Derecho a la tierra, derecho a la vida

Dr. Javier Aroca Medina

La tierra  es la  vida del indi'gena. Sin embargo, en el Peru' la
historia de  los pueblos  indi'genas, reconocidos en las u'ltimas
de'cadas como  comunidades campesinas  y nativas, es una historia
de despojo;  despojo de los territorios que ocupaban y utilizaban
sin destruir  desde antes  que llegaran  los colonizadores a esta
parte del  continente, marcando  el comienzo  de una  historia de
choque cultural  que au'n no termina. Y despojo, tambie'n, de una
concepcio'n de la vida y del entorno. Por ello, la tierra es vida
para los  indi'genas amazo'nicos,  y quitarles  sus tierras es un
acto poco menos que genocida.

Los pueblos  indi'genas no  separan los  recursos  naturales  del
medio ambiente  en que  se encuentran. Para ellos la tierra no es
so'lo un  mero bien  econo'mico. La  naturaleza, las tierras y lo
que en  ellas hay  forman parte  de su  cosmovisio'n. Y es que el
indi'gena es tal porque pertenece a un pueblo, ya sea asha'ninka,
aguaruna, shipibo,  yagua, etce'tera;  aunque este'  fuera de  su
comunidad, pertenece  a un  pueblo determinado, pero adema's sabe
que posee  una tierra  donde  asentarse,  donde  cultivar,  donde
ejercer la  actividad que, sobre otras, lo ha distinguido y le ha
dado una identidad.

El  modelo  neoliberal  imperante  en  el  pai's  no  acepta  las
diferencias  entre   la  cultura   occidental  y   las   culturas
indi'genas; quiere  imponerse y  acabar de  una  vez  con  ellas,
asimila'ndolas. En  el presente  siglo, desde la Constitucio'n de
1920  en   adelante,  el   pensamiento  predominante  propone  la
incorporacio'n  de   los  indi'genas   a  los  patrones  de  vida
establecidos por  la sociedad  nacional. En todos estos an~os los
indi'genas han  opuesto resistencia  a  lo  que  consideraban  un
atropello a  su  forma  de  ser  y  de  vivir,  lo  que  provoco'
respuestas de  naturaleza violenta que au'n recuerdan los curacas
y ancianos de estos pueblos que sobreviven a pesar de todo.

La Constitucio'n  de 1993  mantiene muchos  derechos  que  fueron
reconocidos a  los indi'genas  por  las  normas  constitucionales
anteriores, e  incorpora el  concepto segu'n el cual toda persona
tiene derecho  a su  identidad e'tnica  y cultural.  Sin embargo,
recorta dra'sticamente el derecho esencial de las comunidades, su
derecho a  la tierra,  ya que  se  ha  disuelto  el  re'gimen  de
proteccio'n de tierras comunales que existi'a hasta 1993.
Las  tierras   indi'genas  pueden   ser  embargadas,  vendidas  e
inclusive declaradas en abandono de acuerdo con las nuevas normas
legales promulgadas por el gobierno de Fujimori.

En el  contexto de  la legislacio'n  peruana vigente, se constata
que la  Constitucio'n de  1993, la  Ley de  Tierras de  1995, los
proyectos de  reglamento de  dicha ley y la Ley de Titulacio'n de
Tierras de  Comunidades Campesinas  de la Costa -observada por el
presidente porque no es ma's radical en te'rminos liberales de lo
que ya  es para generar la parcelacio'n y la venta de las tierras
comunales  de   la  costa-,   constituyen  los  instrumentos  que
propugnan la  desaparicio'n de  los pueblos indi'genas de nuestro
pai's a trave's de su asimilacio'n pasiva a una cultura externa.

Urge, entonces,    un  tratamiento  juri'dico  diferente  de  las
tierras de  las comunidades  indi'genas amazo'nicas: diferente al
que se brinda a las tierras en la costa y en la sierra, porque la
relacio'n cultural  indi'gena-tierra o comunidad nativa-tierra es
de naturaleza  distinta, aunque  ahora esta'  maltratada y quiere
someterse a las disposiciones del Co'digo Civil.

En este  contexto, en  el que  no se respetan los derechos de los
indi'genas sobre  la tierra  que tradicionalmente han ocupado, se
puede afirmar que tampoco se respeta el derecho a la vida.
Las organizaciones  indi'genas nacionales  esta'n reclamando hace
mucho tiempo  que el  Estado no  disuelva la propiedad comunal de
las comunidades  campesinas y nativas. Sin embargo, el peligro de
la asimilacio'n  de las  tierras indi'genas  al libre mercado y a
las disposiciones  civiles es  cada vez ma's una realidad que hay
que  denunciar,   como  en   efecto  ya  lo  han  hecho  ante  la
Organizacio'n Internacional  del Trabajo  (OIT) y  el Comite'  de
Derechos Sociales, Econo'micos y Culturales de Naciones Unidas.

En la pra'ctica, el Estado contradice las normas del Convenio 169
de  la   OIT,  pues  no  protege  los  derechos  de  los  pueblos
indi'genas,  al   tiempo  que   actu'a  en   desacuerdo  con  los
instrumentos   internacionales   que   esta'n   en   proceso   de
aprobacio'n, tales  como la Declaracio'n Universal de Derechos de
los Pueblos Indi'genas de la ONU y la Declaracio'n Interamericana
de Derechos de los Pueblos Indi'genas, que fue considerada por la
Asamblea General de la OEA, en Lima, en junio de 1997.

Para revertir  esta situacio'n, seri'a conveniente constituir una
comisio'n especial  del Congreso  de la Repu'blica, compuesta por
congresistas, especialistas en derechos de los pueblos indi'genas
y, sobre  todo,  representantes  de  las  propias  organizaciones
indi'genas  nacionales   y  regionales,   para  que  elaboren  un
diagno'stico de  la situacio'n actual de los pueblos indi'genas y
propongan un  proyecto  de  ley  integral  para  las  comunidades
amazo'nicas que contemple su derecho al territorio.

De lo  contrario se  condenara' a  los indi'genas  amazo'nicos al
desplazamiento continuo  en busca de otras tierras, al desarraigo
humano y  cultural, a la pe'rdida de su identidad, a engrosar los
ci'rculos de  miseria que  se ubican  en  torno  de  los  centros
urbanos de  todo el pai's. En pocas palabras: los indi'genes, sin
tierra, no  tendra'n ma's  vida. Depende de todos nosotros evitar
que desaparezcan; porque, al morir uno de ellos, morimos tambie'n
un poco todos nosotros.

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