REQUISITORIADOS.

                           LA URGENCIA DE LEGISLAR.


En Iscahuaca-Mestizas, Cotarusi, Aymaraes, Apurimac,  Peru',  se
realizo' en 1985 la  u'ltima  fiesta  cato'lica de la comunidad, 
dejaron de existir las corridas de toros, los templos se cerraron
en los territorios de  Don Jose' Mari'a Arguedas.  Las sombras de
la guerra habi'an llegado.

Pero no solo la Iglesia Cato'lica estuvo ausente en esa zona,  el 
Estado siempre  lo estuvo  y esta vez se habi'a constituido so'lo 
como fuerza militar. Una emboscada realizada en territorio comunal
en Enero de 1989,  dejo' varias vi'ctimas entre ellas un juez, el 
fiscal y sus custodios,  a rai'z de e'ste atentado se denuncio' a 
78 comuneros como terroristas. 
Con  anterioridad  Sendero  Luminoso  condeno'  a  muerte  a  las 
autoridades comunales,  el  presidente  de  la comunidad y varios 
comuneros fueron asesinados,  se impuso el reclutamiento forzoso,
la gente en ausencia  del Estado  se vio obligada por coaccio'n a 
colaborar, el municipio distrital fue incendiado. 
La comunidad fue arrasada  por  las  fuerzas de la guerra, hoy no
queda de ella ni los cimientos.  Los comuneros habi'an  dejado de
tener  derechos  y  libertades.  Los  que  teni'an  donde  ir  se 
desplazaron  en busca de seguridad a diversos lugares del pai's y
los que quedaron, resistieron  refugia'ndose  en  las  alturas  y 
cuevas. Esta historia tan comu'n en los andes y la selva,  tantas
veces escuchada como la historia  de  "otros";  denuncia  nuestra 
ausencia como Sociedad y Estado  en esa crucial de'cada, ausencia 
que se expreso' en la absoluta desproteccio'n material y juri'dica
de la poblacio'n  civil  y la ausencia de oportunas poli'ticas de
prevencio|n,  proteccio'n  y reparacio'n  a  la poblacio'n civil.

En Cusco,  el 18 de Setiembre de 1998,  casi una de'cada despue's
de la requisitoria,  un esperanzador fallo de la Sala Corporativa
Nacional para Casos de Terrorismo, absolvio' a tres comuneros que
se presentaron voluntariamente a ser juzgados,  por acuerdo de su
Asamblea  Comunal.  Fueron  acompa+/-ados  de  la  comunidad,   sus
autoridades,  el Alcalde,  la Defensoria del Pueblo y su defensa.
Se  absolvio'asimismo en ausencia a los  75 restantes,  muchos de 
los cuales esperaban  el  fallo en las puertas del tribunal.  Los
comuneros  inocentes  haboan conquistado una  causa  justa,  este
constitui'a un paso ma's en el largo proceso de recuperacio'n  de
derechos  perdidos  a  lo largo del  conflicto armado;   antes se
habi'an reencontrado  con otra  iglesia  y habi'an  vuelto  a  la
comunidad como Adventistas, organizaron  dos retornos, realizaron
campa+/-as de   documentacio'n   y  ahora   esta'n  abocados  a  la
reconstruccio'n de la comunidad, esta vez al  pie de la carretera
para encarar el gran desafi'o  del desarrollo. Esta situacio'n no
es particular,  se hace cada vez ma's importante tomar conciencia
que es es compartida por  mas de  8000 ciudadanos a  lo largo  de
todo el pai's  y  en el extranjero. Su tratamiento por mecanismos
regulares no  es posible,  ya que  hari'an  colapsar  el  aparato
judicial y penitenciario y mantiene a los requsitoriados sometidos
a toda clase de arbitrariedades.
Se hace necesario legislar  sobre esta materia. Es muy importante
en e'sa direccio'n las  iniciativas que  vienen  desarrolla'ndose 
desde la Defensoria del Pueblo y las colectivos de ONGs de DDHH y
Desplazamiento;  sin embargo,  corresponde   al   Poder  Judicial
responder   institucionalmente  ante   esta demanda,  ya  que por
mas positivos que  sean los  mecanismos  extraordinarios  como la 
Comisio'n Ad Hoc,  que trata  los casos  de presos  y  procesados
inocentes,   lo  realmente  importante   es  apostar  a  que  las 
instituciones constitucionalmente encargadas de la administracio'n
de justicia lo hagan.  El parlamento por  otro  lado archivo  una
iniciativa   legal  canalizada   por   la   Mesa  Nacional  sobre
Desplazamiento y que constituye una buena base para  plantear  el
debate sobre el tema. Las experiencias parciales desarrolladas  a
partir de casos plantean en  primer lugar  la  necesidad  de  una
ley. Es necesario que exista una voluntad polotica  expresada  en
una ley que abra el camino a solucionar este problema,  que  fije
plazos,  que  norme procedimientos,  que modifique aspectos de la
actual legislacio|n antiterrorista  y  que  asigne  los  recursos
necesarios para su cumplimiento.

Se  ha  constatado  la   necesidad  de  que  los  acusados este'n
"informados  e identificados".  Gran parte de los requisitoriados
no saben de su situacio'n, por  provenir de sectores  rurales por
lo que no pueden ponerse a  derecho  y/o  no esta'n identificados
por el poder judicial  para  citarlos. Se hace necesario tambie'n
una adecuada actualizacio'n, revisio'n y depuracio'n de los casos
de requisitoriados contenidos en el libros de requisitoriados que
maneja la Polici'a   Nacional.  Una  adecuada   cuantificacio'n y
ubicacio'n de los requisitoriados puede tambie'n posibilitar  que
los tribunales  se acerquen  a los  escenarios de  los afectados.
Un  requisitoriado en esa condicio'n, informado  e  identificado,
puede  solicitar a la  autoridad competente su juzgamiento, aqui'
se hace necesario  "cambiar   la   orden  de   captura   por   la 
comparecencia",  en atencio'n   a la solicitud voluntaria  de ser
juzgado  y  a la necesidad  de dar GARANTIAS  necesarias  para su 
desplazamiento,  por las  enormes distancias que existe entre los
tribunales y las comunidades.
 
Finalmente  el tiempo transcurrido  entre  la  requisitoria  y la 
comparecencia,  en  muchos casos se  acerca  a  la  de'cada  y la 
reconstruccio'n de los hechos es  cada vez mas difi'cil; se  hace
necesario  "incorporar  como  prueba  el testimonio de  inocencia
que  den  sus  comunidades de  origen, las autoridades poli'ticas
y  eclesiales  locales",   ya  que   un  punto  de  partida  para
presumir  inocencia deberi'a ser el hecho que la sociedad  no  lo
reconoce delicuente en el  pasado y en el presente.

Pasos  concretos como una ley que atienda este problema que priva
a   miles   de    Peruanos   incorporarse   a   las   tareas   de  
reconstruccio'n  en las zonas  de violencia,  que  fortalezca las
instituciones  estatales  y  sociales  en  la administracio'n  de
justicia,   son   decisivos   en   la   el   actual   proceso  de
normalizacio'n que vive el pai's  y  que deben  ser  urgentemente
atendidas.  Las comunidades de Iscahuaca y Mestizas  de  Cotarusi
han demostrado que es posible.


                          Juan Mendoza Montesinos
                     Equipo de Restitucio'n de Derechos
                                 APRODEH

                       Lima, 23 de Setiembre de 1998
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