******************************************************** ACTUALIDAD PERUANA Boleti'n Electro'nico de la ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS APRODEH LIMA, PERU MAYO - JUNIO 1998 # 3-4 ******************************************************** COMUNICADO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS AL GOBIERNO El Presidente del Consejo de Ministros ha manifestado en declaraciones pu'blicas que atendera' de manera directa los asuntos relacionados con la plena vigencia de los derechos humanos en el pai's. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, institucio'n que agrupa a 50 organismos de derechos humanos en todo el pai's reitera los puntos que deben ser atendidos de inmediato para garantizar la vigencia de los derechos humanos en el Peru': INSTITUCIONALIDAD / DEMOCRACIA 1. Restituir a los magistrados del Tribunal Constitucional arbitrariamente destituidos y modificar la Ley Orga'nica del Tribunal Constitucional para reducir los seis votos requeridos para resolver las acciones de inconstitucionalidad. 2. Adoptar medidas para restablecer la transparencia del Sistema Electoral: retirar los agentes infiltrados en los o'rganos del Sistema Electoral -en especial en el RENIEC-; derogar las leyes que afectan el adecuado funcionamiento de este sistema, particularmente la Ley No. 26954 -que modifica el sistema de votacio'n en el Jurado Nacional de Elecciones. 3. Derogar las normas que violentan las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, restableciendo las potestades que de acuerdo a la Constitucio'n le corresponden. 4. Respetar la autonomi'a e independencia del Poder Judicial y el Ministerio Pu'blico, dando por concluidas las funciones de las Comisiones Ejecutivas del Poder Judicial y el Ministerio Pu'blico. Restablecer las funciones del Fiscal de la Nacio'n, de gestio'n y gobierno del Ministerio Pu'blico. Eliminar la figura de jueces y fiscales provisionales y nombrar a los titulares, derogar la norma que equipara los derechos y atribuciones de los provisionales con la de los titulares. MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES / TRATADOS Y AMBITO INTERNACIONAL 5. Reformar la Constitucio'n eliminando la pena de muerte (arti'culo 140 de la Constitucio'n). 6. Restablecer la disposicio'n constitucional que otorgaba jerarqui'a constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos. 7. Suscribir y ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos que esta'n pendientes. Reconocer la competencia del Comite' contra la Tortura de Naciones Unidas para recibir y examinar denuncias individuales, de acuerdo a lo previsto en los arti'culos 21 y 22 de la Convencio'n contra la Tortura. 8. Cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisio'n Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de diversos o'rganos de Naciones Unidas. 9. Apoyar la creacio'n de una Corte Penal Internacional permanente, para prevenir y sancionar los ma's graves cri'menes contra la humanidad. Respaldar su plena independencia y eficacia. FUERZAS ARMADAS / SIN 10. Adoptar medidas frente al excesivo rol de las Fuerzas Armadas en los asuntos de orden pu'blico en detrimento de las funciones de las autoridades poli'ticas a todo nivel. 11. Reformar la Constitucio'n en lo referente a la competencia de los tribunales militares (arti'culo 173 de la Constitucio'n), no permitiendo que juzguen a civiles. 12. Reorientar las funciones del Servicio de Inteligencia Nacional acorde con un Estado social y democra'tico de Derecho, estableciendo mecanismos de control de sus actividades, de transparencia en la actuacio'n de los funcionarios que lo integran y limitando sus funciones estrictamente a la seguridad de la Nacio'n. IMPUNIDAD /SANCION A VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS 13. Ordenar investigaciones independientes y sancionar a quienes resulten responsables de las violaciones de derechos humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la interceptacio'n telefo'nica, el amedrentamiento de opositores, entre otras. 14. Derogar la Leyes de Amnisti'a (Leyes No. 267479 y 26492) que otorgan impunidad a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y niegan la verdad y la justicia. SECUELAS DE LA VIOLENCIA 15. Dar una ley de atencio'n integral a las vi'ctimas de la violencia poli'tica. 16. Liberar a todos los inocentes que se encuentran detenidos acusados injustamente de terrorismo. Asegurar la continuidad de la Comisio'n Ad-Hoc hasta la total liberacio'n de estas personas e indemnizarlas por el dan~o que se les ha ocasionado. 17. Reformar la actual legislacio'n antiterrorista, adecua'ndola a lo establecido en instrumentos internacionales de derechos humanos sobre debido proceso garanti'as judiciales. 18. Emitir una legislacio'n que resuelva la situacio'n de los requisitoriados, respetando su particular situacio'n y poniendo fin a las amenazas a su libertad. 19. Atender integralmente la problema'tica de los desplazados. Adoptar medidas para el retorno y la reinsercio'n de miles de personas que tuvieron que salir de sus lugares de origen por efectos de la violencia poli'tica. NORMAS DE "SEGURIDAD NACIONAL" 20. Derogar y modificar las normas emitidas por el Poder Ejecutivo sobre la llamada "seguridad nacional" que violentan normas constitucionales e internacionales sobre debido proceso y garanti'as judiciales. Particularmente deben derogarse el Derecho Legislativo No. 895, que crea irregularmente el delito de "terrorismo agravado", disminuye la mayori'a de edad a 16 an~os y faculta a los tribunales militares a juzgar a civiles; el Decreto Legislativo No. 899 -referido a "pandillaje pernicioso"-, y el Decreto Legislativo No. 900 que altera el tra'mite de las acciones de ha'beas corpus y amparo, limita'ndolos. LIBERTAD Y PRENSA DE OPINION 21. Cesar los ataques a periodistas y sancionar a los responsables. No restringir el derecho de expresio'n por vi'as o medios indirectos. SISTEMA PENITENCIARIO 22. Cerrar por inhumano el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, ubicado a 4,600 m.s.n.m., ubicado en un lugar inaccesible entre los departamentos de Puno y Tacna. 23. Trasladar a menores internados en el Establecimiento Penitenciario de Ma'xima Seguridad de Quencoro, a los Centro de Diagno'stico y Rehabilitacio'n Juvenil de origen, para que reciban un adecuado tratamiento acorde a su condicio'n de menores. 24. Reformar el sistema penitenciario, mejorando la infraestructura, la alimentacio'n y las condiciones de salubridad y resolver el problema de especiales para internos de difi'cil readaptacio'n y terrorismo y traicio'n a la patria, adecua'ndoles a las reglas internacionales. LEVAS 25. Terminar la pra'ctica ilegal de las levas -reclutamiento forzado- que constituye una detencio'n arbitraria, asi' como con los maltratos y torturas contra los conscriptos que cumplen Servicio Militar Obligatorio; sancionando a los responsables de tales abusos. Consejo Directivo Nacional Lima, 13 de junio de 1998 ************************************************************** INSEGURIDAD CIUDADANA: INGREDIENTES MALIGNOS En estas entrevistas de Orazio Potesta algunas respuestas son controvertidas y sujetas a discusio'n. Con ellas queremos contribuir a un necesario debate. LA POBREZA HE'CTOR BE'JAR: "LA DESIGUALDAD SOCIAL ES EL DETONANTE" \Que' reflexiones debemos hacer respecto a la relacio'n que existe entre la pobreza y la delincuencia comu'n? Debemos distinguir los tipos de delincuencia que hay. Una es la organizada, que no tiene nada que ver con la pobreza, y que opera como una industria que se desarrolla incluso a nivel transnacional. Es la que se encargan de los secuestros y el narcotra'fico. Este tipo de delincuencia es resultado de un feno'meno mundial llamado corrupcio'n y que tambie'n afecta al Peru'. Este feno'meno se incuba en ciertos gobiernos poco transparentes de Ame'rica Latina, ayudados por la ausencia mecanismos de fiscalizacio'n ciudadana sobre los asuntos nacionales. Hay otro tipo de delincuencia que tiene que ver directamente con la pobreza y que es menor en te'rminos de dinero. Es la que vemos en los robos y en las acciones de algunas pequen~as pandillas. \La pobreza es la causa principal de la delincuencia? Yo creo que operan hechos muy complejos. En primer lugar, me parece que existen ciertos modelos de conducta universal formados a partir de la globalizacio'n, feno'meno que propugna que el e'xito se basa en la posesio'n de cosas materiales, dejando de lado los principios morales. Es decir, al mismo tiempo en que se crean grandes expectativas en torno a la posibilidad de obtener riqueza por el e'xito propio, se desecha la solidaridad y el respeto a las personas. El ejemplo de los gobernantes tambie'n influye. Si la gente ve todos los di'as que los gobernantes demuestran que para tener e'xito hay que mentir y transgredir las leyes, (algunos lo reconocen con orgullo) lo que se hace es destruir sus valores heredados por generaciones. Otro aspecto que me parece importante es el de la escuela que hoy en di'a esta' en decadencia. Entonces, creo que la pobreza abarca todos estos factores. La pobreza no debe ser entendida so'lo como la ausencia de recursos econo'micos, sino ma's bien como un conjunto de circunstancias que hace que la vida se deteriore. \Cua'l es el problema de fondo en todo esto? La desigualdad social es el detonante. En el Peru', hay desigualdad en la distribucio'n de los recursos, de la propiedad y de la carga tributaria. Entonces, podemos decir que en el mundo se empieza a reconocer que la pobreza es consecuencia de la forma injusta co'mo esta'n distribuidos los recursos de la sociedad. Yo si creo que la pobreza es una de las causas principales de la delincuencia comu'n, pero unida a otros factores. Imagi'nense, sino el Peru' que tiene 12 millones de pobres segu'n cifras oficiales, tendri'a tambie'n doce millones de delincuentes. EL GOBIERNO, EL SIN, Y SUS DECISIONES FERNANDO ROSPIGLIOSI: "EL GOBIERNO ES EL GRAN RESPONSABLE" \El Gobierno tiene voluntad poli'tica para derrotar a la delincuencia comu'n? Sin duda tiene la intencio'n de resolver este problema porque en las encuestas figura en el primer lugar en el rubro de lo que ma's le preocupa a la gente, aparte de lo que significa la pobreza y el subempleo. Eso le preocupa a la gente, y el gobierno, que desea quedarse en el poder, tendra' que resolverlo para ganar mayor aprobacio'n. \Por que' el Gobierno siempre utiliza los problemas sociales para fines poli'ticos? Eso responde a su afa'n de perpetuacio'n. En esa lo'gica, siempre esta' pensando en cua'les son los temas que le pueden permitir mantenerse en el poder, y el de la delincuencia es gravitante porque le permite presentarse nuevamente como salvador de la sociedad, como indispensable para la estabilidad del pai's. \Que' es lo ma's grave de las medidas tomadas por el re'gimen? Hay varias cosas graves. Lo esencial es que liquida las posibilidades de defensa de las personas que sean acusadas por las autoridades, y esto se manifiesta de varias maneras: juzgando a los civiles en tribunales militares, obstaculizando y recortando el derecho a la defensa y eliminando los recursos de amparo y ha'beas corpus. Es decir, todos estos elementos esta'n destinados a hacer que el ciudadano quede indefenso ante el Estado, ante los tribunales militares, y ante la polici'a, porque bastara' un atestado para que un inocente sea sentenciado como ocurrio' con la legislacio'n antiterrorista. \Por que' el Gobierno se ha dedicado a desmoralizar y desprestigiar a la Polici'a Nacional? Recordemos, por ejemplo, que Fujimori la acuso' de permitir el asalto a la residencia del embajador japone's... Es tradicional que las FF. AA. traten asi' a la polici'a. Esto siempre ha ocurrido y ahora que el Eje'rcito tiene peso dentro del re'gimen, las cosas empeoran: la polici'a es desvalorizada y minimizada. Adema's, le quitan sus atribuciones y la subordinan nega'ndole recursos. Con esto se deduce que quienes quieren resolver el problema de la delincuencia son los militares. La polici'a sera' solo masa manipulable en funcio'n de estos objetivos. \Cua'l es la responsabilidad del gobierno en el incremento de la delincuencia comu'n? El gobierno es el principal responsable, porque ha fracaso en su intento de reorganizar el Poder Judicial, y por tener un pe'simo manejo del sistema carcelario. Todo es culpa del Gobierno pues no resolvio' nada pese a haber dictado las leyes que quiso desde 1992. No debemos olvidar tambie'n los problemas econo'micos y sociales que son el caldo de cultivo para la delincuencia comu'n. No la generan pero influyen en su origen. Se tiene que resolver de inmediato el problema de la pobreza y la desigualdad social. Entonces no es la polici'a como se ha querido hacer creer... No, porque la polici'a esta' bajo control del Eje'rcito desde el 28 de julio de 1990. Desde el primer di'a, los militares tomaron el control de la polici'a y del Ministerio del Interior pues repartieron todas sus dependencias importantes entre sus coroneles y generales en actividad o en retiro. Eso fue en el 90. Ya en el 92, las pocas instituciones que escapaban de este control como la Dincote, fueron subordinadas tras la salida de Ketin Vidal y Benedicto Jime'nez. \Que' caracteri'sticas debe tener un gobierno que desee combatir con e'xito a la delincuencia? No se trata de que haya un gobierno con caracteri'sticas especiales para combatir con e'xito a la delincuencia, si tenemos en cuenta que esta ola delincuencial afecta por igual a varios pai'ses de Ame'rica Latina. Sin embargo, hay algunas caracteri'sticas que se repiten, como los programas econo'micos que crean desempleo y sistemas judiciales y policiales corruptos. No se trata so'lo de liberalizar el mercado. Se debe tener una so'lida poli'tica social y de crecimiento con equidad que fomente el fortalecimiento institucional para enfrentar los retos que tienen los pai'ses en desarrollo como el nuestro. ************************************************************** LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: soberani'a, intervencionismo y derechos humanos EDUARDO CACERES VALDIVIA Es un logro de nuestra e'poca la creciente conciencia del cara'cter universal y obligatorio de los Derechos Humanos. De su primaci'a frente a cualquier otro principio poli'tico o diploma'tico. La idea de una "moral universal" no es patrimonio hoy de algunos filo'sofos idealistas. Pero el ponerla en pra'ctica exige delimitar no so'lo su contenido sino tambie'n sus medios. En este caso, como en muchos otros, el fin determina sus propios medios. \Sera' la Corte Penal Internacional un medio adecuado para tales fines? La idea de establecer una Corte Penal Internacional no es de reciente data. Fue propuesta en 1920 por el Secretario General de la Sociedad de Naciones -precario antecedente de las Naciones Unidas-, y retomada en 1947 buscando dar estabilidad y continuidad a los principios que habi'an dado origen a los tribunales de Nuremberg y Tokio. Comisiones y Comite's se sucedieron en el a'mbito de las Naciones Unidas -desde 1948 hasta la fecha- culminando su trabajo en recomendaciones nunca llevadas a la pra'ctica. La guerra fri'a, entre otros factores, ayudo' a "congelar" esta idea. El fin de la guerra fri'a, por un lado, y la gravedad de algunos conflictos contempora'neos llevo' a un relanzamiento de la iniciativa a fines de la de'cada pasada. Ma's au'n, llevo' a que se establecieran dos Cortes ad-hoc, una para la ex-Yugoslavia, la otra para Rwanda. estando a las puertas de la Conferencia de Roma en torno a la creacio'n de esta instancia, vale la pena recordar y sintetizar sus fundamentos doctrinales y despejar algunos malos entendidos que suelen ser utilizados para bloquear o desnaturalizar el establecimiento de esta Corte. Una de ellos es el que tiene que ver con la soberani'a nacional. La soberani'a es una de las ideas fundamentales de la poli'tica moderna. Se sintetiza en el reconocimiento de que, en los marcos del estado-nacio'n moderno, la autoridad reposa exclusivamente en el estado. La Corte Mundial dio hace varias de'cadas una definicio'n, hoy cla'sica, de soberani'a: "el estado no es su'bdito de ningu'n otro estado, y tiene poderes totales y exclusivos dentro de su jurisdiccio'n". Louis Henkin precisa la concepcio'n moderna de soberani'a explicando: "co'mo un estado actu'e en relacio'n a sus propios ciudadanos en su propio territorio es un asunto de jurisdiccio'n dome'stica, es decir, no concierne a nadie ma's y por tanto no corresponde a la ley internacional. Un hecho decisivo en la configuracio'n de este principio fue la firma de la paz de Westaphalia (1648), tratado que puso fin a treinta an~os de guerra entre cato'licos y protestantes. En e'l se reconoci'a que cada estado era soberano para decidir sobre cuestiones religiosas al interior de sus fronteras. A partir de ese momento el principio de soberani'a, equivalente a la no injerencia en asuntos internos, fue una de las piedras angulares de las relaciones internacionales. Dos fuerzas comenzaron a erosionar este principio. Por un lado, el proceso de constitucio'n del mercado mundial apoyado en las teori'as librecambistas que cuestionaban la validez de las restricciones estatales a la circulacio'n de mercanci'as. Y por otro, la difusio'n de las diversas doctrinas filoso'ficas y poli'ticas que, desde la Ilustracio'n en adelante, avanzaron en la construccio'n de identidades que se postulaban universales: el ciudadano, la clase social, etc. Las ideas no llegaron solas: la revolucio'n francesa de 1789, y antes la norteamericana de 1776, al proclamar derechos universales establecieron las bases para un intervencionismo emancipador. Sin embargo, tambie'n desde el principio, comenzaron los malos entendidos. La aventura imperial napoleo'nica se hizo con las banderas de la revolucio'n en las manos. Sus resultados fueron, por decir lo menos, contradictorios: si bien se expandieron algunos principios de la revolucio'n, su correlato poli'tico fue un imperio que semejaba ma's al antiguo re'gimen que a la utopi'a de 1789. La reaccio'n nacional, anti- napoleo'nica, la capitalizaron en toda Europa las viejas dinasti'as. Ma's de un siglo despue's, el intento del poder sovie'tico de "emancipar" Polonia, lo u'nico que logro' fue poner en la misma trinchera a nobles, campesinos y proletarios polacos. Hubo, sin embargo, a lo largo del siglo XIX, algunos a'mbitos en los que la intervencio'n gano' legimitidad sin identificarse con aventuras imperialistas. Tal fue el caso de la lucha contra la esclavitud. Se llego' a considerar li'cito abordar barcos cargados de esclavos, fuera cual fuera su bandera, sin que esto significara declaracio'n de guerra contra el pai's de procedencia. Los cambios decisivos tuvieron lugar a lo largo del siglo XX. Y fueron las trauma'ticas experiencias de las dos guerras mundiales las que actuaron como catalizadores. Cuando tras la derrota del nazi-fascismo el tribunal de Nuremberg condeno' a los li'deres nazis, rechazando el argumento de la defensa en el sentido que actuaron obedeciendo las decisiones soberanas del estado al que perteneci'an, sento' un precedente decisivo. Tal como sen~ala Tom J. Farer "el tribunal de Nuremberg transformo' a los individuos de meros objetos de sus estados en sujetos que tienen derechos que pueden afirmar contra sus propios estados. Esos estados (y los individuos que actu'an bajo sus o'rdenes) tienen obligaciones correspondientes". Se rompi'a, por tanto, con la concepcio'n de la soberani'a ilimitada. Esta decisio'n culminaba un proceso de campan~as internacionales que desde los an~os posteriores a la primera guerra mundial habi'an llevado adelante las principales organizaciones de derechos humanos en el mundo. Obviamente, a nadie se le ocurrio' juzgar los cri'menes de guerra o contra la humanidad que hubieran podido cometer los vencedores de 1945. Al formarse las Naciones Unidas, suscribirse su Carta y la Declaracio'n Universal de los Derechos Humanos, se establecio' un sistema restringido y tutelado de vigencia de dos principios que ma's de una vez colisionaron en las de'cadas siguientes: el principio de soberani'a y el de ingerencia. Se ha hecho comu'n hablar del "derecho a la ingerencia" entendido como el derecho que tiene la comunidad internacional a pasar por encima del principio de soberani'a cuando existe una situacio'n interna que significa una grave amenaza para la paz mundial. El arti'culo 2, para'grafo 7, asi' como el capi'tulo VII -"Acciones en caso de amenazas contra la paz"- de la Carta de las Naciones Unidas suelen ser mencionados como los dispositivos que fundamentan este derecho. Resulta difi'cil cuestionar, por ejemplo, la resolucio'n del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a Rhodesia en 1968. En ella se establecio' que la existencia del re'gimen minoritario racista era una amenaza para la paz mundial, legitima'ndose la accio'n internacional en su contra. Han sido, sin embargo, ma's numerosos los casos en los que las poli'ticas de bloque, los intereses imperiales y geopoli'ticos han llevado a neutralizar la accio'n internacional frente a regi'menes amenazantes y violadores de derechos humanos. Ahora bien, las intervenciones que se han desarrollado amparadas por el derecho a la injerencia han tenido resultados bastante disi'miles. En la mayori'a de los casos -como sucedio' en Irak y en Haiti'- su cara'cter multinacional ha sido ma's bien formal: el componente fundamental, si no exclusivo, lo ponen los Estados Unidos. En varios de ellas el resultado ha sido el entrampamiento: tal es el caso de la ex- Yugoslavia y de Somalia. Y en donde la intervencio'n fue exitosa, caso de Irak, se trato' simple y llanamente de una operacio'n militar de gran envergadura que, adema's de causar graves dan~os materiales y humanos, ni siquiera fue capaz de eliminar las causas de la tensio'n poli'tica o de solucionar la situacio'n de minori'as nacionales como la de los kurdos. Casos ma's bien exitosos de intervencio'n externa en asuntos internos han tenido otro origen y otro contexto. Los resultados positivos de las misiones de Naciones Unidas para Centro Ame'rica y El Salvador (ONUCA y ONUSAL respectivamente) tienen que ver no so'lo con las habilidades del staff de la ONU, sino con la presencia de un factor decisivo ausente en otros conflictos: la voluntad expli'cita de buscar salida al conflicto por parte de los actores internos claves (gobiernos, fuerzas de oposicio'n, guerrillas, etc.). No es exagerado concluir que en la mayori'a de los casos han sido los intereses imperiales y geopoli'ticos los que han jugado un rol decisivo en las intervenciones que se han sucedido en las u'ltimas de'cadas. No se piense que el fin de la bipolaridad ha significado una reduccio'n sustantiva de las intervenciones. Un tercio del total histo'rico de las operaciones de mantencio'n de la paz de Naciones Unidas han tenido lugar en los u'ltimos seis an~os. La u'nica manera de escapar al dilema de tener que optar frente a las propuestas de intervencionismo armado cada vez que estalla un conflicto grave en el mundo, es avanzando en crear instrumentos alternativos eficaces. El primero de ellos sera' una efectiva sociedad civil mundial movilizada en pro de la vigencia de los Derechos Humanos, capaz de efectivizar acciones de solidaridad activa, tales como las que se desarrollaron contra el apartheid en an~os pasados. Sea un derecho o un deber, la responsabilidad de la comunidad internacional frente a situaciones que ponen en riesgo la paz o la vigencia de los derechos humanos exige, para poder materializarse, de acciones, instancias y procedimientos legi'timos. Requiere un marco institucional que sea ma's que declarativo. Tal es el rol que debe cumplir la Corte Penal Internacional. Pero para que lo sea eficazmente debe tener caracteri'sticas que impidan que sea un instrumento geopoli'tico ma's. Sera' justamente su imparcialidad en relacio'n con las grandes potencias y en general en relacio'n con los Estados la mejor garanti'a de su legitimidad y de su capacidad, no so'lo de sancionar a los culpables de cri'menes de lesa humanidad, sino de disuadir a quienes au'n crean que tales atrocidades son recompensadas con la impunidad. ************************************************************** Francisco Sobero'n Garrido Director General de APRODEH Vice Pdte. de la Federacio'n Internacional de los Derechos Humanos, (FIDH) Pari's Jose' Manuel Rami'rez G. Area de Comunicaciones ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS, APRODEH JR. PACHACUTEC 980, JESUS MARIA, LIMA 11, PERU Tele'fonos: 424 7057, 432 6853, 432 8895 Fax: (51-14) 326915 e-mail: pepe@aprodeh.org.pe postmaster@aprodeh.org.pe *********************************************************** .