DECLARACION PUBLICA La Mesa Nacional sobre Desplazamiento y Afectados por Violencia poli'tica trabaja en la promocio'n del ejercicio pleno de los derechos de la poblacio'n desplazada y afectada por la violencia poli'tica, lo que significa apoyar los procesos de recuperacio'n social, econo'mica y de afirmacio'n cultural y ciudadana, sentando las bases para su desarrollo. Este an~o en el que estamos celebrando el cincuentenario de la Declaracio'n Universal de los Derechos Humanos, hemos centrado nuestra reflexio'n en el tema de la institucionalidad democra'tica en momentos en que se esta'n logrando condiciones de pacificacio'n en la mayor parte del territorio nacional, au'n cuando nos siguen preocupando situaciones como las del Alto Huallaga y situaciones ma's focalizadas y espora'dicas au'n en el norte de Ayacucho y parte de la selva central. Estos temas tienen que ver en esencia con el fundamento de las relaciones sociales y de gobierno, y son la base de las normas de convivencia, las cuales aspiramos se desarrollen en concordancia con los principios que sen~ala la Declaracio'n Universal, y que forman parte cada vez ma's del sentido comu'n de la sociedad. Queremos plantear al gobierno y a la opinio'n pu'blica un conjunto de propuestas alrededor de cuatro ejes: 1. El fortalecimiento de la autoridad civil en zonas de emergencia 2. La atencio'n integral a todos los afectados por la violencia poli'tica 3. El saneamiento legal de situaciones pendientes como consecuencia de la violencia poli'tica 4. Una estrategia descentralizada en los programas de apoyo a las consecuencias de la violencia y a la lucha contra la pobreza El fortalecimiento de la autoridad civil en zonas de emergencia.- La de'bil presencia de instituciones estatales antes del proceso de la violencia poli'tica, fue posteriormente ocupada por la fuerza de las circunstancias por la presencia militar desde la de'cada pasada. Pasados los momentos ma's a'lgidos en el proceso de la violencia, pensamos que se hace necesario que el contexto de paulatina pacificacio'n sea coherente con el ejercicio formal y real de la autoridad civil en las instancias de gobierno local y regional de manera definitiva. Ello permitira' que vayan supera'ndose las ausencias previas al peri'odo de violencia fortaleciendo los procesos democra'ticos construidos con una activa participacio'n de las organizaciones comunales y de base. Consideramos que es necesario que continu'e la presencia militar en las zonas en las que haya au'n necesidad de consolidar la estabilidad lograda, ya que es deber de las fuerzas del orden brindar proteccio'n a la poblacio'n civil. Las comunidades piden esta proteccio'n, la cual debe ser necesariamente coordinada y no debe pasar por sobre las autoridades civiles locales y regionales. En consecuencia proponemos: El levantamiento del Estado de Emergencia en todas las provincias y distritos de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Juni'n y Apuri'mac.1 Los Comite's de Autodefensa han cumplido un rol central en la derrota estrate'gica de Sendero Luminoso. Ahora vemos co'mo sus funciones se esta'n reconvirtiendo al interior de sus comunidades, con una tendencia a sujetarse a la autoridad comunal. Es importante sen~alar que su rol al interior de la comunidad ha sido y sigue siendo valioso, no asi' cuando por obediencia a la autoridad militar sali'an de su territorio para patrullar otras zonas y en su accionar cometieron algunos excesos. En todo caso, su origen y sus funciones esenciales teni'an que ver con la autoproteccio'n, y ahora cada vez ma's con el orden interno de las comunidades. Este e'nfasis hace que los Comite's de Autodefensa tengan rasgos muy similares a los de las rondas campesinas del norte del pai's. Por otro lado, hay que sen~alar que no se ha cumplido realmente con la reparacio'n civil a la que tienen derecho quienes se han visto afectados directamente con invalidez permanente o los deudos de los fallecidos en el servicio de los Comite's de Autodefensa. En consecuencia proponemos: La derogatoria de la ley de Comite's de Autodefensa, ubicando juri'dicamente a estas organizaciones de autodefensa en la ley de Rondas Campesinas. En este tra'nsito habri'a que tener especial consideracio'n frente al tema del armamento financiado por los comuneros de modo que se retribuya en forma justa su inversio'n, que no so'lo sirvio' para la autodefensa sino para la defensa de la nacio'n. Demandamos tambie'n que se reglamente y ponga en pra'ctica la norma que brinda una compensacio'n a quienes han sido afectados como consecuencia del servicio en los Comite's de Autodefensa, y se fortalezcan y ampli'en los programas sociales que atienden a viudas, a nin~os hue'rfanos y discapacitados por efecto de la violencia. En cuanto a la administracio'n de justicia, ha sido notoria la escasa presencia estatal en este terreno antes, pero sobre todo durante del peri'odo de la violencia. Actualmente, se vislumbran pra'cticas y nuevas normas que podri'an llevar a una mejor atencio'n de esta necesidad basadas en el ejercicio de la autoridad comunal, posibilidad que esta' amparada por la Constitucio'n. Tal es el caso de los Nu'cleos de Administracio'n de Justicia - NURAJ, en el norte de Ayacucho, promovidos por IPAZ. En este sentido proponemos: Fortalecer las experiencias de administracio'n de justicia basadas en la autoridad comunal, y analizar las implicancias de la aplicacio'n de la Ley de Conciliacio'n para su aplicacio'n sin contradicciones con dicha autoridad comunal. La atencio'n integral a todos los afectados por la violencia poli'tica.- Ha sido muy importante haber reconocido la existencia del proceso de desplazamiento en el pai's y haber creado un organismo como el PAR para dar respuesta a parte de la problema'tica, asi' como otros dispositivos legales con relacio'n a la documentacio'n personal. Es necesario sen~alar, sin embargo, que esta atencio'n es insuficiente incluso en los temas que se han planteado expli'citamente para su solucio'n. La creacio'n del PAR partio' de una visio'n parcial en relacio'n con el proceso del desplazamiento y sus consecuencias a so'lo una de las opciones. Y dentro de esta opcio'n, su puso e'nfasis en la modalidad menos significativa y sostenible, cual es el retorno de grupos desde grandes ciudades como Lima hacia las comunidades de origen, que pese a haber requerido de una mayor inversio'n no parece haber resultado suficiente ya que un nu'mero significativo de estos retornantes ha regresado a las ciudades. Sin embargo, el gran movimiento de retorno se dio desde pequen~os centros poblados o ciudades menores hacia las comunidades de origen, y han demostrado ser los que presentan mayores rasgos de estabilidad en el tiempo, au'n cuando sus condiciones son de mucha precariedad. Con relacio'n al repoblamiento proponemos: Que el PAR y las dema's entidades estatales y no gubernamentales que trabajan en las zonas afectadas por violencia poli'tica brinden mayor atencio'n a las zonas repobladas sin apoyo estatal, fortaleciendo la economi'a familiar mediante cre'ditos y capacitacio'n, y apoyar el desarrollo de la capacidad de gestio'n comunal. El balance realizado por la Mesa Nacional en agosto de 1997 sen~alo' que alrededor del 80% de las 435,000 personas desplazadas de los sectores campesinos y nativos no habi'an retornado ni estaba en sus perspectivas inmediatas hacerlo. La cifra de poblacio'n retornante en estos sectores a la que se llego' luego de un an~o de trabajo en las Mesas Regionales fue de 68,000 personas, muy lejos de lo sen~alado por los voceros gubernamentales. Asimismo, se cuantifico' en 1|600,000 personas los afectados por la violencia poli'tica, incluyendo a la poblacio'n desplazada y la que resistio' en las zonas afectadas por la violencia poli'tica. En cuanto a la atencio'n a la poblacio'n que ha optado por la insercio'n, hay un gran vaci'o de propuestas que den respuesta a la emergencia acumulada en la que se encuentra. El Representante del Secretario General de las Naciones Unidas en el tema del Desplazamiento Interno, Dr. Francis Deng, sen~alo' en su informe sobre el Peru', hace casi tres an~os, que "las campan~as que crean la impresio'n de que la u'nica opcio'n viable es regresar a los lugares de origen, o prometer asistencia so'lo a quienes regresan pueden ser formas sutiles de coaccio'n" y sen~alo' tambie'n que "los que optan por asentarse en zonas diferentes deben recibir la misma asistencia y proteccio'n que los que regresan a sus zonas de origen". Generar un polo de atraccio'n en el campo sera' trabajo a muy largo plazo, ma's au'n con la imperante poli'tica econo'mica neoliberal. Mientras tanto, no se deben desatender las necesidades humanitarias de quienes han sufrido los efectos de la violencia. Parte importante de esta poblacio'n se encuentra articulada organizativamente en la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstruccio'n del Peru' - CONDECOREP, con lo cual hay una poblacio'n identificada en posibilidad de participar activamente para dar solucio'n a sus problemas. Proponemos en consecuencia: Que el conjunto de poli'ticas sociales y programas de lucha contra la pobreza, tomando en cuenta la experiencia del PAR y las entidades no gubernamentales que han trabajado con poblacio'n desplazada y afectada por violencia poli'tica, visualicen en sus estrategias la situacio'n de esta poblacio'n sin discriminarla con relacio'n a la opcio'n que tomen, por constituirse en el sector de mayor vulnerabilidad y que, no obstante, ofrece una estructura organizativa que es necesario fortalecer con propuestas que desarrollen sus capacidades para la co- gestio'n de proyectos dirigidos a solucionar sus principales demandas. En el escenario de la selva central, encontramos junto a las graves secuelas de la violencia poli'tica en el tejido social, una experiencia organizativa basada en la identidad e'tnica que permite que los grupos de asha'ninkas, ya'neshas y nomatziguengas, establezcan una ubicacio'n de horizontalidad en la interlocucio'n con el Estado y los agentes privados de promocio'n y desarrollo, lo cual es un indicador importante de ciudadani'a que no encontramos con igual fuerza en otros sectores. Pero esto se ve debilitado por las pugnas internas entre las diversas expresiones organizativas. A su vez, se producen contradicciones con agentes particulares como es el caso de la intervencio'n de las empresas petroleras y colonos de actividad maderera en la zona. En este sentido pedimos: Que las entidades responsables del Estado auspicien un espacio de amplio dia'logo en la selva central que incluya a todas las organizaciones de base y de apoyo promocional, de modo que no se realice una sumatoria de acciones a partir de negociaciones puntuales con cada comunidad, debilitando su fuerza organizativa, sino que se logre profundizar en el conocimiento y reconocimiento de una realidad especi'fica que generalmente es poco comprendida por el resto de la sociedad, lo cual conlleva a la fragilidad de los mecanismos de proteccio'n y respeto a los que tienen derecho. En la zona del Alto Huallaga, el valle del Monzo'n y la provincia de Padre Abad en Hua'nuco, persiste una situacio'n de violencia subversiva que conduce a una respuesta contrasubversiva no siempre respetuosa de los derechos de la poblacio'n civil. En esta y otras situaciones de emergencia a lo largo de estas casi dos de'cadas, ha sido muy importante la labor silenciosa y abnegada del Comite' de la Cruz Roja Internacional a quienes queremos reconocer especialmente. En esta situacio'n, la accio'n estatal no esta' desarrollando acciones de proteccio'n y prevencio'n, habie'ndose producido desplazamientos de poblacio'n en los u'ltimos dos an~os y graves secuelas hasta ahora no atendidas. Proponemos en consecuencia: Que el PAR desarrolle una estrategia de prevencio'n y proteccio'n de la poblacio'n civil en las zonas en las que se presentan situaciones de emergencia, en coordinacio'n con las organizaciones de base, organismos no gubernamentales y sectores eclesiales de la zona. La Cooperacio'n Internacional ha desempen~ado un papel importante en una etapa inicial del proceso de recuperacio'n de condiciones en el repoblamiento. Sin embargo, la etapa siguiente requiere de una mayor inversio'n y decisio'n poli'tica para atender integralmente el proceso de rehabilitacio'n y reconstruccio'n. Pedimos por tanto: Se convoque a una Mesa de Donantes que evaluando el impacto de lo avanzado, se comprometa a una siguiente fase en la que se apoyen iniciativas de cara'cter integral para la rehabilitacio'n y la reconstruccio'n de las zonas afectadas por la violencia en la que se desarrollen acciones concertadas entre los sectores estatales y no gubernamentales, con un mayor protagonismo de los sectores organizados de la poblacio'n afectada. El saneamiento legal de situaciones pendientes como consecuencia de la violencia poli'tica.- Hay problemas de tipo legal que trascienden el escenario rural tienen que ver con la indocumentacio'n, los encarcelamientos y requisitorias injustas, y la justicia frente a las violaciones de derechos humanos por parte de los agentes estatales y al derecho internacional humanitario por parte de los grupos subversivos. Hacer justicia y conocer la verdad de los hechos es un tema pendiente, incluso en las propias expectativas de la gran mayori'a de la poblacio'n desplazada y afectada por violencia poli'tica, lo cual es ya doloroso. Sin embargo, pasados los an~os, paulatinamente tambie'n podra'n irse desarrollando experiencias que intenten articular una memoria histo'rica, necesaria para el pai's que de' cuenta del lado de la historia que no vimos o no quisimos ver, y juzgar y sancionar a los responsables. Ha merecido, en cambio, una decidida accio'n el tema de los presos inocentes, y la Comisio'n Ad Hoc esta' realizando un arduo trabajo al respecto. Pero so'lo recientemente se ha visualizado un problema que esta' a la base de ello, el de alrededor de cinco mil requisitoriados por terrorismo implicados por falsos testimonios y por un involucramiento masivo de poblacio'n campesina que se encontraba en una situacio'n de coaccio'n, amenaza y desproteccio'n. Saludamos el esfuerzo que esta'n desarrollando la Defensori'a del Pueblo y el Instituto de Defensa Legal en el ana'lisis y la elaboracio'n de propuestas en este tema. La Mesa Nacional en colaboracio'n con la Asociacio'n Pro Derechos Humanos - APRODEH, quiere contribuir contribuir en este tema presentando: El Proyecto de Ley sobre Personas Inocentes Requisitoriadas que incluye como principales elementos: * El sobreseimiento de los procesos en los casos en que se han producido hechos delictivos que esta'n exentos de responsabilidad penal, como es el caso de la amenaza o coaccio'n * El cambio de la orden de detencio'n por el de comparecencia * La inclusio'n y validacio'n del testimonio comunal y de autoridades civiles y eclesiales locales para dar fe de la conducta real de los acusados. * Dejar abierta tanto la vi'a judicial como la de la intervencio'n de la Comisio'n Ad-Hoc creada mediante Ley 26655 para la resolucio'n de los casos. * El derecho a la informacio'n de la situacio'n de requisitoria en los sectores ma's vulnerables en la ciudad y el espacio rural. Saludamos el conjunto de dispositivos legales que han permitido atender el problema de la indocumentacio'n, problema no so'lo de la poblacio'n desplazada y afectada por violencia poli'tica, sino de cara'cter estructural en el a'mbito nacional. Ha sido altamente positivo beneficiar a una poblacio'n distribuida ampliamente en el territorio nacional. Pero creemos que es posible que muchos desplazados o pobladores de zonas afectadas por la violencia este'n en una situacio'n ma's compleja, por ejemplo, con temor o conocimiento de estar implicados injustamente en procesos penales, o en situacio'n de omisos al Servicio Militar Obligatorio sin estar informados del dispositivo legal que los beneficia actualmente. Es necesario trabajar coordinadamente entre sectores estatales y privados con mucho mayor difusio'n. Esto permitara' que sectores rezagados puedan beneficiarse de este mecanismo de regularizacio'n documentaria. Proponemos entonces: Que el Programa de Registro Provisional de Identidad se extienda por dos an~os ma's para dar tiempo a su difusio'n con una mayor coordinacio'n entre entidades y a la regularizacio'n de la situacio'n legal de poblacio'n injustamente requisitoriada, luego de lo cual, sus lineamientos sean asumidos como poli'tica permanente del RENIEC a fin de subsanar las posibles situaciones que escapen al trabajo del Programa. Una estrategia descentralizada en los programas de apoyo a las consecuencias de la violencia y a la lucha contra la pobreza.- En los procesos de recomposicio'n de la institucionalidad socio- poli'tica en las zonas andinas afectadas por la violencia, encontramos que la comunidad campesina sigue siendo un referente central de identidad y resistencia frente a los embates de la violencia y de la agudizacio'n de la pobreza. Se han incluido, adema's, elementos que plantean una tarea de readecuacio'n como por ejemplo: la experiencia de la autodefensa, el contacto con la realidad urbana que aportan los grupos de retornantes y que alimentan nuevas expectativas de desarrollo con relacio'n al mercado y a la articulacio'n con el Estado y el resto de la sociedad, la experiencia organizativa de las mujeres, la mayor participacio'n en los gobiernos locales rurales. Asimismo, se han fortalecido las experiencias organizativas de origen urbano tanto gremiales como de sobrevivencia, traslada'ndose incluso al a'mbito comunal. So'lo en la medida en que se brinden espacios adecuados para el planeamiento y la ejecucio'n de programas y proyectos que se dirigen a estos sectores, se podra'n desarrollar las capacidades y la visio'n estrate'gica necesaria para dar sostenibilidad a estas iniciativas. Los gobiernos locales se constituyen en el primer eslabo'n entre la sociedad civil y el ordenamiento estatal. En ese sentido, tienen un rol estrate'gico que les puede permitir liderar procesos sociales que apunten a sentar las bases para el desarrollo. Consideramos que se ha centralizado excesivamente la accio'n del Estado con relacio'n a los programas sociales, y no se ha logrado una real participacio'n de los sectores directamente involucrados. Proponemos en este sentido: Municipalizar los programas estatales y asignar mayores recursos a los municipios de las zonas rurales en proceso de rehabilitacio'n y reconstruccio'n, descentralizando realmente la inversio'n social, de manera que las instancias te'cnicas de los sectores estatales tengan un rol de apoyo te'cnico y financiero frente a las propuestas concertadas ampliamente entre los diferentes sectores sociales y estatales locales. Lima, 4 de diciembre de 1998. 1 Ver informe sobre Seguridad Ciudadana, Jose' Coronel, Seminario Descentralizado sobre Institucionalidad Democra'tica en el aca'pite de Seguridad Ciudadana, Mesa Nacional sobre Desplazamiento y Afectados por Violencia Poli'tica-SEPIA, 1998. ? .