di'as  a partir del 10 de
marzo de 1998.

85. El  Relator Especial expresa su satisfaccio'n por el hecho de
que el  Gobierno haya  establecido la  Comisio'n ad  hoc como una
medida encaminada  a corregir  los  dan~os  causados  a  personas
inocentes que  fueron juzgadas  y condenadas  por los  tribunales
"sin  rostro"  civiles  y  militares;  sin  embargo,  el  Relator
Especial desea sen~alar que el establecimiento de la Comisio'n es
de por si' un reconocimiento por parte del Gobierno de las graves
anomali'as observadas  en  los  procedimientos  por  los  que  se
juzgaron los  casos de  terrorismo y traicio'n que dieron lugar a
injusticias.

86.  No   obstante,  el   Relator  Especial   desea  expresar  su
preocupacio'n por la situacio'n de las personas inocentes que han
sido indultadas.  Segu'n la  informacio'n recibida por el Relator
Especial, las  personas que  se han  beneficiado de  indultos  se
enfrentan con  una serie  de dificultades que habra' que resolver
mediante otra ley. Por ejemplo, hay que suprimir sus antecedentes
criminales y penales y hay que exonerarlos del pago de las multas
que se  le hayan impuesto; en caso de que las hayan pagado se les
debe devolver el importe; adema's, hay que dar por concluidos los
casos de  las personas  que fueron  acusadas  pero  no  juzgadas.
Adema's, habida  cuenta de  que esas  personas han sufrido graves
dan~os  econo'micos   y  a   menudo  psicolo'gicos   es   preciso
concederles una indemnizacio'n.

III. INDEPENDENCIA  DE LOS JUECES Y FISCALES: LA REFORMA JUDICIAL
EN CURSO EN EL PERU'

A. Necesidad de la reforma judicial


87. Hay  acuerdo general  acerca de  la  imperiosa  necesidad  de
reformar el  poder judicial. Entre  los problemas existentes cabe
mencionar los  bajos sueldos de los jueces, su escasa formacio'n,
la larga duracio'n de los procesos judiciales, la limitacio'n del
acceso  a   la  justicia,   la  deficiencia   de  los  mecanismos
alternativos para  solucionar los litigios, la deficiencia de los
sistemas de  gestio'n, las  deficiencias en la administracio'n de
las salas,  la deficiente supervisio'n del sistema, la escasez de
infraestructura  fi'sica   y  la   corrupcio'n  desenfrenada.  En
consecuencia, se  alega que  el sistema  judicial no  protege los
derechos    humanos     fundamentales    de    los    ciudadanos.

88.  De   hecho,  los  problemas  del  poder  judicial  han  sido
reconocidos por los distintos Gobiernos que han ejercido el poder
en el  Peru' y  casi todos  ellos han intentado reformar el poder
judicial durante  la historia  republicana del  pai's. La  actual
situacio'n  del   pai's  inspiro'  el  intento  de  reforma  ma's
reciente, que  se inicio'  con los acontecimientos del 5 de abril
de 1992, cuando el Presidente Fujimori menciono' la corrupcio'n y
la falta  de eficiencia  del poder  judicial  como  motivos  para
interrumpir el orden constitucional.

89. La  reforma  en  curso  ha  sido  promovida  por  los  bancos
multilaterales, como  el Banco  Interamericano de Desarrollo y el
Banco Mundial,  en el marco de la reforma econo'mica que se esta'
llevando a cabo en el pai's.

90. Los  objetivos del  programa del  Banco Mundial  en el  Peru'
figuran en  un documento titulado "World Bank Project Information
Document. Peru Administration of Justice Project", de 12 de junio
de 1995.  Esos objetivos son los siguientes: mejorar el acceso al
poder judicial;  reducir la  lentitud en  la  administracio'n  de
justicia; mejorar  la competencia  profesional de  los abogados y
los jueces y la calidad de los recursos humanos, tanto judiciales
como  administrativos;   y  fortalecer   la  capacidad   de   las
instituciones judiciales  y de  otra i'ndole  para  resolver  los
litigios.  Segu'n   el  Banco  Mundial,  la  obtencio'n  de  esos
objetivos proporcionari'a una base importante para garantizar una
mayor independencia  del poder  judicial. Al  respecto, el  Banco
Mundial ha  reconocido que la independencia del poder judicial es
fundamental para  llevar a  cabo la reforma judicial en el Peru'.
Sin embargo,  la cuestio'n  de la  independencia judicial  no  se
trato' especi'ficamente en el estudio.

91. El  Relator Especial desea sen~alar que el mejoramiento de la
competencia profesional  de  los  abogados  y  los  jueces  y  el
fortalecimiento de las instituciones judiciales son fundamentales
para garantizar la independencia judicial en el Peru', por lo que
apoya firmemente  los esfuerzos  que se  esta'n haciendo  en  esa
esfera. Sin  embargo, la  reforma tambie'n requiere que los otros
poderes del  Estado respeten la independencia del poder judicial,
si e'ste ha de ser una institucio'n fuerte y vigorosa que proteja
el Estado de derecho y los derechos de los peruanos. Al respecto,
preocupa al  Relator Especial que  los jueces y otros miembros de
la comunidad  judicial con  los que  se  entrevisto'  durante  su
visita al  Peru' interpreten  algunos aspectos de la reforma como
una injerencia del poder ejecutivo.

B. La  reforma judicial  peruana desde  el punto  de vista de las
normas internacionales

92. El proyecto de reforma del poder judicial fue iniciado por el
Gobierno el 20 de  noviembre de 1995,  mediante la  Ley No 26546,
por la  que se  creo' la  Comisio'n Ejecutiva del Poder Judicial,
encabezada por  un Secretario  Ejecutivo,  el  Comandante  de  la
Armada Peruana  (r) Jose' Dellepiani  Massa, y  compuesta por los
magistrados de  la Corte Suprema. Entre otras cosas, la Comisio'n
se encarga  de  evaluar  y  clasificar  al  personal  auxiliar  y
administrativo del poder judicial.

1. Objetivos de la reforma judicial

93. Segu'n  un documento  oficial de  junio de 1997 relativo a la
evolucio'n  de   la reforma  judicial,   uno  de   los   aspectos
fundamentales  de   la  reforma   es  la modernizacio'n   de   la
administracio'n  de  justicia.  Al respecto,  se  han establecido
"mo'dulos    corporativos     de    apoyo    a    los    juzgados
especializados" (12). La principal  finalidad de esos mo'dulos es
aprovechar ma's  eficazmente los  recursos logi'sticos  y humanos
asignados y  lograr una  gestio'n administrativa  o'ptima de  los
expedientes judiciales. Una dependencia administrativa se encarga
de distribuir  los expedientes judiciales y dema's documentacio'n
de los distintos jueces (13).

94. Otro  aspecto de  la reforma  son las diversas medidas que se
han adoptado  para reducir  el  volumen  de  trabajo  atrasado  y
facilitar el  acceso a la justicia. Al respecto, se ha instaurado
un sistema  de sustanciacio'n  de los  juicios en  los centros de
detencio'n con  todas  las  garanti'as  y  medidas  de  seguridad
necesarias para administrar justicia.

95. Otra  medida aplicada  es la  reciente apertura  de la  Corte
Superior de  Santa, en  la ciudad  de Chimbote,  como  parte  del
proceso de  descentralizacio'n destinado  a hacer  frente al gran
volumen de  trabajo  atrasado  en  las  provincias  de  Pallasca,
Corongo, Santa, Huarmey y Casma.

96. La  reforma judicial  implica una  inversio'n considerable en
nuevas tecnologi'as,  especialmente en la compra de computadoras,
para la  que se preve' un gasto de ma's de 5 millones de do'lares
hasta fines  de 1998. A mayo  de 1997 el  poder  judicial  habi'a
invertido  unos 12.224.000 nuevos   soles   en   infraestructura.

97. El Relator Especial celebra esas medidas, que son compatibles
con la  obligacio'n que  tiene  el  Estado  de  asignar  recursos
suficientes  para   que  el   poder  judicial   pueda   funcionar
adecuadamente. En  el caso  del Peru'  la escasez  de recursos ha
obstaculizado  el   funcionamiento  de   la  administracio'n   de
justicia, por lo que es imperativo hacer frente a esa deficiencia
en el marco de la reforma.
2. O'rganos  creados para  llevar  a  cabo  la  reforma  judicial

98. Mediante  la Ley  No 26546, por  la que se creo' la Comisio'n
Ejecutiva del  Poder Judicial, se suspendieron varios importantes
arti'culos de la Ley Orga'nica del Poder Judicial que trataban de
la  competencia   de  las  personas  que  componen  la  Comisio'n
Ejecutiva (14), integrada por los magistrados de la Corte Suprema
que presiden  las Salas Penal, Civil y Constitucional de ese alto
tribunal.

99. Mediante la Ley No 26623, de 18 de junio de 1996, se creo' el
Consejo de Coordinacio'n  Judicial, encargado  de  supervisar  la
reforma judicial.  Este o'rgano se ocupa de coordinar las medidas
en materia  de desarrollo  y organizacio'n  de las  instituciones
vinculadas al  servicio de justicia. Lo encabeza el Presidente de
la Corte Suprema. Las nuevas atribuciones otorgadas al Consejo en
las disposiciones  transitorias de  la  Ley  No 26623  provocaron
inquietud, porque  se temi'a  que  el  Consejo  hubiera  recibido
facultades   extraordinarias    que   pudiesen    menoscabar   la
independencia de los jueces y fiscales. De hecho, en su decisio'n
de 29  de octubre  de 1996  el Tribunal  Constitucional  declaro'
inconstitucionales algunas  partes de  las disposiciones primera,
segunda, tercera y sexta.

100.  El   Tribunal  Constitucional   declaro'  que   la  primera
disposicio'n  transitoria  sobre  la  creacio'n  del  Consejo  de
Coordinacio'n Judicial  no violaba  como tal ninguna disposicio'n
constitucional y  que la  forma en  que el  Consejo adoptaba  las
decisiones tampoco violaba ningu'n arti'culo de la Constitucio'n.
Empero, el  Tribunal afirmo'  que el  peri'odo de reorganizacio'n
debi'a establecerse por ley y declaro' la inconstitucionalidad de
la  disposicio'n  que  otorgaba  a  la  Comisio'n  Ejecutiva  del
Ministerio Pu'blico  la facultad  de destituir a los fiscales que
no observaran  conducta  e  idoneidad  propias  de  su  funcio'n,
basa'ndose en  que la  facultad para  destituir a  un fiscal  era
prerrogativa exclusiva  del Consejo  Nacional de la Magistratura.
En cuanto  a la  sexta disposicio'n,  el Tribunal  Constitucional
considero' que  el arti'culo 107  de la Constitucio'n no regulaba
el derecho  de iniciativa  legislativa previsto para la Comisio'n
Ejecutiva del  Poder Judicial,  por lo  que era inconstitucional.

3.   Inquietudes    provocadas   por    la    reforma    judicial

101. En  toda reforma  judicial deberi'an  tenerse debidamente en
cuenta los Principios Ba'sicos relativos a la independencia de la
judicatura,   y   los   mecanismos   instaurados   no   deberi'an
obstaculizar la  independencia  e  imparcialidad  judiciales.  Al
respecto, el  Relator Especial desea formular observaciones sobre
algunos aspectos  de la  reforma judicial  llevada a  cabo en  el
Peru', basa'ndose en esos principios.

102. La  principal caracteri'stica  de la  reforma judicial es el
alto grado de centralizacio'n del proceso de toma de decisiones y
de la  gestio'n del  presupuesto asignado al poder judicial. Esas
tareas esta'n  a  cargo  de  la  Comisio'n  Ejecutiva  del  Poder
Judicial, y  ma's concretamente  de su Secretario Ejecutivo, y la
ley no preve' mecanismos para controlar las medidas adoptadas por
la Comisio'n.  Al respecto,  la concentracio'n  de  poder  en  el
u'nico  o'rgano   encargado  de  la  reforma  judicial,  de  cuyo
Secretario Ejecutivo  se suele considerar que esta' estrechamente
vinculado  al   poder   ejecutivo,   plantea   dudas   sobre   la
independencia de  ese o'rgano  y, por lo tanto, su capacidad para
llevar a  cabo la  reforma judicial  de manera  independiente. Al
respecto, muchos han considerado que la creacio'n de la Comisio'n
Ejecutiva del  Poder Judicial  ha  sido  un  acto  inadecuado  de
injerencia  del   poder   ejecutivo   en   el   poder   judicial.

103. El Relator Especial tiene una inquietud similar con respecto
a la creacio'n de la Comisio'n Ejecutiva del Ministerio Pu'blico,
a cuyo  Secretario Ejecutivo,  el ex Fiscal de la Nacio'n, se han
conferido importantes  facultades para  realizar la  reforma.  Se
suele considerar  que  tambie'n  el  Secretario  Ejecutivo  esta'
estrechamente vinculado con el poder ejecutivo.

104. Como  se ha  sen~alado, el  Gobierno  se  ha  esforzado  por
asignar ma's recursos al poder judicial. Por ejemplo, la difi'cil
situacio'n en  materia de  sueldos de  los  jueces,  descrita  al
Relator Especial durante su visita al Peru', ha mejorado. Algunas
fuentes oficiales  informan de  que en 1997 se otorgo' un aumento
general de sueldos a los jueces (15). El Relator Especial celebra
esa mejora.

105. El  nombramiento de  jueces con  cara'cter provisional se ha
convertido en una  pra'ctica  corriente  en  el  poder  judicial.
Segu'n estadi'sticas  recientes, a  agosto de  1997 habi'a  en la
Corte Suprema  16 magistrados  permanentes y otros 16 que habi'an
sido designados con cara'cter provisional; 247 magistrados de las
cortes superiores  eran permanentes  y 113 provisionales, y otros
25  eran   suplentes;  119   jueces  de  primera  instancia  eran
permanentes, 90 provisionales y 474 suplentes; y 10 jueces de paz
profesionales eran  permanentes, 8 provisionales y 327 suplentes.
La situacio'n es particularmente preocupante porque la abrumadora
mayori'a de  los jueces se desempen~an con cara'cter provisional.
Adema's, se alega que, fuera de Lima, todos los jueces y fiscales
se desempen~an  con cara'cter  provisional, por  lo que  son ma's
vulnerables a la injerencia del Gobierno.

106. El  nombramiento de  jueces  con  cara'cter  provisional  es
contrario al principio de la inamovilidad de los jueces. Para que
el poder  judicial pueda  desempen~ar  sus  funciones  de  manera
independiente e  imparcial, debe  garantizarse a  los  jueces  su
inamovilidad como  condicio'n de  servicio. Podri'a  considerarse
que los  jueces a  los que  no se  garantiza la  inamovilidad son
vulnerables  a   la  injerencia  del  poder  ejecutivo.  Preocupa
particularmente al  Relator Especial  que se  encargue  a  jueces
provisionales la  tarea de  sustanciar  causas  por  los  delitos
relacionados con  el terrorismo. Al respecto, el Relator Especial
desea  remitir   al  principio 22 a)   de   los   Principios   de
Johannesburgo, que preve' claramente que el enjuiciamiento de las
personas que  hayan sido  acusadas de delitos relacionados con la
seguridad por  jueces  cuya  inamovilidad  no  este'  garantizada
constituye prima facie  una violacio'n  del derecho a ser juzgado
por un  tribunal independiente. Adema's, los jueces provisionales
no  disfrutan   del  derecho   previsto  en   el  apartado 2  del
arti'culo 146  de   la  Constitucio'n   de 1993,  que  preve'  la
inamovilidad de los miembros del poder judicial, lo que significa
que no  pueden ser  trasladados sin su consentimiento. Los jueces
provisionales  pueden  ser  trasladados  sin  su  consentimiento.

107. Al respecto,  el Relator  Especial desea sen~alar el caso de
los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima
(Sergio Salas, Elizabeth MacRae Rhays  y Juan  Castillo Va'zquez)
que el 26 de  junio de 1997 fueron  trasladados de  sus cargos en
ese tribunal  por un grupo especial de la Corte Suprema, despue's
de que el Consejo Supremo de Justicia Militar presento' una queja
oficial  contra   ellos.  Los   jueces  habi'an   autorizado  las
peticiones   de    ha'beas corpus   de    ex miembros   de    las
fuerzas armadas,   como    el   ex general   Rodolfo Robles,   el
ex capita'n Gustavo Celsi Hurtado  y otros. El Consejo Supremo de
Justicia  Militar  acuso'  a  los  tres  jueces  de  intromisio'n
peligrosa en  la jurisdiccio'n  militar. Se alega  que  los  tres
jueces  fueron  trasladados  por  instruccio'n  de  la  Comisio'n
Ejecutiva del Poder Judicial.

108. El traslado de jueces de una jurisdiccio'n o funcio'n a otra
sin  su   consentimiento  constituye   una  violacio'n   de   los
principios 11 y 12  de los  Principios Ba'sicos  relativos  a  la
independencia  de  la  judicatura,  en  lo  que  respecta  a  las
condiciones de  servicio (16). El traslado  es  ma's  grave  au'n
cuando se  hace por  motivos indebidos  y a  peticio'n del  poder
ejecutivo.

109. Adema's,  en relacio'n  con  la  situacio'n  de  los  jueces
provisionales, el  Relator Especial desea sen~alar una alegacio'n
recibida recientemente  con respecto  a la Ley No 26898, de 15 de
diciembre  de 1997,  que  se  considera  un  obsta'culo  para  el
ejercicio del  poder judicial y el ministerio pu'blico. Segu'n la
informacio'n recibida,  el Congreso aprobo' esa ley para conferir
los mismos  derechos, atribuciones y prerrogativas a los jueces y
fiscales designados  con cara'cter  provisional por  la Comisio'n
Ejecutiva  del  Poder  Judicial  y  la  Comisio'n  Ejecutiva  del
Ministerio Pu'blico,  y someterlos  a las  mismas prohibiciones y
restricciones aplicables  a los  jueces designados por el Consejo
Nacional de la Magistratura.

110. El Relator Especial considera que la Ley No 26898 constituye
un adelanto  en la regularizacio'n de la situacio'n de los jueces
provisionales,  que   se   considera   son   vulnerables   a   la
intervencio'n del poder ejecutivo a rai'z de la precariedad de su
situacio'n.  Como  se  ha  sen~alado,  deberi'a  garantizarse  la
inamovilidad de los jueces hasta que alcancen la edad obligatoria
para jubilarse o expire su mandato legal. Sin embargo, el Relator
Especial desea  plantear algunas preocupaciones sobre las razones
de la  aprobacio'n de  esa reciente ley, basa'ndose en las quejas
que  ha   recibido.  Se  alega  que  la  razo'n  que  motivo'  la
aprobacio'n de la ley es garantizar que el magistrado de la Corte
Suprema que  sea elegido  para presidir  el  Jurado  Nacional  de
Elecciones   sea    una   persona   aceptable   para   el   Poder
Ejecutivo (17).  Siempre   en  relacio'n   con  esa   ley,  sigue
preocupando seriamente al Relator Especial que, a pesar de que se
confiera a  los jueces  provisionales las mismas facultades que a
los  permanentes,   esos  jueces   siguen  siendo  provisionales.

111. Segu'n  la misma fuente, los magistrados de la Corte Suprema
que  son   nombrados  con  cara'cter  provisional  por  el  poder
ejecutivo participara'n en la eleccio'n del Presidente del Jurado
Nacional  de  Elecciones.  Las  alegaciones  plantean  una  grave
inquietud en  cuanto a  los motivos  de la  aplicacio'n de lo que
podri'a considerarse  una medida  positiva. Se  estima  que  esos
jueces  favorecera'n   la  eleccio'n  de  un  candidato  que  sea
aceptable para  el poder  ejecutivo. Segu'n  la misma fuente, los
magistrados provisionales  de la  Corte Suprema tendra'n 16 votos
frente, a  los 14 de los  permanentes. Tambie'n se ha alegado que
la Ley No 26898  menoscaba la  independencia de los jueces porque
ampli'a sin li'mite el nu'mero de jueces provisionales y suspende
el nombramiento  de jueces permanentes por el Consejo Nacional de
la Magistratura.

112. Al  respecto, en  virtud del derecho internacional el Estado
tiene  la  obligacio'n  de  garantizar  la  independencia  de  la
judicatura, prevista en el principio 1 de los Principios Ba'sicos
relativos a  la independencia  de la  judicatura. Ello implica no
so'lo la  obligacio'n de  adoptar medidas positivas sino tambie'n
de abstenerse  de adoptar  medidas fundadas en motivos indebidos.
Adema's, el  principio 10 establece  claramente que "todo me'todo
utilizado para  la seleccio'n  de personal  judicial garantizara'
que e'ste  no sea  nombrado por motivos indebidos". Por lo tanto,
deben evaluarse  las razones  para la aprobacio'n de esa ley, que
preve' la  igualdad de derechos de los jueces provisionales, para
garantizar que  la medida  no menoscabe de hecho la independencia
de los jueces (18).

Proceso de ratificacio'n

113. La  Constitucio'n de 1993  dispone que los jueces y fiscales
de todos  los niveles  debera'n ser  ratificados cada siete an~os
por el  Consejo Nacional  de la  Magistratura. Los  que  no  sean
ratificados no  podra'n reincorporarse  al poder  judicial ni  al
Ministerio Pu'blico. El proceso de ratificacio'n es independiente
de  las   medidas  disciplinarias  (art. 154.2).  El  Comite'  de
Derechos Humanos  ha opinado que ese requisito podri'a afectar la
independencia del poder judicial (19).

114. El  Relator Especial  desea expresar  su  preocupacio'n  con
respecto  al   proceso  de   ratificacio'n   basa'ndose   en   el
principio 12  de   los  Principios   Ba'sicos  relativos   a   la
independencia de  la judicatura.  Un proceso de ratificacio'n que
se aplique  a los  jueces cada  siete an~os  podri'a considerarse
como una  injerencia en  la  independencia  del  poder  judicial.
Muchos jueces  con los  que se  entrevisto' el  Relator  Especial
expresaron el  temor de  que el  proceso de ratificacio'n pudiera
utilizarse para castigar o censurar a los jueces que pronunciaran
sentencias inaceptables para el poder ejecutivo o el legislativo.
Para garantizar  un alto  grado de  competencia profesional en la
judicatura,  las   personas  seleccionadas   para  ocupar  cargos
judiciales deberi'an  tener una  formacio'n  apropiada,  como  se
afirma  en  el  principio 10.  Al respecto,  la  Academia  de  la
Magistratura  tiene   la  obligacio'n   de  impartir   formacio'n
apropiada  a  las  personas  interesadas  en  seguir  la  carrera
judicial.  Adema's,   los  jueces  deberi'an  recibir  educacio'n
permanente  para   mejorar  y  actualizar  su  competencia  y  su
conocimiento de  la ley. El Relator Especial no objeta el proceso
de evaluacio'n  en  si',  pero  sen~ala  que  no  deberi'a  tener
cara'cter punitivo,  sino ma's  bien formativo,  para mejorar  la
competencia y  los conocimientos  de los  jueces.  Una  garanti'a
fundamental  de   la  independencia  del  poder  judicial  es  la
inamovilidad de  los  jueces,  que  debera'  caducar  u'nicamente
cuando se hayan cumplido los requisitos legales: edad obligatoria
para jubilarse,  expiracio'n del mandato o cesanti'a del juez por
motivos fundados.  Tal como se aplica actualmente en el Peru', el
procedimiento   de    ratificacio'n    viola    ese    principio.

115. La  dependencia especial  del poder  judicial conocida  como
Oficina de  Control Interno  se encarga,  de conformidad  con  lo
dispuesto en  el arti'culo 102  de la  Ley  Orga'nica  del  Poder
Judicial, de investigar el comportamiento oficial de los jueces y
dema's personal  judicial, y  de examinar su idoneidad y la forma
en que  ejercen sus  funciones. Esa dependencia esta' en Lima, se
compone de  jueces (vocales) superiores y esta' encabezada por un
magistrado de  la Corte  Suprema. Tambie'n se ocupa de las quejas
presentadas contra  jueces u otros funcionarios judiciales, puede
verificar asimismo  si se  aplican las sanciones disciplinarias y
notifica al Fiscal de la Nacio'n los casos de conducta inadecuada
y las  irregularidades procesales  en  que  hayan  incurrido  los
representantes del  Ministerio Pu'blico.  Se  lleva  un  registro
pu'blico de  todas las  sanciones  impuestas.  El  Fiscal  de  la
Nacio'n informa  a la  Oficina sobre  la conducta  oficial de los
jueces y  funcionarios judiciales  por conducto de los mecanismos
de control del Ministerio Pu'blico.

116. Los  arti'culos 206 a 216  de la  Ley  Orga'nica  del  Poder
Judicial  preve'n   las  sanciones   disciplinarias  que   pueden
imponerse a  los jueces  y fiscales,  como advertencias,  multas,
suspensiones, traslados o cesanti'as.

117. El  Consejo Nacional  de la  Magistratura tiene  competencia
para destituir  a los  vocales y  fiscales supremos  de la  Corte
Suprema y, a solicitud de la Corte Suprema o la Junta de Fiscales
Supremos, en los casos concretos previstos en la Ley Orga'nica, a
cualquier juez  o fiscal.  El procedimiento  se  inicia  con  una
investigacio'n preliminar  que permite  al Consejo  determinar si
deben iniciarse  actuaciones  disciplinarias  contra  el  juez  o
fiscal de  que se  trate. En  virtud del  arti'culo 31 de  la Ley
Orga'nica, el  Consejo puede  iniciar investigaciones  por propia
iniciativa.  En   caso  de   que   decida   iniciar   actuaciones
disciplinarias, el  Consejo celebra  una audiencia  con  el  juez
objeto de  investigacio'n y luego decide las sanciones que han de
aplicarse.

118. El Relator Especial sen~ala que, segu'n las Leyes Nos. 26546
y 26623, la  Oficina de  Control Interno y el Consejo Nacional de
la Magistratura  son los  u'nicos o'rganos  judiciales que tienen
competencia para  aplicar esas  sanciones.  Adema's,  el  Relator
Especial expresa  su preocupacio'n  por  las  limitaciones  a  la
facultad de  la Oficina  de Control  Interno para  investigar  la
conducta de los jueces o fiscales provisionales. Esos casos deben
remitirse a  la Comisio'n  Ejecutiva del  Poder Judicial  y no al
Consejo Nacional de la Magistratura.
Preocupaciones  en   relacio'n  con  el  Tribunal  Constitucional

119. El  19 de  noviembre de  1996 el Relator Especial envio' una
comunicacio'n al  Gobierno en  relacio'n  con  una  denuncia  que
habi'a recibido  con respecto  a una  agresio'n  contra  el  juez
Ricardo Nugent, Presidente  del Tribunal Constitucional, ocurrida
el 8  de noviembre  de 1996.  Tras  una  investigacio'n  policial
realizada por  el DINCOTE,  el Gobierno  envio' dos respuestas al
Relator Especial  en las  que afirmaba que la agresio'n no habi'a
estado dirigida  contra el Presidente del Tribunal Constitucional
y en  las que  proporcionaba informacio'n  sobre las  medidas  de
proteccio'n dispuestas  en favor  del Sr. Nugent y su familia. El
Relator  Especial  acoge  con  benepla'cito  las  respuestas  del
Gobierno y las medidas adoptadas para garantizar el bienestar del
Presidente  del  Tribunal  Constitucional.  El  Relator  Especial
deseari'a sen~alar que la proteccio'n de la integridad fi'sica de
los  miembros  del  poder  judicial  constituye  una  obligacio'n
internacional del  Gobierno, que contribuye al objetivo de que el
poder judicial  no este'  expuesto  a  intimidaciones  y  acosos.

120. El 28 de mayo de 1997 el Congreso recuso' y destituyo' a los
jueces del Tribunal Constitucional Delia Revoredo Marsano de Mur,
Manuel  Aguirre   Roca  y  Guillermo  Rey  Terry  por  violar  la
Constitucio'n, ya  que habi'an  emitido un dictamen juri'dico sin
el dictamen  concurrente  de  los  dema's  jueces  del  Tribunal.

121. De  conformidad con  la informacio'n recibida, se afirma que
se sanciono'  a estos  jueces debido  a su  decisio'n  de  27  de
diciembre de 1996 relativa a la interpretacio'n del arti'culo 112
de la  Constitucio'n de  1993 relativo  al mandato del Presidente
del Peru'.  El 21 de enero de 1997 el Colegio de Abogados de Lima
pidio' una aclaracio'n sobre esa decisio'n, que al parecer habi'a
sido  adoptada   en  nombre  de  todo  el  Tribunal.  Los  jueces
desestimaron la  peticio'n, afirmando que no se precisaba ninguna
aclaracio'n.

122. Aunque  el Relator  Especial no desea formular observaciones
sobre  los   problemas  constitucionales   planteados  por   esta
cuestio'n, expresa  preocupacio'n porque  no esta'  convencido de
que haya  sido oportuna  la servera  sancio'n que  representa  la
destitucio'n de  los tres  jueces por el Congreso, que en algunos
sectores podi'a  interpretarse  como  una  represalia  del  poder
legislativo por  la decisio'n  del Tribunal  Constitucional, y en
particular de  los tres jueces, en relacio'n con la controvertida
cuestio'n constitucional  que el  Tribunal teni'a  ante  si'.  El
Relator Especial  tambie'n se  pregunta si la medida adoptada por
el Congreso  a este  respecto  ha  violado  el  principio  de  la
inmunidad judicial  por las  decisiones adoptadas en ejercicio de
funciones judiciales (20)



IV. SITUACIO'N  DE LOS  ABOGADOS  Y  DE  LOS  DEFENSORES  DE  LOS
DERECHOS HUMANOS


123. Durante  su misio'n  el Relator  Especial fue  informado  de
denuncias relativas  a  la  situacio'n  de  los  abogados  y  los
defensores de los derechos humanos en el Peru'. Se estima que hay
unos 45.000 abogados en el pai's, de los cuales 25.000 ejercen en
Lima y 20.000 fuera de la capital. Adema's, al parecer hay muchos
abogados desempleados,  y los sueldos de los que esta'n empleados
son muy bajos. Se dice que, a juicio de la opinio'n pu'blica, los
abogados esta'n  sumamente politizados.  No existe  un colegio de
abogados a  nivel nacional.  Sin  embargo,  23.000  abogados  son
miembros del Colegio de Abogados de Lima, que tiene un reglamento
y sus  propios procedimientos de autodisciplina; adema's, goza de
la reputacio'n de ser muy influyente.

124. Se  dice que  es especialmente difi'cil la situacio'n de los
abogados que  defienden a  las vi'ctimas  de violaciones  de  los
derechos  humanos  o  a  las  personas  acusadas  de  actividades
relacionadas con  el terrorismo  o de  traicio'n. Se  informo' al
Relator Especial de que en el pasado se habi'a procesado a muchos
abogados  por   pertenecer   a   la   Asociacio'n   de   Abogados
Democra'ticos, presunto  o'rgano de  Sendero Luminoso.  De hecho,
esos juicios seri'an contrarios al principio 18 de los Principios
Ba'sicos sobre  la Funcio'n  de los  Abogados en que se establece
que "los abogados no sera'n identificados con sus clientes ni con
las causas  de sus  clientes como  consecuencia del desempen~o de
sus funciones".  Se informo'  adema's al  Relator Especial de que
estaban circulando  listas con  los  nombres  de  abogados  cuyos
antecedentes eran  investigados por  las autoridades  militares o
civiles, por el mero hecho de defender a personas acusadas de los
delitos mencionados.  Esa investigacio'n  hecha  por  autoridades
militares o civiles constituye un acto de intimidacio'n prohibido
por el  principio 16 de los Principios Ba'sicos sobre la Funcio'n
de los Abogados.

125. Se ha informado de que varios abogados han sido amenazados e
intimidados por autoridades civiles y militares como consecuencia
de su trabajo. Cabe mencionar como ejemplo las amenazas de muerte
hechas contra la abogada de los familiares de las vi'ctimas de la
matanza de  los Barrios  Altos, Gloria  Cano Legua,  que recibio'
amenazas por tele'fono en que se le advirtio' expli'citamente que
se mantuviese  alejada de  los militares y de sus asuntos (ve'ase
E/CN.4/1996/4, pa'rr. 383 c)). Heriberto Beni'tez, abogado de las
familias de  las vi'ctimas de La Cantuta, del General Robles y de
Leonor La Rosa, tambie'n  recibio' varias  amenazas de muerte por
tele'fono contra  e'l y  su familia,  y se  le ha hostigado en la
actividad profesional realizada en tribunales militares. Tambie'n
se ha  impedido arbitrariamente  que el  Sr. Beni'tez presente la
defensa en  estos casos,  presuntamente  porque  dio  a  diversos
medios de  comunicacio'n su opinio'n sobre el sistema de justicia
militar (ve'ase E/CN.4/1997/32, pa'rr. 149).
126. Se  ha informado acerca de diversas amenazas contra abogados
en el  ejercicio de  sus funciones,  principalmente en el sur del
pai's. En  los u'ltimos  an~os varios  abogados  han  tenido  que
abandonar el  pai's debido a las amenazas y la intimidacio'n. Las
organizaciones de  abogados han  informado de que las autoridades
las suelen  considerar contrarias  al  Gobierno.  Segu'n diversas
fuentes, las  autoridades pertinentes no investigan adecuadamente
estas  amenazas.  Las  presuntas  amenazas  contra  abogados,  en
particular contra  abogados que  defienden los  derechos humanos,
son motivo  de grave  preocupacio'n y  ponen en tela de juicio la
capacidad del  Estado de  proporcionar las condiciones necesarias
para que  los abogados  desempen~en sus  funciones profesionales.
Esto constituye  una violacio'n  de los principios 16 y 17 de los
Principios Ba'sicos  sobre la  Funcio'n de los Abogados. Adema's,
los hechos  sen~alados indican  que existe la tendencia por parte
del Gobierno,  en especial  de los militares y de la polici'a, de
identificar a  los abogados  con las  causas de sus clientes como
consecuencia del desempen~o de sus funciones.



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


127.  El   Relator  Especial   estima  que  un  sistema  judicial
auto'nomo, independiente,  imparcial y  efectivo es  un requisito
indispensable para una democracia en que se garanticen el respeto
y la  promocio'n de  los derechos  humanos. En  un sistema de esa
i'ndole el  poder judicial  actu'a de  garante  contra  cualquier
abuso de poder y es el custodio del estado de derecho. Un sistema
judicial independiente es asimismo importante durante los estados
de excepcio'n. Habida cuenta de ello, el Relator Especial formula
las siguientes  conclusiones y  recomendaciones con respecto a la
situacio'n en el Peru'.

Medidas excepcionales

128. El  Relator Especial  toma nota del hecho de que el Peru' ha
padecido  actividades   terroristas,  deso'rdenes   y  violencias
internas. Comprende  la necesidad  de que el Gobierno defienda la
seguridad del  Estado y  luche contra  el terrorismo,  pero sigue
preocupado por  el efecto  que han  tenido esas medidas sobre los
derechos fundamentales  garantizados a  la persona.  En relacio'n
con los tribunales "sin rostro", acepta que la proteccio'n de los
jueces en  el ejercicio  de sus funciones es esencial para que el
poder judicial  sea independiente  e imparcial. Sin embargo, esas
medidas  no  deben  privar  a  los  individuos  de  sus  derechos
constitucionales, ni  de los  derechos que  se les  reconocen  en
virtud de  los tratados  internacionales en  los que  el Peru' es
parte  y   que  se   han   incorporado   al   derecho   nacional.

129.  Las   medidas  aplicadas  por  el  Gobierno  del  Peru'  no
satisfaci'an las condiciones generales estipuladas por el derecho
internacional para  un estado  de excepcio'n.  En particular,  el
Gobierno, al  definir  vagamente  los  delitos  de  terrorismo  y
traicio'n  y  al  castigarlos  con  penas  desproporcionadas,  ha
incumplido la  norma de  la proporcionalidad;  al adoptar leyes y
pra'cticas que  violan  otras  obligaciones  internacionales  del
Estado, ha  incumplido la  norma de la compatibilidad entre estas
medidas  y   sus  dema's  obligaciones  internacionales;  y,  por
u'ltimo, ha  suspendido  derechos  fundamentales  que  no  pueden
suspenderse aun  en un  estado de  excepcio'n, principalmente  el
derecho a las garanti'as procesales debidas y el derecho a que la
causa sea  examinada  por  un  juez  independiente  e  imparcial.

130. A  este respecto, el Relator Especial acoge con benepla'cito
la abolicio'n  de los  tribunales "sin  rostro" como  una  medida
positiva adoptada  por el  Gobierno del  Peru' en respuesta a las
recomendaciones hechas  por  varias  organizaciones  de  derechos
humanos internacionales  y nacionales,  y tambie'n por el Relator
Especial. Sin  embargo, sen~ala  a la  atencio'n del Gobierno las
denuncias de  que au'n  se esta'n  usando esos  tribunales en  el
fuero militar.  De ser cierto,  insta al  Gobierno a abolirlos de
inmediato, porque  a su  juicio nada  justifica que  se mantengan
esos   tribunales    en   el   sistema   de   justicia   militar.

Las leyes de amnisti'a y la impunidad

131. El  Relator Especial  considera que  la Ley  No 26479  y  la
Ley No 26292,  las dos  "leyes de  amnisti'a"  aprobadas  por  el
Congreso del  Peru' en 1995,  violan las obligaciones contrai'das
por el  Estado en  virtud del  Pacto  Internacional  de  Derechos
Civiles y  Poli'ticos. Como  manifesto' el  Comite'  de  Derechos
Humanos, el Estado esta' obligado a investigar las violaciones de
los derechos  humanos. Adema's, esas leyes privan a las vi'ctimas
de su derecho de conocer la verdad, asi' como de su derecho a una
indemnizacio'n. Por otra parte, estima que la aprobacio'n de esas
leyes constituye  una injerencia  en el poder judicial depositado
en los  tribunales. De conformidad  con  el  principio 3  de  los
Principios  Ba'sicos   relativos  a   la  independencia   de   la
judicatura,  la   judicatura  sera'   competente  en   todas  las
cuestiones de i'ndole judicial y tendra' autoridad exclusiva para
decidir si  una cuestio'n  que le haya sido sometida esta' dentro
de la competencia que le haya atribuido la ley. La aprobacio'n de
leyes aplicables  retroactivamente  a  casos  que  ya  se  esta'n
investigando  ante   los  tribunales  constituye  una  injerencia
directa del poder legislativo.

132. Adema's,  en el  apartado a) del  pa'rrafo 3 del arti'culo 2
del Pacto  Internacional de  Derechos  Civiles  y  Poli'ticos  se
estipula que  cada uno  de los  Estados Partes  se  compromete  a
garantizar  que   "toda  persona   cuyos  derechos  o  libertades
reconocidos en  el presente  Pacto  hayan  sido  violados  podra'
interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violacio'n hubiera
sido cometida  por personas  que actuaban  en  ejercicio  de  sus
funciones oficiales"  y en  el  apartado b)  del  pa'rrafo 3  del
arti'culo 2 se  estipula que  cada uno  de los  Estados Partes se
compromete a  garantizar que  "la autoridad competente, judicial,
administrativa  o   legislativa,  o   cualquiera  otra  autoridad
competente prevista  por el  sistema legal  del Estado, decidira'
sobre los  derechos de toda persona que interponga tal recurso, y
desarrollara' las  posibilidades de recurso judicial". Las "leyes
de amnisti'a"  promulgadas por  el Congreso  peruano violan  esta
disposicio'n.

133. A  este respecto,  el Relator  Especial sigue  especialmente
preocupado por la pra'ctica de remitir los casos de violaciones y
actos lesivos  de los  derechos humanos cometidos por miembros de
las fuerzas  armadas  a  tribunales  militares  para  evitar  los
tra'mites  procesales   ordinarios.  Debe   ponerse  fin  a  esta
pra'ctica.  Desea  reiterar  la  recomendacio'n  del  Comite'  de
Derechos Humanos  de que  se adopten  las medidas necesarias para
restaurar la autoridad del poder judicial y dar efecto al derecho
a un  recurso efectivo  reconocido en  virtud del  pa'rrafo 3 del
arti'culo  2  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y
Poli'ticos,  para   superar  asi'  la  atmo'sfera  de  impunidad.

134. Adema's,  deben facilitarse recursos adecuados al Ministerio
Pu'blico para  que pueda  ocuparse del  enorme volumen de trabajo
atrasado, y  para que ma's fiscales puedan ocuparse de las muchas
causas pendientes.

Reforma judicial

135. El  Relator Especial  celebra las medidas que ha adoptado el
Gobierno para  emprender una  reforma judicial  en el  Peru'. Sin
embargo, deseari'a hacer hincapie' en que todo proceso de reforma
del poder  judicial destinada  a corregir  un problema  tan grave
como el que afecta a la judicatura peruana debe basarse en normas
internacionales aceptadas  para  garantizar  la  independencia  e
imparcialidad de la judicatura. A este respecto, los principios 1
a 7 de los Principios Ba'sicos relativos a la independencia de la
judicatura son  elementos necesarios  para lograr  los  objetivos
sen~alados de la reforma judicial.

136. En  opinio'n del Relator Especial la Comisio'n Ejecutiva del
Poder Judicial  se ha  abocado casi exclusivamente a proporcionar
recursos  adecuados   al  poder   judicial   y   a   mejorar   la
administracio'n de  los tribunales,  sin tener suficientemente en
cuenta  otros   principios  que  garantizan  la  independencia  e
imparcialidad de  la judicatura.  El Relator  Especial se  siente
preocupado porque  muchas  de  las  propuestas  de  la  Comisio'n
Ejecutiva del Poder Judicial son incompatibles con el principio 2
de los  Principios Ba'sicos  relativos a  la independencia  de la
judicatura.

137. Se  considera que  con el  establecimiento de  una Comisio'n
Ejecutiva del Poder Judicial facultada para administrar y manejar
el poder  judicial se subordina la judicatura al poder ejecutivo.
El nombramiento  por parte  del ejecutivo  de magistrados  de  la
Corte Suprema,  que posteriormente  son  designados  para  formar
parte  del   Consejo  de  Coordinacio'n  Judicial,  se  considera
tambie'n una  subordinacio'n de la judicatura al poder ejecutivo.

138. La  reforma administrativa que esta' realizando la Comisio'n
Ejecutiva del  Poder  Judicial  se  esta'  llevando  a  cabo  sin
celebrar  previamente  consultas  significativas  con  todas  las
partes interesadas  de la administracio'n de justicia. El Relator
Especial considera  que para  que el  proceso  de  reforma  tenga
e'xito, es  indispensable consultar  a todas  las  partes  de  la
administracio'n  de  justicia,  en  especial  los  jueces  y  los
abogados.

139. El  Relator Especial  insta al  Congreso a  que observe  los
Principios de  Singhvi al  ejercer sus facultades para impugnar a
los jueces.  A este  respecto, exhorta  al Congreso a que elabore
disposiciones en  cuya virtud lo asesore un comite' o un grupo de
jueces antes de iniciar un juicio de destitucio'n. Adema's, insta
al Congreso  a que  vele por  que las sanciones que se impongan a
los jueces sean proporcionales a la falta.

140. El  Relator Especial  desea subrayar  una vez  ma's que  los
jueces  no   so'lo  deben  ser  independientes,  sino  que  deben
transmitir una  imagen  de  independencia  al  pu'blico.  A  este
respecto, debe  prestarse especial  atencio'n  a  los  mecanismos
previstos para  nombrar e  imponer medidas  disciplinarias a  los
jueces.  Los   mecanismos  establecidos   para  despolitizar   el
nombramiento  y  la  destitucio'n  de  los  jueces,  mediante  la
creacio'n  del  Consejo  Nacional  de  la  Magistratura,  o'rgano
independiente del  poder ejecutivo, son una medida importante. La
seleccio'n, el nombramiento y la destitucio'n de los jueces deben
confiarse exclusivamente  a los  o'rganos previstos  por la  ley,
incluido el  Consejo Nacional  de la Magistratura y la Oficina de
Control Interno.  Ningu'n otro  o'rgano debe injerirse, directa o
indirectamente, en  esta  funcio'n.  Las  medidas  disciplinarias
contra los  jueces acusados  de faltas  deben aplicarse  mediante
mecanismos ordinarios,  establecidos con  cara'cter permanente en
el poder judicial.

141. La  pra'ctica de contratar y nombrar jueces provisionales es
contraria al  principio de  que debe garantizarse la inamovilidad
de los  jueces,  de  conformidad  con  los  Principios  Ba'sicos.
Debera' normalizarse  la situacio'n  de los  jueces provisionales
ofrecie'ndoles nombramientos permanentes para que todo el sistema
judicial  del   Peru'  quede   libre  de  injerencias  del  poder
ejecutivo. El  Relator Especial  insta al  Gobierno a que corrija
este  grave   defecto  del   sistema  judicial.   Con   cara'cter
prioritario, insta  a  la  Corte  Suprema  a  que  rectifique  de
inmediato el  defecto en  la composicio'n de la Corte Suprema, la
mayori'a de  cuyos  magistrados  son  actualmente  provisionales.

142. En  opinio'n del Relator Especial, los jueces no deben estar
sometidos a  un proceso  de ratificacio'n  cada siete  an~os.  El
Relator Especial  insta al  Gobierno a  que ofrezca  a los jueces
educacio'n juri'dica  continua durante su mandato para actualizar
sus conocimientos.  La formacio'n  juri'dica  permanente  de  los
jueces debe  estar exclusivamente  a cargo  de la  Academia de la
Magistratura.

143. El  Relator Especial acoge con agrado el aumento salarial de
los jueces  en general.  Este aumento  contribuye a garantizar la
independencia e  imparcialidad de  la  judicatura,  asi'  como  a
reducir su  posible vulnerabilidad  ante cualesquiera intentos de
corrupcio'n. Adema's,  celebra la  adquisicio'n de equipo moderno
para facilitar  el funcionamiento  auto'nomo  de  la  judicatura.

144. El  Gobierno debe  garantizar que  todos los  miembros de la
judicatura, tanto  los fiscales  del Ministerio Pu'blico como los
miembros de  la Defensori'a  del Pueblo  reciban  una  formacio'n
adecuada en  materia de  normas nacionales  e internacionales  de
derechos  humanos   y  sobre  los  medios  para  su  proteccio'n.

Situacio'n de  los abogados  y de  los defensores de los derechos
humanos

145. El  Relator Especial  insta al Gobierno y a sus organismos a
que proporcionen  a los  abogados las  garanti'as necesarias para
que  puedan   desempen~ar   sus   funciones   profesionales   sin
intimidacio'n, hostigamiento  o amenaza alguna. Tambie'n insta al
Gobierno a  que se abstenga de identificar a los abogados con las
causas de  sus clientes. Cuando existan pruebas de que un abogado
ha comprometido  sus funciones profesionales y se ha identificado
con la  causa de  sus clientes,  debera' elevarse  una  queja  al
o'rgano disciplinario  pertinente con  miras a  la imposicio'n de
una posible  medida disciplinaria. No incumbe al Gobierno adoptar
medidas  contra   los  abogados   aduciendo  que  e'stos  se  han
identificado con la causa de sus clientes.

146. El  Relator Especial  desea expresar su preocupacio'n por el
hecho de  que no hay un colegio nacional de abogados en el Peru'.
Estima que  la existencia  de un  colegio nacional favoreceri'a a
todos  los   abogados.  Al   mismo  tiempo,   desea  expresar  su
reconocimiento por  la labor  realizada a  este respecto  por  el
Colegio de  Abogados de Lima. En aras de la unidad y en beneficio
de la  profesio'n juri'dica  en el  Peru', insta a que se cree un
colegio nacional de abogados en el Peru'.
Comisio'n   ad   hoc   para   la   recomendacio'n   de   indultos

147.  El  Relator  Especial  celebra  el  establecimiento  de  la
Comisio'n ad  hoc para la recomendacio'n de indultos encargada de
examinar los  casos de personas inocentes juzgadas y sentenciadas
por tribunales  civiles y  militares "sin rostro". Desea reiterar
la importancia  de que  este proceso  se realice  con  prontitud.
Tambie'n desea  hacer un  llamamiento a  los  abogados  y  a  las
organizaciones no gubernamentales para que cooperen plenamente en
el empen~o.

148. Pese  a esta medida positiva, el Relator Especial estima que
el indulto  no es  una solucio'n suficiente para quienes han sido
condenados y  sentenciados injustamente. Considera que la condena
y la  sentencia deben  ser suprimidas  de los  registros por  una
institucio'n judicial,  y que  debe indemnizarse  adecuadamente a
las vi'ctimas  inocentes  de  los  dan~os  sufridos  mediante  un
mecanismo apropiado.

Notas:

1. En  su decisio'n  1980/124, el  Consejo  Econo'mico  y  Social
autorizo' a  la Subcomisio'n de Prevencio'n de Discriminaciones y
Proteccio'n a  las Minori'as a encomendar al Sr. L. M. Singhvi la
preparacio'n de un informe sobre la independencia e imparcialidad
del poder  judicial, los  miembros del jurado y los asesores y la
independencia de los abogados.

El  texto   del  proyecto  de  declaracio'n  universal  sobre  la
independencia de  la justicia  fue presentado en el informe final
del Relator Especial a la Subcomisio'n en su 38º peri'odo de
sesiones en  1985 (E/CN.4/Sub.2/1985/18  y Add.1  a 6). La propia
declaracio'n        figura         en        el         documento
E/CN.4/Sub.2/1985/18/Add.5/Rev.1.[de vuelta al texto]

2. Aprobadas  por la  Asociacio'n Internacional  de  Abogados  en
su 19ª Conferencia  Bienal,  celebrada  en  Nueva  Delhi  en
octubre de 1982.[de vuelta al texto]

3. Despue's  de seis  an~os de  estudio a  cargo de un Subcomite'
especial presidido por el Sr. Subrata Roy Chowdhury, de la India,
y de  dos an~os  ma's de  revisio'n a cargo del Pleno del Comite'
sobre la  Aplicacio'n  de  la  Legislacio'n  sobre  los  Derechos
Humanos, la  61ª Conferencia  de la  Asociacio'n de  Derecho
Internacional, celebrada en Pari's del 26 de agosto al 1º de
septiembre de 1984,  aprobo' por  consenso un  conjunto de normas
mi'nimas aplicables  a los  estados de  emergencia. The  American
Journal  of  International  Law,  vol. 79, 1985,  pa'gs.  1072  a
1081.[de vuelta al texto]

4. Estos  principios fueron  adoptados el  1º de  octubre de
1995 por un grupo de expertos en derecho internacional, seguridad
nacional  y  derechos  humanos  convocado  por  Article  19,  the
International Centre  Against Censorship, en colaboracio'n con el
Centro de  Estudios Juri'dicos  Aplicados de  la  Universidad  de
Witwatersand, Suda'frica.[de vuelta al texto]

5. Las  dos leyes  habi'an sido cuestionadas en 1995 en una carta
conjunta de los Relatores Especiales encargados de las cuestiones
de  la  tortura,  las  ejecuciones  extrajudiciales,  sumarias  o
arbitrarias, la  independencia de  la judicatura y la proteccio'n
de los  abogados en  ejercicio, asi' como el Presidente del Grupo
de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adema's
la Subcomisio'n  de Prevencio'n de Discriminaciones y Proteccio'n
a las  Minori'as  aprobo'  una  declaracio'n  del  Presidente  en
relacio'n      con       esa      cuestio'n      (E/CN.4/1996/2 -
 E/CN.4/Sub.2/1995/51, pa'rr. 338).[de vuelta al texto]

6. El  Comite' de Derechos Humanos, al examinar el tercer informe
perio'dico  presentado   por  el  Peru'  de  conformidad  con  el
arti'culo 40  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y
Poli'ticos, expreso'  su profunda  preocupacio'n por la amnisti'a
otorgada  en   virtud  del   Decreto-ley  No   26479.  El Comite'
considero' que "(l)a amnisti'a sen~alada impide la investigacio'n
y el  castigo apropiados  de los  autores de  violaciones de  los
derechos humanos  cometidas en  el pasado, erosiona los esfuerzos
por lograr el respeto de los derechos humanos, contribuye a crear
una atmo'sfera de impunidad entre los autores de esas violaciones
y  constituye  un  muy  grave  obsta'culo  a  los  esfuerzos  por
consolidar la  democracia y  promover el  respeto de los derechos
humanos y,  por lo  tanto, viola el arti'culo 2 del Pacto". A ese
respecto, el  Comite' reitero'  su opinio'n  de que  este tipo de
amnisti'a era  incompatible con  la obligacio'n de los Estados de
investigar las violaciones de los derechos humanos, de garantizar
que no  se cometan  tales actos  dentro de  su jurisdiccio'n y de
velar por que no se realicen tales actos en el futuro. Documentos
oficiales de  la Asamblea General, quincuage'simo primer peri'odo
de sesiones,  Suplemento No  40 (A/51/40),  pa'rrs. 347  y ss.[de
vuelta al texto]

7. Por  ejemplo, el  Comite'  de  Derechos  Humanos  expreso'  su
profunda preocupacio'n  por los  Decretos-ley Nos. 25475 y 25659.
Considero' que esas leyes "obstaculizan seriamente la proteccio'n
de los derechos enunciados en el Pacto en el caso de las personas
acusadas de  terrorismo y  en muchos  aspectos  contravienen  las
disposiciones del arti'culo 14 del Pacto. El Decreto-ley No 25475
contiene una definicio'n muy amplia de terrorismo al amparo de la
cual personas  inocentes han sido y siguen estando detenidas. Ese
decreto-ley establece  un  sistema  de  juicio  por  "jueces  sin
rostro", en  que los  acusados no saben quie'n es el juez que los
esta' juzgando  y se ve denegado el derecho a un juicio pu'blico,
lo que  constituye un  serio impedimento,  de derecho y de hecho,
para que  los acusados  preparen su  defensa y puedan comunicarse
con sus  abogados. Con arreglo al Decreto-ley No 25659, los casos
de traicio'n  a la  patria son juzgados por tribunales militares,
independientemente de que el acusado sea un civil o un miembro de
las fuerzas militares o de seguridad. A este respecto, el Comite'
expresa su  profunda preocupacio'n  por los  hechos  de  que  las
personas acusadas  de traicio'n  a la patria sean juzgadas por la
misma fuerza  militar que  las ha  detenido y  acusado,  que  los
miembros de  los tribunales  militares sean oficiales en servicio
activo, que  la mayori'a  de ellos  no posea  ninguna  formacio'n
juri'dica y,  adema's, que  no  exista  ninguna  norma  sobre  la
revisio'n  de   la  condena   por  un  tribunal  superior.  Estas
insuficiencias suscitan  serias dudas  sobre la  independencia  e
imparcialidad  de   los  jueces  de  los  tribunales  militares".
El Comite' subrayo'  tambie'n que  los  procesos  contra  civiles
debi'an llevarse  a cabo  en tribunales  civiles, integrados  por
jueces independientes  e imparciales.  Ibi'd., pa'rrs.  350 y ss.

La Comisio'n  Interamericana  de  Derechos  Humanos  publico'  un
informe especial  sobre el  Peru' despue's del golpe de Estado de
1992. La  Comisio'n considero' particularmente alarmante el nuevo
sistema de  justicia secreta en el que no se podi'a determinar la
imparcialidad  e  independencia  de  los  jueces.  Junto  con  la
suspensio'n del  ha'beas corpus  y la destitucio'n sumaria de los
jueces, la  Comisio'n llego'  a la conclusio'n de que ese proceso
estaba  creando   condiciones  institucionales   juri'dicas  para
justificar un  re'gimen arbitrario.  Organizacio'n de los Estados
Americanos, Informe  sobre la  situacio'n de los derechos humanos
en el Peru', Washington, D.C., 1993, pa'g. 200.
En su informe anual de 1993, la Comisio'n Interamericana declaro'
que la  falta de  un poder  judicial independiente era una de las
principales razones  del deterioro de la situacio'n en materia de
disfrute y  ejercicio  de  los  derechos  humanos  en  el  Peru'.
Organizacio'n de  los Estados  Americanos,  Informe anual  de  la
Comisio'n   Interamericana    de   Derechos   Humanos   ,   1993,
Washington D.C., 1994, pa'gs. 506 y 507.
Con los  auspicios  del  Gobierno  de  los  Estados  Unidos,  una
comisio'n internacional  de juristas  integrada por  el Sr. Leo'n
Carlos Arslanian,  el Sr. Robert Kogod Goldman, el Sr. Ferdinando
Imposinato y  el Sr. Jose' Raffuci visito' el Peru' en septiembre
de 1993  y, despue's  de  estudiar  la  situacio'n,  publico'  un
estudio amplio  sobre la  legislacio'n antiterrorista a la luz de
las normas internacionales (The Goldman Report).
Ciertas  organizaciones  no  gubernamentales  internacionales  de
derechos humanos como el Centro para la Independencia de Jueces y
Abogados,  Human Rights   Watch  y  Amnisti'a  Internacional  han
dedicado varios  nu'meros  de  sus  publicaciones  respectivas  a
estudios sobre  el caso del Peru' y han formulado recomendaciones
destinadas al Gobierno del Peru'.
A nivel  nacional, el  Sr. Ronald Gamarra publico' un libro sobre
el trato  del terrorismo  en la  legislacio'n y  la  Coordinadora
Nacional de  Derechos Humanos  propuso cambios en la legislacio'n
antiterrorista.[de vuelta al texto]

8. Segu'n los abogados y sus organizaciones, se siguen imponiendo
muchas limitaciones  al derecho a la defensa ante los "tribunales
sin rostro".  Las principales  quejas  que  se  sen~alaron  a  la
atencio'n del  Relator Especial  fueron la  falta  de  un  acceso
suficiente  a   los  expedientes   judiciales,   asi'   como   la
informacio'n oportuna  sobre las  condenas y la evolucio'n de los
casos. Se  impone un  li'mite  estricto  de 30 di'as,  que  puede
prolongarse hasta 50 di'as,  para la  instruccio'n, en vez de los
cuatro meses  que se  indica  en  el  Co'digo  de  Procedimientos
Penales  para   las  instrucciones   penales   ordinarias.   Como
consecuencia de  estas actuaciones  sumarias, las  audiencias  se
desarrollan muy  ra'pidamente y dejan muy poco o ningu'n tiempo a
los abogados  para preparar  su defensa.  Con frecuencia so'lo se
anuncia a  u'ltimo momento  la hora y el lugar de las audiencias.
Se dice  que a  menudo no  son adecuadas  las condiciones  de las
entrevistas con  los clientes.  No  se  puede  interrogar  en  el
tribunal a los miembros de la polici'a o de las fuerzas armadas y
la defensa  no tiene  el  derecho  de  contrainterrogar  de  modo
suficiente e  independiente a los testigos de cargo. No se indica
a la  defensa en  ningu'n momento  del juicio la identidad de los
testigos, que  a menudo  son personas que afirman ser terroristas
arrepentidos. Los  abogados declararon  que a  veces ellos mismos
son intimidados  o acosados  durante el proceso. Los abogados con
los que se reunio' el Relator Especial afirmaron que es imposible
aclarar los  contrasentidos o  los puntos  dudosos de las pruebas
durante el  juicio, ya  que so'lo  comparecen los  acusados y sus
abogados.[de vuelta al texto]

9. Vea'se The Goldman Report, pa'g. 67.[de vuelta al texto]

10. Vea'se The Goldman Report, pa'g. 69.[de vuelta al texto]

11. La  Corte Interamericana  de Derechos Humanos dicto' un fallo
en un  caso relativo  a violaciones  del derecho a las garanti'as
procesales debidas  que  fueron  cometidas  por  tribunales  "sin
rostro" militares  y civiles  al juzgar  a  la  Sra. Mari'a Elena
Loayza Tamayo,  acusada de traicio'n, el 17 de septiembre de 1997
(Corte Interamericana  de Derechos  Humanos,  Caso Loayza Tamayo,
sentencia  de  17 de  septiembre  de 1997).  La  Sra. Loayza  fue
detenida el 6 de  febrero de 1993  por la  DINCOTE y  acusada  de
traicio'n. Fue  juzgada por  un tribunal  militar "sin  rostro" y
absuelta el 24 de  septiembre de 1993. Sin embargo, se la mantuvo
detenida en  una  instalacio'n  militar  hasta  que  su  caso  se
remitio' a la jurisdiccio'n civil el 8 de octubre de 1993 y se la
acuso' del  delito de  terrorismo. La  Sra. Loayza fue  declarada
culpable de  ese delito  y, en consecuencia, fue condenada por un
tribunal civil  "sin rostro"  el 10 de octubre de 1993 a 20 an~os
de prisio'n.  El tribunal civil  "sin rostro" juzgo' y condeno' a
la Sra. Loayza  basa'ndose en los  mismos hechos  por los que fue
absuelta por el tribunal militar "sin rostro".
Al presentar  este caso  a la  Corte Interamericana  de  Derechos
Humanos,  la Comisio'n   Interamericana   de   Derechos   Humanos
considero'  que   los  tribunales   militares   carecen   de   la
independencia e  imparcialidad que  requiere  el  pa'rrafo 1  del
arti'culo 8 de  la Convencio'n  Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos considero' que no era
necesario  examinar  esa  cuestio'n  porque  la  Sra. Loayza  fue
absuelta por el tribunal militar y, por lo tanto, el hecho de que
no  se   respetaran  esos  requisitos  no  afecto'  sus  derechos
(pa'rr. 60). En  cambio, la  Corte Interamericana  considero' que
era una  violacio'n de  los derechos  de la Sra. Loayza que se la
mantuviera detenida  despue's de  haber sido  absuelta y  que  el
tribunal militar  adoptara la decisio'n ultra vires de clasificar
su caso  como un delito de cara'cter terrorista y remitirlo a los
tribunales civiles  (pa'rrs. 61 y 62).  Adema's, la Corte sostuvo
que la  Sra. Loayza fue  juzgada y  condenada  en  virtud  de  un
procedimiento   excepcional    en   el   que   se   limito'   muy
considerablemente  su   derecho  fundamental   a  las  garanti'as
procesales debidas.  La Corte considero' que tales procedimientos
no respetaban  las normas  de las  garanti'as procesales  debidas
porque no  reconoci'an el  principio de presuncio'n de inocencia;
restringi'an el  derecho del  acusado a  impugnar las pruebas y a
comunicarse  con   el  abogado  defensor  (pa'rr. 62).  La  Corte
considero'  que  el  tribunal  militar  y,  en  consecuencia,  el
Gobierno del  Peru', violaron  el derecho  a  la  presuncio'n  de
inocencia  previsto  en  el  pa'rrafo 2  del  arti'culo 8  de  la
Convencio'n Americana,  ya que  atribuyeron a  la Sra. Loayza  la
comisio'n de  otro delito  diferente del  delito del  que  se  la
habi'a acusado  inicialmente, sin  tener competencia para hacerlo
(pa'rr. 63).

La Corte  tambie'n considero'  que el  Gobierno del  Peru' habi'a
violado la  garanti'a judicial  de non  bis  in  idem  porque  la
Sra. Loayza  fue   juzgada  y  posteriormente  condenada  por  un
tribunal civil  por los  mismos hechos  por los  que habi'a  sido
absuelta por  el tribunal  militar. La  Corte considero'  que  un
factor que  contribui'a a  esa situacio'n  eran las  definiciones
vagas de  los delitos  de terrorismo y traicio'n incluidas en los
Decretos-ley Nos. 25475 y 25659, respectivamente.
De conformidad  con  el  fallo  de  la  Corte  Interamericana  de
Derechos Humanos,  el Gobierno  del Peru'  puso en  libertad a la
Sra. Loayza el 16 de octubre de 1997.
Los jueces  Antonio A. Cancado  Trindade y  Oliver Jackman  de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos dijeron, en una opinio'n
coincidente, que los  tribunales militares  no cumplen las normas
de independencia  e imparcialidad  que  constituyen  un  elemento
esencial de  las garanti'as  procesales debidas  previstas en  el
pa'rrafo 1 del  arti'culo 8  de  la  Convencio'n Americana  sobre
Derechos Humanos.[de vuelta al texto]

12.  Poder   Judicial,  Avances   del  Proceso   de   Reforma   y
Modernizacio'n, Lima,  junio  de  1997,  pa'g. 11.[de  vuelta  al
texto]

13. Los  mo'dulos corporativos  empezaron  a  aplicarse  el 20 de
noviembre de 1996  en el  distrito judicial de Lambayeque, y ma's
concretamente en  la  ciudad  de  Chiclayo,  sede  de  la  corte.
La experiencia se ha aplicado a la gestio'n de los expedientes de
las causas civiles.[de vuelta al texto]

14. Mediante  la Ley  No 26546  se  suspendieron  los  siguientes
arti'culos de  la Ley  Orga'nica del Poder Judicial: 81 y 82, que
tratan de  la  Comisio'n  Ejecutiva  del  Poder  Judicial  y  sus
atribuciones; y  83, 84,  85, 86  y 87,  que tratan  de la  Junta
Administrativa del Poder Judicial.[de vuelta al texto]

15. Por  ejemplo, un  magistrado de la Corte Suprema, que en 1995
ganaba 6.695 soles,  en 1997  ganaba 12.435, lo que representa un
aumento del 86%.  Un magistrado  de corte  superior, que  en 1995
ganaba 3.005  soles, gana actualmente 4.780, lo que representa un
incremento del  57%. Los jueces de los juzgados especializados de
primera instancia,  que ganaban  2.005 soles en 1995, actualmente
ganan  3.500  soles,  es  decir,  un 75%  ma's.  Poder  Judicial,
Boleti'n Oficial,  septiembre-octubre de 1997, pa'g. 5.[de vuelta
al texto]

16.  Adema's,   el  principio 15  del  Proyecto  de  Declaracio'n
Universal  sobre   la  Independencia   de  la   Justicia   preve'
lo siguiente:
"Salvo que se trate de traslados hechos en el marco de un sistema
de  rotacio'n   o  ascenso   ordinarios,  los  jueces  no  sera'n
trasladados de  una jurisdiccio'n  a otra  sin su consentimiento,
pero cuando  ese traslado  se hace  en el  marco de una poli'tica
uniforme, formulada  luego de  su correspondiente  examen por  el
poder judicial,  ningu'n juez  denegara'  injustificadamente  ese
consentimiento." [de vuelta al texto]

17. Segu'n  el arti'culo 179  de  la  Constitucio'n  de 1993,  la
ma'xima autoridad  del Jurado  Nacional de Elecciones es un pleno
compuesto por cinco miembros presidido por el representante de la
Corte Suprema  elegido en  votacio'n secreta por la Corte Suprema
entre sus magistrados.[de vuelta al texto]

18.  Adema's,   el  principio 11  del  Proyecto  de  Declaracio'n
Universal sobre  la  Independencia  de  la  Justicia  dispone  lo
siguiente:

"11. a)  el procedimiento  y los  criterios de  seleccio'n de los
jueces tratara'n  de asegurar  que el  poder  judicial  sea  fiel
reflejo de la sociedad en todos sus aspectos;
b)  todo   me'todo  de   seleccio'n  de   jueces  debe   proteger
cuidadosamente  a   la  institucio'n   contra  las  designaciones
fundadas en motivos indebidos;
c) la participacio'n de los poderes ejecutivo o legislativo en la
designacio'n de  los jueces sera' compatible con la independencia
del poder  judicial siempre  que esas  designaciones sean  hechas
luego de consulta a miembros de la magistratura y de la abogaci'a
o  por   un  organismo  en  el  que  participan  miembros  de  la
magistratura y de la abogaci'a."[de vuelta al texto]

19. Al  examinar el  tercer informe  perio'dico presentado por el
Peru' de  conformidad con el arti'culo 40 del Pacto Internacional
de Derechos  Civiles y Poli'ticos, el Comite' de Derechos Humanos
sostuvo a  ese respecto  lo siguiente:  "El Comite' toma nota con
preocupacio'n de que los jueces cesan en sus funciones al cabo de
siete  an~os  y  requieren  una  nueva  certificacio'n  para  ser
designados  nuevamente,   pra'ctica  que   tiende  a  afectar  la
independencia  del   poder  judicial   en   cuanto   elimina   la
inamovilidad en el cargo (CCPR/C/79/Add.67, pa'rr. 14).[de vuelta
al texto]

20. A  este respecto se estipula en los Principios de Singhvi que
las facultades  en materia  de separacio'n del cargo recaen en el
poder  legislativo,  de  preferencia  por  recomendacio'n  de  un
tribunal o  de una  junta integrada mayoritariamente por miembros
del  poder  judicial  (principio  27  b)).[de  vuelta  al  texto]

                                
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                        Derechos Humanos
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