Poli'tica social: Lineamientos para un balance de lo actuado a 1996 Mari'a Josefina Huama'n, Juan Pedro Mora Sono Nunca antes, como hoy, ha existido en el Peru' total y absoluto consenso respecto de la imperativa necesidad de solucionar el grave problema de la pobreza. Y lo ma's importante es que este consenso se ha construido a partir de la idea de que la generacio'n de empleo es el punto medular de esta solucio'n. Un aspecto que explica esta situacio'n es el hecho de que el 72% de la PEA se encuentra en situacio'n de subempleo por ingresos. Lo que, adema's, camina paralelo a la total y absoluta desigualdad e inequidad en la distribucio'n del ingreso en el pai's: 11% de la poblacio'n concentra el 80% de la riqueza generada, mientras 79% de ella accede so'lo al 20% de la misma. En los u'ltimos cuatro an~os el gobierno ha querido enfrentar esta situacio'n con una {nueva forma} de entender y definir la poli'tica social y la responsabilidad del Estado. Esto se concreto' en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, que se sustenta en la poli'tica de focalizacio'n del gasto social. Asi', el Estado buscari'a evitar el empeoramiento de la situacio'n de los ma's pobres para evitar dan~os irreversibles. Una preocupacio'n central radica en que, por lo actuado hasta hoy, pareciera que el gobierno entiende que el mejoramiento de la situacio'n de los extremadamente pobres se va a lograr so'lo con la provisio'n de infraestructura social ba'sica: construccio'n de escuelas, postas me'dicas, pistas y carreteras, servicios de luz, agua y alcantarillado; lo que es muy importante, pero, al mismo tiempo, constituye so'lo una parte de las acciones que se deberi'an desarrollar en un programa integral de lucha contra la pobreza, en la medida que estas acciones no se articulan con un proceso de desarrollo local sino que son vistas como un fin en si' mismas. Esta situacio'n se torna au'n ma's compleja cuando el aprovisionamiento de infraestructura ba'sica no va ligado a la generacio'n de empleos y al mejoramiento del nivel de ingresos de la poblacio'n, en particular la de menores recursos -a la que esta'n orientadas estas acciones-, con lo que la posibilidad de que las familias pobres y extremadamente pobres accedan a niveles adecuados de educacio'n y salud seguira' siendo limitada. Esta situacio'n se veri'a agravada con la pretendida privatizacio'n de estos servicios en el marco de la llamada {reforma del Estado}. Un aspecto no menos importante es que la definicio'n de prioridades, en la pra'ctica, deja sin atencio'n del Estado al sector de la poblacio'n que se encuentra en situacio'n de pobreza (no extrema) y a los llamados {nuevos pobres} que, al ser un porcentaje importante de la poblacio'n (se calculan en 6 millones de personas), no deben ser desatendidos. No so'lo porque no es e'tico ni justo dejarlos sin atencio'n, sino fundamentalmente porque esto podri'a generar una igualacio'n hacia abajo y tener en el corto y mediano plazo como resultado que el porcentaje de la poblacio'n en extrema pobreza aumente a niveles alarmantes y de difi'cil atencio'n. Esta situacio'n pone en claro que la poli'tica social del Estado no debe consistir so'lo en la atencio'n a la poblacio'n en extrema pobreza y que es necesario que se establezcan metas claras en el programa econo'mico para vulnerar esta situacio'n. Por otro lado, no se puede seguir pensando en focalizar el gasto cuando la proporcio'n de la poblacio'n que deberi'a ser sujeto de atencio'n es el 40%. Ante esta realidad, resulta muy importante definir cua'les son los elementos que deben ser corregidos en la poli'tica social del Estado. Se trata no so'lo de hacer una adecuada seleccio'n de prioridades, sino, y fundamentalmente, de empezar a poner en pra'ctica poli'ticas de desarrollo social que generen un crecimiento que no sea ni concentrado ni excluyente y que devuelva, a trave's del empleo adecuado, al conjunto de la poblacio'n posibilidades de consumo digno. Y que suponga, tambie'n, el desarrollo pleno de las capacidades y potencialidades de todos los peruanos. Un primer elemento a corregir es que el Estado debe reconocer la calidad de ciudadanos que tienen los beneficiarios de programas sociales, dejando de lado pra'cticas clientelistas y meritocra'ticas, con las que el sentido de la compensacio'n toma otra connotacio'n. Un avance en este sentido podri'a ser el establecer coordinaciones con los niveles de centralizacio'n de las organizaciones sociales de base para, desde alli', ejecutar acciones como el apoyo alimentario, las campan~as de vacunacio'n, etce'tera. Por otro lado, es necesario que las acciones del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza sean coordinadas con los gobiernos locales (municipios) y las organizaciones sociales de base, en la medida que son estas instituciones las que, en los u'ltimos an~os, han estado encarando la lucha contra la pobreza. Son ellas las ma's indicadas para elaborar criterios sobre los que se pueda priorizar acciones y elaborar metas para la accio'n. Un aspecto fundamental en esta reorientacio'n es la necesidad de elaborar proyectos productivos que supongan, por un lado, mejorar la calidad del autoempleo que ha generado la poblacio'n (microempresas) mediante programas de capacitacio'n productiva y en gestio'n empresarial, como, asimismo, priorizar programas de apoyo para la bu'squeda y canalizacio'n de mercados. Y, por otro lado, generar empleos productivos y de calidad para el conjunto de la poblacio'n priorizando a los jo'venes. Creemos que estos tres aspectos, entre otros, deben ser tomados en cuenta en la reorientacio'n de la poli'tica social, si es que la perspectiva de e'sta es generar desarrollo social y no so'lo paliar la imposibilidad del modelo econo'mico de incorporar al mercado a vastos sectores de la poblacio'n. Finalmente, de los aciertos y/o desaciertos del gobierno en la poli'tica social depende en gran medida el futuro del pai's y tambie'n, aunque parezca parado'jico, el e'xito del programa econo'mico. .